Pago de prestaciones laborales T-248/06

Sentencia T-248/06
28 de Marzo de 2006
Corte Constitucional
Pago de prestaciones laborales T-248/06

ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales

ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago mesadas pensionales

Cuando se están afectando derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral es procedente que mediante este mecanismo residual y subsidiario se ordene el pago cumplido de sus mesadas a la persona que adquirió debidamente el estatus de pensionado, pues el pago oportuno de las mismas, se presenta como la manera de asegurar el derecho a vivir dignamente de los pensionados. En ese sentido ha señalado este Tribunal que el ser pensionado no es un privilegio, sino una compensación a la cual tienen derecho todos los trabajadores que han cumplido con los requisitos establecidos legalmente, quienes por haber agotado su capacidad de laboral, merecen una especial protección del Estado. El sustento constitucional para dicho amparo tiene fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política que a la letra dice “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”; así como los mandatos superiores que establecen como fin esencial del Estado la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos constitucionalmente, así como el que ordena dar primacía al derecho sustancial (C.P. arts. 2o., 8o. y 228).

JURISDICCION LABORAL-Pago de prestaciones laborales

DERECHO AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Presunción de afectación por ausencia prolongada en pago de mesadas

EMPLEADOR-Deber constitucional de cancelar cumplidamente mesadas pensionales

Cuando un trabajador adquiere el status de pensionado por cumplir los requisitos que le fueron exigidos para acceder a tal beneficio y además ha logrado el reconocimiento de la entidad que tenía a su cargo dicha obligación, no puede soportar que posteriormente ésta, alegando razones de diferente índole, se abstenga de hacer efectivos los derechos que le han sido válidamente reconocidos, desconociendo que el pensionado necesita de ese pago para poder subsistir, por lo que requiere que el acto de ejecución se haga efectivo mediante la inclusión en la respectiva nómina. En conclusión, cuando un trabajador adquiere el status de pensionado, tiene derecho a que la entidad que le reconoció tal derecho cancele sus mesadas completa y puntualmente, para que de esta manera pueda continuar supliendo las necesidades básicas de subsistencia de él y su familia.

EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es óbice para desconocer acreencias laborales

FUNDACION SAN JUAN DE DIOS-Controversia jurídica entre entes administrativos no puede afectar derechos fundamentales de pensionados

Si bien puede parecer reprochable la actuación de la entidad departamental y sus dilaciones en la suscripción del documento que permite el pago de las mesadas pensiónales, en todo caso esta conducta parece ser indicativa de un conflicto jurídico entre las entidades demandadas, por saber cual de ellas es la responsable de efectuar los pagos de las mesadas pensiónales de los jubilados de la extinta Fundación San Juan de Dios. Esta controversia jurídica debe ser resuelta por la concertación entre los distintos entes convocados o por las vías administrativas o judiciales apropiadas para tal fin. Sin embargo, mientras se determina cuál entidad es la responsable de hacer dichos pagos, los pensionados de la extinta fundación no deben ser vulnerados en sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital como consecuencia de las controversias entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-Pago mesadas pensiónales Fundación san Juan de Dios

El Adicional No 8 al Contrato de Concurrencia No 799 de 1998, suscrito por el Ministerio de Hacienda, el Distrito Capital – Fondo Financiero Distrital de Salud- y la Beneficencia de Cundinamarca, no es propiamente un contrato de concurrencia en el cual las partes se obligan a asistir en el pago de una obligación, pues en este caso, si bien quienes suscriben el Adicional en mención son tres entidades distintas, sólo una adquiere, en virtud de éste, la obligación de hacer el pago de las mesadas pensionales de los jubilados de la extinta Fundación San Juan de Dios, ésta es, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En efecto, tal y como lo consagra la consideración No 2 del Adicional en comento, con la ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo del Pasivo Pensional del Sector Salud y se transfirió la responsabilidad financiera de la Nación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que, las cláusulas primera (objeto) y segunda (valor del convenio), y el parágrafo del Adicional ídem obligan al Ministerio a girar los recursos para el pago de las mesadas pensionales de los jubilados de laFundación San Juan de Dios. En esa medida el Ministerio es la entidad responsable del pago de las mesadas pensionales atrasadas.

Referencia: expedientes T-1233004 y T-1233012

Acción de tutela instaurada por Blanca Inés Pachón Castro y otra contra el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de las acciones de tutela presentadas por la señora Blanca Inés Pachón Castro y Maria Elena David García contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca

Las señoras Blanca Inés Pachón Castro y María Elena David García, instauraron acción de tutela contra el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por considerar que se vulneraron sus derechos a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y al mínimo vital.

1. Afirman las demandantes que son pensionadas del Hospital San Juan de Dios, y que desde el mes de mayo de 2005 no le han sido canceladas sus mesadas.

3. Señalan que mediante los decretos 290 del 15 de febrero de 1979 y 1374 de 8 de junio del mismo año, se creó la Fundación San Juan de Dios, conformada por el Hospital San Juan de Dios y por el Instituto Materno Infantil.

4. No obstante lo anterior, informan que mediante fallo del 8 de marzo de 2005, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad de los mencionados decretos, lo que significa que la persona jurídica Fundación San Juan de Dios dejó de existir.

5.  Como consecuencia de lo anterior, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, volvieron al estado en que se encontraban antes de la expedición de los decretos citados, por lo que ahora son administrados por el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.

6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Distrito Capital -Fondo Financiero Distrital de Salud- y la Fundación San Juan de Dios, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 715 de 2001, -por medio de la cual se suprime el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud y se traslada su responsabilidad financiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, han suscrito varios contratos de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales de los pensionados de la extinta Fundación San Juan de Dios y el Ministerio de Hacienda desde el mes de diciembre de 2002 cancelaba las pensiones.

7. El 12 de mayo de 2005, mediante la celebración del adicional No 7 al contrato de concurrencia No 799 de 1998, suscrito entre el Distrito Capital -Fondo Financiero Distrital de Salud-, la extinta Fundación San Juan de Dios y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, éste último se comprometió a concurrir al pago de las mesadas pensionales de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, sin embargo, el pago de la mesada pensional de las demandantes fue suspendida desde el mes de mayo de ese año.

8. Precisan que las pensiones son su única fuente de ingresos, por cuanto son personas de edad avanzada y cesantes y por tanto, no tienen otro medio judicial eficaz para la defensa de los derechos fundamentales vulnerados.

9. Las demandantes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y al mínimo vital y, en consecuencia, se ordene a los representantes legales del Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca, y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pago inmediato de las mesadas pensionales adeudadas.

10. Mediante oficio del 25 de agosto de 2005, la Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca se pronunció respecto de las pretensiones de  las acciones de tutela de la referencia, y sostuvo que no procede ninguna de ellas, ya que las demandantes nunca prestaron sus servicios a la entidad que representa. De acuerdo a lo anterior, señala que la Beneficencia de Cundinamarca no tiene ninguna responsabilidad de carácter laboral o prestacional con las accionantes.

Como fundamento de lo anterior, señala que dicha entidad no es responsable del pago de la mesada pensional de las accionantes, toda vez que en el año 1979 saneó totalmente el pasivo prestacional que para el momento se había causado y la Fundación por mandato del Gobierno asumió la administración y todas las obligaciones laborales y pensionales de los trabajadores de las instituciones de salud que la conformaban, y de este modo operó la sustitución patronal[1].

Igualmente, manifiesta que al declararse la nulidad de los decretos que le reconocieron personería jurídica a la Fundación San Juan de Dios, lo que procede es la disolución y liquidación de la misma incluyendo las obligaciones laborales que estén vigentes. Deberán, añade la representante legal de la entidad, hacerse las previsiones necesarias en cuanto a los posibles derechos pensionales de los trabajadores y extrabajadores que han laborado a su servicio.

Aclara que la Beneficencia de Cundinamarca no puede asumir la garantía de derechos y el cumplimiento de obligaciones contraídas durante la existencia jurídica de la Fundación San Juan de Dios, puesto que la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de los decretos que la crearon no contempló la subrogación de la misma ni existe reglamentación legal que radique dicha responsabilidad en cabeza del Departamento de Cundinamarca ni de la Beneficencia.

11. El apoderado del Departamento de Cundinamarca, en la intervención presentada ante el juez de primera instancia, propuso falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el ente territorial no le reconoció la pensión a la actora ni está obligado al pago de la misma. Apoyado en varias sentencias de tutela que se han proferido al respecto, la entidad demandada considera que el encargado de hacer el pago de la pensiones de las accionantes es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En ese sentido indicó que el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 suprimió el Fondo Prestacional del Sector Salud y definió que la responsabilidad financiera estaría a cargo de la Nación, quien debe pagar las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias del mencionado fondo, teniendo en cuenta los convenios de concurrencia respectivos.

12. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fundamenta su intervención en la inexistencia de la persona jurídica Fundación San Juan de Dios. En efecto, reconoce que mediante los contratos de concurrencia suscritos entre la Nación, el Distrito Capital y la Fundación San Juan de Dios, siendo el último el Adicional No 7 al contrato 799 de 1998, se permitió el desembolso de recursos para cancelar las mesadas adeudadas a los jubilados desde diciembre de 2004 hasta abril de 2005. Advirtió, sin embargo, que con la ejecutoria del fallo de 8 de marzo de 2005 de la Sala Plena del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró la nulidad de los decretos que crearon la Fundación San Juan de Dios, esta entidad desapareció del ámbito jurídico y, en consecuencia, perdió la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, lo que le impide a la Nación celebrar algún convenio con una persona jurídica que ya no existe.

Así las cosas, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, con el propósito de continuar financiando el pasivo pensional de la Fundación solicitó a la Beneficencia de Cundinamarca como la persona jurídica propietaria de los Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil que suscribieran el Adicional No 8 al contrato de concurrencia 799 de 1998, lo que permitirá girar los recursos para tal fin, siendo ésta una solución transitoria.

Estimó que la Beneficencia de Cundinamarca debe ser la entidad con quien suscriba el Adicional No 8 al contrato de concurrencia 799 de 1998, pues teniendo en cuenta el fallo del Consejo de Estado, ahora los Hospitales San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil dependen de dicha entidad descentralizada del orden departamental, que tiene personería jurídica, lo que significa que tiene la facultad de ser sujeto de derechos y obligaciones y puede suscribir contratos.

No obstante, la Beneficencia manifestó que no debe suscribir el contrato de concurrencia y a lo único que está obligada es a recibir los bienes que entregó a la Fundación San Juan de Dios, puesto que el mencionado fallo no podía decretar obligaciones de carácter económico a su cargo. El Ministerio considera que esta actitud impide que continué financiando el pasivo pensional de los jubilados del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, toda vez que si se tiene en cuenta la Ley 715 de 2001, no existe un título jurídico que apoye el desembolso de los recursos necesarios para cubrir las mesadas que venían pagándose a través del Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Finalmente, solicita que no se ordene a la Nación el giro de recursos para le pago de las mesadas pensionales de los jubilados de la fundación, hasta que no se disponga de un soporte jurídico para tal fin. Además, que se ordene a la Beneficencia de Cundinamarca suscribir de forma inmediata el Adicional No 8 al contrato de concurrencia No 799 de 1998 como una medida transitoria mientras se decide de forma definitiva el asunto.

13. Copia de la Adicional No 7 al contrato de concurrencia No 799 de 1998 suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Fundación San Juan de Dios.

14. Copia de la comunicación del 13 de junio de 2005, mediante la cual el señor Gobernador del Departamento de Cundinamarca, reconoce la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento de personería jurídica de la Fundación San Juan de Dios.

15. Copia del escrito de fecha 21 de julio de 2005, mediante el cual el Presidente de la Asociación de Pensionados de los Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil ASPESAMI, solicita que sea firmado el Adicional No 8 al contrato de Concurrencia, que le corresponde al Ministerio de Hacienda – Secretaria Distrital de Salud y Beneficencia de Cundinamarca, en virtud del fallo del 8 de marzo de 2005, emitido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

16. Copia del oficio de fecha 1 de agosto de 2005, mediante el cual el Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca da respuesta a la petición presentada el día  21 de julio de 2005 por el Presidente de ASPESAMI, reitera que la entidad no está llamada a firmar un contrato de concurrencia que en su momento fue suscrito por la Nación –Ministerio de Salud, Distrito Capital y Fundación San Juan de Dios, acción revestida de la presunción de legalidad conforme lo establece el Consejo de Estado en su fallo del 8 de marzo de 2005, al considerar válidas todas las acciones suscritas con anterioridad a su vigencia.

18. Copia del proyecto de adicional No 8 al contrato de concurrencia No 799 de 1998 suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el Distrito Capital y la Fundación San Juan de Dios con envió a la representante de la Beneficencia de Cundinamarca.

19. Copia del Acuerdo No 007, por medio del cual se adoptan medidas en relación con la infraestructura física y los bienes que conformaban el Hospital San Juan de Dios, suscrito por el Delegado del gobernador de Cundinamarca y el Secretario General de la Beneficencia de Cundinamarca.

20. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 19 de septiembre de 2005, resolvió no amparar los derechos fundamentales invocados, al considerar que la demandante no probó su condición de pensionada, “omisión probatoria que lleva al traste con la prosperidad de la presente acción, ya que al no demostrarse su status de pensionada, mal podría generar la obligación o los derechos fundamentales derivados de esta condición, razón por la cual no se amparan los derechos invocados por la demandante”.[2]

22. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 18 de octubre de 2005, confirmó el fallo del a-quo, al concluir que no existe claridad respecto de cual de las entidades demandadas es la responsable del pago de las mesadas pensionales de la señora Pachón Castro. Además señaló, que aunque se lograra probar cual de las entidades demandadas es la responsable del pago de la pensión la acción de tutela no es el mecanismo idóneo.

23. Mediante fallo del 5 de septiembre de 2005, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, decidió negar por improcedente la solicitud de amparo. Como fundamento de su decisión señaló que la acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para obtener el reconocimiento de los derechos que considera vulnerados la demandante, debido a que existen otros mecanismos ordinarios para tal fin.

24. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió confirmar el anterior fallo, por considerar que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que le corresponde a la accionante instaurar proceso ejecutivo laboral de competencia de la jurisdicción ordinaria, en donde una vez aportadas las pruebas que acreditan su condición de pensionada, podrá exigir el pago de las mesadas pensionales reclamadas.

25. Remitidos los expedientes a esta Corporación, mediante auto del veintiocho (28) de noviembre de dos mil cinco (2005), la Sala de Selección correspondiente dispuso su revisión por la Corte Constitucional.

Así mismo, la Sala de Selección ordenó acumular los expedientes de la referencia, por presentar unidad de materia.

26. Por auto del 13 de marzo de 2006, el Magistrado Sustanciador decretó la práctica de pruebas, toda vez que en el presente caso antes de proferir una decisión era necesario conocer el contenido del adicional No 8 al Contrato de Concurrencia No 799 de 1998, suscrito por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Salud Distrital y la Beneficencia de Cundinamarca. En consecuencia, se le solicitó al citado Ministerio que enviará a esta Corporación copia del adicional.

Mediante oficio del 16 de marzo de 2006, suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, se aportó copia del adicional solicitado y se informó que en cumplimiento de la Sentencia de fecha 15 de diciembre de 2005 proferida por esta Sala de Revisión, “el Ministerio proyectó el modificatorio No 1 al adicional No 8, que permite desembolsar recursos de la vigencia fiscal de 2006, para continuar pagando las mesadas pensionales del presente año, teniendo en cuenta que los recursos que quedaron comprometidos en el citado adicional no alcanzaron para continuar el pago de las mesadas pensionales de los jubilados y que debemos mantener vigente el mecanismo jurídico que nos permite pagar las mesadas pensionales de estos jubilados en los términos señalados en la sentencia mencionada”.

Igualmente alega el Ministerio, que este modificatorio ha sido enviado en tres oportunidades a la Beneficencia de Cundinamarca y que hasta el momento no ha sido aceptado.

- Copia de los oficios de fecha 13 de febrero, 9 de marzo y 14 de marzo del 2006, mediante los cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remite a la Beneficencia de Cundinamarca el proyecto del modificatorio No 1 al adicional No 8 del contrato de concurrencia No 799 de 1998, para su correspondiente firma.

1- Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección.

2- Las demandantes presentaron acción de tutela contra el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y al mínimo vital, por el incumplimiento en el pago de sus mesadas pensionales desde el mes de mayo de 2005.

A juicio de las accionantes, las entidades en mención son las encargadas del pago de las mesadas pensionales reconocidas por la Fundación San Juan de Dios, ya que, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Distrito Capital –Fondo Financiero Distrital de Salud- y la Fundación San Juan de Dios en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 715 de 2001, -por medio de la cual se suprime el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud y se traslada su responsabilidad financiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, han suscrito varios contratos de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales, en virtud de las cuales dicho Ministerio desde el mes de diciembre de 2002, venía cancelando las pensiones.

3. Los jueces de instancia decidieron denegar el amparo, al considerar que la acción de tutela no es la vía idónea para proteger los derechos fundamentales de las peticionarias, debido a que existen otros mecanismo de defensa ordinarios.

4. De acuerdo a lo anterior, esta Sala de Revisión debe determinar, en primer lugar si existe vulneración a los derechos fundamentales de las demandantes por el incumplimiento en el pago de su pensión de jubilación, toda vez que ésta es su único medio de subsistencia. En segundo lugar, deberá determinar cual es la entidad obligada al pago de las mesadas pensionales de las demandantes.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, esta Sala reiterara la jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de deudas laborales y respecto del deber constitucional de cancelar puntual y cumplidamente las mesadas pensionales.

5- Por regla general la acción de tutela, como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales cuando estos han sido violados o se encuentran en amenaza, es, en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, del orden subsidiario y residual[3]. Esto quiere decir, en principio, que su procedibilidad depende de la inexistencia de otros medios idóneos de defensa al alcance de quien demanda. Sin embargo, puede ocurrir, y así lo ha manifestado la Corte, que a pesar de contar los sujetos procesales con los medios ordinarios dentro del proceso para defender sus concretos intereses, ninguno de estos mecanismos actúe de manera efectiva y eficiente. Es precisamente en dichos casos, que el juez de tutela debe hacer un examen razonable y ponderado en cuanto a la validez y efectividad del medio judicial alternativo. Este dinamismo judicial consolida en un Estado Social de Derecho la presencia de uno de sus fines, que es, el asegurar la vigencia de un orden justo, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 Constitucional[4].

Consecuente con lo anterior puede afirmarse, que la acción de tutela no es la vía judicial apropiada para lograr el efectivo pago de acreencias laborales, como es en este caso el pago de pensiones atrasadas. Sin embargo, esta Corporación ha reconocido que, excepcionalmente, la acción de amparo de los derechos fundamentales será procedente si se presenta una situación en la que esté demostrado la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al mínimo vital y a la dignidad humana ante la ausencia de pago de las obligaciones laborales reclamadas[6].

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que cuando se están afectando derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral es procedente que mediante este mecanismo residual y subsidiario se ordene el pago cumplido de sus mesadas a la persona que adquirió debidamente el estatus de pensionado, pues el pago oportuno de las mismas, se presenta como la manera de asegurar el derecho a vivir dignamente de los pensionados. En ese sentido ha señalado este Tribunal que el ser pensionado no es un privilegio, sino una compensación a la cual tienen derecho todos los trabajadores que han cumplido con los requisitos establecidos legalmente, quienes por haber agotado su capacidad de laboral, merecen una especial protección del Estado.[8]

El sustento constitucional para dicho amparo tiene fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política que a la letra dice “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”; así como los mandatos superiores que establecen como fin esencial del Estado la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos constitucionalmente, así como el que ordena dar primacía al derecho sustancial (C.P. arts. 2o., 8o. y 228).

Por último, debe observarse que la Corte ha concebido como una presunción de afectación del mínimo vital del pensionado, la mora de varios meses en el pago de las mesadas pensionales. Esto quiere decir que la mera prueba de incumplimiento periódico en el pago de las pensiones hace presuponer que el derecho fundamental del pensionado y de sus dependientes se está vulnerando[9], por lo que la procedencia de la acción de tutela, en principio, no estará condicionada a otro tipo de prueba.

6- La Corte ha reiterado en diferentes oportunidades que las dificultades económicas y financieras por las que atraviesa un empleador, sea éste de carácter público o privado, no son admisibles como excusa válida para sustraerse de la obligación contraída con sus trabajadores y extrabajadores de garantizar el pago completo y cumplido de las obligaciones laborales, de tal manera que ha concedido la protección constitucional en casos en que está claramente amenazado el mínimo vital, el cual se ha definido como aquella suma absolutamente indispensable para cubrir las necesidades básicas de educación, alimentación, vestuario y seguridad social y, sin la cual, la dignidad humana se ve afectada[10].

Así, este Tribunal ha entendido que “los pensionados son ajenos a los temas administrativos o financieros que comprometen la función de la entidad encargada del pago de sus mesadas pensionales, por lo que la falta de disponibilidad presupuestal o cualquier otra dificultad financiera que afronten entidades como la accionada, no justifica el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y menos aún, exime al ente del deber de pagar oportunamente las mesadas pensionales, pues existe un imperativo constitucional (art. 53 C.P.), que obliga al Estado a garantizar el pago oportuno de las pensiones legales”[11].

En efecto, los pensionados tienen el derecho fundamental e inaplazable de recibir oportunamente sus mesadas y de no ser sometidos a la condición de que previamente se resuelvan los problemas económicos internos para justificar la demora en el pago de sus obligaciones y, en esta medida, las excusas de orden administrativo que puedan llegar a darse por parte de la entidad obligada a pagar la pensión, no son de recibo por la Corte Constitucional según el criterio jurisprudencial expuesto[12], pues el beneficiario de dicha pensión y su familia no deben asumir las consecuencias negativas de tales gestiones.

De acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que cuando un trabajador adquiere el estatus de pensionado por cumplir los requisitos que le fueron exigidos para acceder a tal beneficio y además ha logrado el reconocimiento de la entidad que tenía a su cargo dicha obligación, no puede soportar que posteriormente ésta, alegando razones de diferente índole, se abstenga de hacer efectivos los derechos que le han sido válidamente reconocidos, desconociendo que el pensionado necesita de ese pago para poder subsistir[13], por lo que requiere que el acto de ejecución se haga efectivo mediante la inclusión en la respectiva nómina.

En conclusión, cuando un trabajador adquiere el estatus de pensionado, tiene derecho a que la entidad que le reconoció tal derecho cancele sus mesadas completa y puntualmente, para que de esta manera pueda continuar supliendo las necesidades básicas de subsistencia de él y su familia.

7. Las demandantes consideran que el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y al mínimo vital, por no pagar sus mesadas pensionales desde el mes de mayo de 2005.

8. En las respuestas de demanda de cada uno de los accionados, no se hace expresa la aceptación de estar en mora en el pago de la mesada pensional de las demandantes. En efecto, tanto en respuesta de la Beneficencia de Cundinamarca, como en la de la Gobernación de Cundinamarca dicen no constarles dicho incumplimiento, puesto que, según ellos, no fueron quienes otorgaron la pensión de jubilación a las accionantes, ni tampoco los encargados de desembolsar los pagos correspondientes a la mesadas pensionales.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no se pronuncia al respecto.

9. Los jueces de instancia consideraron para negar la protección de los derechos fundamentales de las demandantes, que estas no acreditaron su condición de pensionadas de la Fundación San Juan de Dios, por lo que carecían de legitimidad activa en la causa. También argumentaron que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo.

Esta Sala encuentra que, efectivamente, es importante que la persona que busca el pago de pensiones atrasadas vía acción de tutela, pruebe tanto su condición de pensionada, así como el incumplimiento en el pago de la mesada pensional. Ahora bien, aunque en efecto las accionantes no aportaron, por desconocimiento o imprevisión, la prueba que demostrara su condición de pensionadas, considera esta Corporación que el juez constitucional de tutela no puede decidir fundado en esa omisión, conocedor que dentro de sus facultades se encuentra la de solicitar, decretar y practicar pruebas de manera oficiosa.

No obstante lo anterior, las demandantes al sustentar los respectivos recursos de impugnación aportaron copias de las respectivas resoluciones mediante las cuales les fue reconocida la pensión de jubilación, sin embargo los jueces de segunda instancia decidieron confirmar los fallos del a-quo, debido a la supuesta improcedencia de la acción de tutela para el pago de las mesadas pensionales atrasadas.

Adicionalmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó, en sus intervenciones en los procesos de la referencia, la necesidad de un soporte legal que permita a dicha entidad seguir colaborando con la financiación del pasivo pensional de la Fundación San Juan de Dios. Lo anterior hace presumir que ante la supuesta ausencia de título legal, ninguna de las anteriores entidades se ha hecho cargo del pago de la mesadas pensionales debidas, de lo que se deduce el incumplimiento del deber prestacional y, de contera, la violación de los derechos fundamentales de las demandantes.

10. Demostrada la vulneración de los derechos fundamentales de las demandantes, esta Sala deberá determinar cual es la entidad responsable de efectuar el pago de las pensiones de los jubilados de la extinta Fundación San Juan de Dios.

El día 12 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Salud Distrital y el Representante Legal de la Fundación San Juan de Dios suscribieron el adicional No 7 al contrato de concurrencia No 799 de 1998, en virtud del cual se permitió el desembolso de los recursos de la colaboración de la Nación para cancelar las mesadas adeudadas a los pensionados desde el mes de diciembre de 2004 hasta el mes de abril de 2005. Dicho Adicional debería seguir sirviendo como base legal para el cumplimiento de la obligación recaída en cabeza del Ministerio, cual es, la colaboración en el pago de las pensiones de los jubilados de la Fundación San Juan de Dios. Sin embargo, con la declaratoria de nulidad, por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado[14], de los decretos 290 de 1979 y 1374 de 1979 por medio de los cuales se otorgó personería jurídica a la Fundación San Juan de Dios, se produjo su desaparición del ámbito jurídico y, por lo tanto, la pérdida de capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, lo que impidió la continuidad de los efectos del Adicional No 7, por haber sido la Fundación extinta una de las partes que lo suscribió.

11. Mediante la intervención presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante esta Sala de Revisión, el señor Alberto Carrasquilla Barrera, aduce que el proyecto del Adicional No 8, el cual adjunta, constituye soporte legal necesario para continuar colaborando en la financiación de las mesadas pensionales de los jubilados de la extinta Fundación San Juan de Dios. No obstante lo anterior, informa que dicho Ministerio proyectó el modificatorio No 1 al adicional No 8 que permite desembolsar recursos de la vigencia fiscal de 2006 y mantener vigente el mecanismo jurídico para el pago de las mesadas pensionales del presente año, toda vez que los recursos que fueron comprometidos con el adicional en mención no alcanzaron para continuar con el pago de las mesadas pensionales de los jubilados de la extinta Fundación San Juan de Dios. Agrega, que dicho modificatorio ha sido enviado en tres oportunidades a la Beneficencia de Cundinamarca y que no ha sido posible su suscripción por parte de dicha entidad, a pesar de que se han acogido las modificaciones por ella planteadas.

Si bien puede parecer reprochable la actuación de la entidad departamental y sus dilaciones en la suscripción del documento que permite el pago de las mesadas pensionales, en todo caso esta conducta parece ser indicativa de un conflicto jurídico entre las entidades demandadas, por saber cual de ellas es la responsable de efectuar los pagos de las mesadas pensionales de los jubilados de la extinta Fundación San Juan de Dios. Esta controversia jurídica debe ser resuelta por la concertación entre los distintos entes convocados o por las vías administrativas o judiciales apropiadas para tal fin. Sin embargo, mientras se determina cuál entidad es la responsable de hacer dichos pagos, los pensionados de la extinta fundación no deben ser vulnerados en sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital como consecuencia de las controversias entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.

12. En la sentencia T-1329 de 2005, esta Sala de Revisión consideró pertinente aclarar, que el Adicional No 8 al Contrato de Concurrencia No 799 de 1998, suscrito por el Ministerio de Hacienda, el Distrito Capital – Fondo Financiero Distrital de Salud- y la Beneficencia de Cundinamarca, no es propiamente un contrato de concurrencia en el cual las partes se obligan a asistir en el pago de una obligación, pues en este caso, si bien quienes suscriben el Adicional en mención son tres entidades distintas, sólo una adquiere, en virtud de éste, la obligación de hacer el pago de las mesadas pensionales de los jubilados de la extinta Fundación San Juan de Dios, ésta es, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En efecto, tal y como lo consagra la consideración No 2 del Adicional en comento, con la ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo del Pasivo Pensional del Sector Salud y se transfirió la responsabilidad financiera de la Nación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que, las cláusulas primera (objeto) y segunda (valor del convenio), y el parágrafo del Adicional ídem obligan al Ministerio a girar los recursos para el pago de las mesadas pensionales de los jubilados de la Fundación San Juan de Dios. En esa medida el Ministerio es la entidad responsable del pago de las mesadas pensionales atrasadas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,