Sentencia T-830/05 proceso liquidatorio

Sentencia T-830/05
11 de Agosto de 2005
Corte Constitucional
Sentencia T-830/05 proceso liquidatorio

ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia por presentarse un hecho nuevo

La acción de tutela que aquí se revisa, adiciona una circunstancia nueva, consistente en la presentación de una Sentencia de un Juzgado Laboral que reconoce y hace exigible su acreencia. Como se ve, este hecho es nuevo y diferente a las pretensiones expuestas en aquella tutela que se pretende identificar con la que aquí se revisa. Si bien guarda relación con las pretensiones sobre acreencias laborales, lo que aquí se estima violado específicamente es el derecho al debido proceso, entre otros. Allí las pretensiones no se referían a una vía de hecho ni a la existencia y exigencia de cumplimiento de un Fallo judicial.

La Sala considera que no existe temeridad en la presente acción de tutela. Por tanto en adelante se analizará si la Superintendencia de Sociedades incurrió en la citada vía de hecho.

ACCION DE TUTELA-Procedencia o improcedencia ante el incumplimiento de sentencia

La Corte ha mencionado que la acción de tutela se constituye en el mecanismo adecuado para  lograr la defensa de los derechos fundamentales vulnerados por la omisión de quien debe acatar una Sentencia. Sin embargo, esta Corte ha establecido excepciones cuando se trata del cumplimiento de Sentencias. Así la acción de tutela para el acatamiento de un Fallo en principio resulta improcedente, por dos razones principales: 1. La acción de tutela posee un carácter subsidiario y 2. En cuanto existe un mecanismo dispuesto por la vía ordinaria para el cumplimiento del fallo. Para dar cumplimiento a esta excepción se ha distinguido en general entre fallos que establecen obligaciones de hacer y aquellos que establecen obligaciones de dar. La Corte ha sido enfática al afirmar que la acción de tutela para el cumplimiento de las Sentencias en principio no es procedente, salvo que se trate de obligaciones de hacer, dejando a su vez como una excepcionalidad los fallos que impliquen obligaciones de dar cuando con éstos se afecte de manera clara un derecho fundamental (como el mínimo vital). En este sentido, la Corte tiene sentado que se trata de dar protección a quienes por causa del incumplimiento de una sentencia vean vulnerados los derechos a la dignidad humana, el salario mínimo y los medios vitales de subsistencia.

ACCION DE TUTELA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-Obligación de hacer

Para aquellas obligaciones de hacer la Corte ha dicho que la acción de tutela prospera cuando se trata de obtener el cumplimiento de una sentencia que contiene obligaciones de hacer, proferida por el juez competente y que ha quedado ejecutoriada. El fallo remite a la sentencia T-553/95 en donde se manifestó que las autoridades públicas y privadas se encuentran obligadas a cumplir las providencias judiciales ejecutoriadas para la vigencia de un orden justo, principio que se encuentra consagrado en el preámbulo de la Constitución. “Acatamiento que debe efectuarse de buena fe, lo que implica que el condenado debe respetar íntegramente el contenido de la sentencia, sin entrar a analizar la oportunidad, la conveniencia, o los intereses de la autoridad vencida dentro del proceso, a fin de modificarlo”. El cumplimiento de las sentencias se debe armonizar con lo establecido en el artículo 229 Constitucional. “Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto”.Se trata de un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 de la Constitución. Por lo tanto la tutela en el sentido analizado (obligaciones de hacer) sería el  mecanismo judicial adecuado  para lograr la protección de los derechos fundamentales vulnerados por la omisión en acatar las obligaciones que  impone el juez en sus decisiones en firme. Al respecto la sentencia T-537/94  se pronunció sobre el carácter de derecho fundamental y subjetivo que tiene el exigir el cumplimiento de una decisión judicial.

ACCION DE TUTELA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-Obligación de dar

Solo ante la inoperancia de un mecanismo de carácter legal mediante el cual puedan garantizarse en debida forma los derechos, puede instaurarse la acción de tutela para la defensa de los derechos que se estimen vulnerados. Desde este tópico, y en cuanto al cumplimiento de sentencias en materia laboral, la Corte Constitucional ha mencionado, no obstante que la acción de tutela es improcedente cuando se trata de exigir el pago de  una suma de dinero reconocida por una sentencia. En igual sentido se ha pronunciado esta Corte en las sentencias T-403 de 1996, T-395 de 2001, T-342 de 2002, T-1686 de 2000. En la Sentencia T-599 de 2004, se expresó que la acción de tutela entonces no es admisible cuando se trata de una obligación de dar, porque para estos casos el instrumento idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo. Una excepcionalidad a las sentencias de dar la constituye la sentencia T-631 de 2003, en tanto con la omisión se vulneren los derechos fundamentales, se vulnera el mínimo vital y la acción ejecutiva no sea idónea para la protección de los derechos. Esta circunstancia constituye una excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar. La Corte ha considerado que si se afectan otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la integridad física, es procedente que mediante este mecanismo residual y subsidiario se ordene que el derecho debidamente reconocido se ejecute, es decir que se incluya en nómina a quien adquirió debidamente su estatus de pensionado.

PROCESO LIQUIDATORIO-Inclusión de crédito laboral contenido en sentencia ejecutoriada proferida por Juez ordinario/PROCESO EJECUTIVO SINGULAR PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

En el caso de autos, según se ha demostrado, el fallo del juez laboral impone una obligación de dar (cesantías, intereses a la cesantía y sanción, compensación en dinero de vacaciones y prima de servicios). Esto prueba que el accionante no solicita que se de cumplimiento a un fallo de hacer, sino a un fallo de dar, si bien se trata de la inclusión dentro del proceso concursal de liquidación, lo que en realidad pretende el accionante es que la Superintendencia de cumplimiento al fallo cancelando lo ordenado por el juzgado Laboral.

Ahora bien, tratándose de un Fallo de dar, no se encuentra demostrado ninguno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para amparar en excepcionalidad dicha situación.

Adicionalmente el accionante pretende que se cancelen las prestaciones sociales. No se trata pues, del pago de  salarios ni de pensión, por ejemplo. Cabe anotar además, que el accionante debió asegurar su ingreso en el proceso liquidatorio en la oportunidad prevista por la ley. Ahora bien, si así no lo hizo, entonces la Sentencia proferida por el Juzgado Laboral presta mérito ejecutivo según lo expresa el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, por tanto tiene la opción de iniciar el proceso ejecutivo singular. Sobre este aspecto es importante anotar que la ley ha previsto que en el proceso liquidatorio se debe disponer de la constitución de una reserva adecuada (en el evento en que así sea posible) para atender el pago de obligaciones condicionales o sujetas a litigio (procesos laborales ordinarios). Por tanto el actor puede en el evento que así corresponda iniciar el trámite de ejecución de la sentencia sobre dichos remanentes, para el pago de la acreencia laboral que se demanda.

ACCION DE TUTELA CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Improcedencia

La acción de tutela entonces será atendida cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial o éste no resulte idóneo para la defensa de sus derechos. Encuentra la Sala que ese carácter supletorio o excepcional de la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de determinados derechos, es aquel que permite decir en este caso que la acción de tutela no procede. A pesar de que la conducta omisiva de la Superintendencia tiene efectos sobre los derechos fundamentales del accionante. Se trata en primer lugar de decir que la acción de tutela no constituye el mecanismo judicial adecuado para remediar la situación del accionante por las siguientes razones: 1. Según se analizó, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para hacer efectivo el crédito del accionante (obligación de dar). 2.

La Ley 222 de 1995 establece de manera clara los momentos en los cuales deben intervenir los acreedores de los créditos laborales. La acción de tutela en el caso que se revisa resulta improcedente y así se declarará. Se entiende entonces, que no se han cumplido los requisitos jurisprudenciales existentes para otorgar el amparo impetrado, toda vez que si bien se trata de la solicitud de la ejecución de una acreencia laboral (cumplimiento de sentencia) que tiene prioridad, aún cuando la empresa se encuentre en proceso liquidatorio, ésta pretensión debe cumplir determinados requisitos según se ha analizado, para poder acceder a la vía excepcional de la acción de tutela, condiciones que en el caso presente no se han demostrado.

ACCION DE TUTELA CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Actuación no constituyó vía de hecho

Encuentra la Corte que la actuación de la Superintendencia de Sociedades,  no es abusiva ni arbitraria, más bien la actuación se reduce a una confrontación de la situación presentada con la norma legal que estipula la oportunidad para intervenir en el proceso liquidatorio. Más aún cuando no se ha demostrado que el actor haya interpuesto algún recurso al efecto. Lo que quiere decir que no se ha incurrido en vía de hecho, más aún cabe precisar que no toda irregularidad en la conducta procesal constituye vía de hecho, situación que tiene nexos con la prevalencia del derecho sustancial, examen que implica precisar que en determinados casos las reglas procesales son determinantes para la definición de una situación jurídica como por ejemplo el trámite liquidatorio en dónde las reglas procesales justifican el éxito en la definición del proceso. En todo caso, se trata de que el juez en cada caso específico deba precisar el alcance de las reglas procedimientales, sin soslayar la importancia del artículo 228 constitucional.

ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION DE TUTELA-Improcedencia

Referencia: expediente T-1107261

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

El señor Manuel Ignacio Zambrano Ortiz, interpone acción de tutela contra una decisión (Auto de fecha 9 de septiembre de 2004) proferido por la Superintendencia de Sociedades, dentro del proceso liquidatorio de la Empresa Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda., por haber incurrido en presunta vía de hecho. La acción de tutela fue presentada el 2 de diciembre de 2004, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, acción que finalmente conoció el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, en primera instancia y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en segunda instancia.

1. La acción de tutela se dirige contra el Auto de fecha 9 de septiembre de 2004, proferido por la Superintendencia de Sociedades y contra la Sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de fecha octubre 30 de 2001 en proceso de Tutela No.0034 –T-621, promovido por la señora Blanca Cecilia y otros, contra la Superintendencia de Sociedades y PRONALCO Ltda., en liquidación).

2. Sostiene el accionante que la Superintendencia de Sociedades rechazó el derecho de petición mediante el cual pedía la inclusión de su crédito laboral dentro del proceso de liquidación de la Empresa Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda. Dicho Auto responde al derecho de petición presentado por el actor el 25 de agosto de 2004.

3. Explica el actor, que laboró en virtud de contrato de trabajo verbal desde el 2 de febrero de 1969 hasta el 31 de marzo de 1998, en la Empresa  Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda., que hoy se encuentra en liquidación. El proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades comenzó en el año de 1998 por Auto 4106686 del  1 de septiembre del mismo año.

4. Argumenta que la empresa PRONALCO LTDA, le adeuda las prestaciones sociales y la indemnización a que tenía derecho a la terminación del Contrato de Trabajo.

5. En el año 2001 algunos acreedores entre los que se cuenta el accionante,  presentaron acción de tutela con el objeto de que la Superintendencia de Sociedades incluya sus acreencias laborales, dentro del proceso liquidatorio. Tutela que en primera instancia fue concedida y en segunda instancia fue negada.

6. Posteriormente, el actor demandó ante el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, en proceso ordinario laboral las acreencias laborales, obteniendo Sentencia favorable el día 4 de agosto de 2003. En el Fallo se condenó a la Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda., en liquidación, al pago de cesantías, intereses a la cesantía y sanción, compensación en dinero de vacaciones y prima de servicios.

7. La Sentencia del Juzgado 17 Laboral del Circuito fue presentada por el señor Manuel Ignacio Zambrano, ante la Superintendencia de Sociedades para que se reconozca y pague sus acreencias laborales, dentro de proceso liquidatorio de la Empresa.

8. El Superintendente Delegado para los Procesos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, al calificar y graduar los créditos mediante auto de graduación No. 440-773 del 10 de junio de 1999, no incluyó el del accionante.

9. Ante la no inclusión de sus acreencias laborales, por parte de la Superintendencia de Sociedades, el actor, presentó derecho de petición. Al derecho de petición, la Superintendencia respondió mediante Auto de fecha 9 de septiembre de 2004 mediante el cual se rechaza la petición instaurada y responde no incluir su acreencia laboral por ser  extemporánea.

1. Argumenta que la decisión de la Superintendencia de Sociedades se aparta de las previsiones constitucionales puesto que favorece una situación formal sobre la procesal, relacionada con la extemporalidad de la inclusión de este crédito, en el proceso concursal.

Considera el actor que con la actuación de la Superintendencia se vulneran los siguientes derechos fundamentales: artículo 11 (vida), la igualdad (artículo 13), al trabajo (artículo 25), al debido proceso (artículo 29), a la familia (artículos 5 y 42 CP) al mínimo vital y móvil (artículo 53) a la buena fe (artículo 83).

2. El actor pone de relieve que el pago de las acreencias es vital puesto que de estas acreencias depende la subsistencia de su familia, y se encuentra en imposibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Considera que debió darse prelación a su crédito laboral tal como lo establece la Constitución y la ley. Expresa que con la actuación se vulnera el artículo 228 Constitucional.

3. Sostiene que en el Auto proferido por la Superintendencia existe una vía de hecho, por cuanto con la decisión se desconoce el ordenamiento jurídico. Considera que la actuación desconoce el conjunto de principios orientadores que se encuentran previstos en la Constitución como (el Estado Social de Derecho) y vulnera el Derecho Laboral.  Sostiene además que el fallo es contrario a los Tratados Internacionales sobre el derecho al trabajo.

Sostiene que con el Auto la demandada incurre en una vía de hecho sacrificando el derecho sustancial y el derecho fundamental a obtener el pago de unos valores salariales y prestacionales de naturaleza esencial y de carácter vital. Argumenta que la presentación de su reclamación no fue extemporánea, en tanto confió en que su crédito lo presentaría el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades.

Solicita que se ordene a la Superintendencia de Sociedades, a través del Superintendente Delegado para los procesos mercantiles, incluir o reconocer como crédito de primera clase su crédito laboral, de acuerdo con los valores condenados en la Sentencia del Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 4 de agosto de 2003. Condena por valor de aproximadamente doscientos nueve millones, cuarenta y cuatro mil cero sesenta pesos ($209.044.060).

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá mediante Sentencia del 18 de enero de 2005, decidió, negar la tutela por las siguientes razones:

La parte actora pretende que se ordene a la Superintendencia de Sociedades incluir o reconocer, como crédito de primera clase, de acuerdo con los valores condenados en la Sentencia del Juzgado 17 Laboral del Circuito de  Bogotá, de fecha 4 de agosto de 2003. Sin embargo, sostiene la instancia que la Superintendencia  accionada manifestó que varios extrabajadores de la concursada, entre ellos el tutelante, impetraron tutela contra ella, en respaldo de lo cual, allegó copia de la Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal,

Proceso dentro del cual en primera instancia el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá tuteló varios derechos fundamentales y ordenó a la Superintendencia reconocer a los actores dentro del proceso liquidatorio de PRONALCO Ltda., como acreedores laborales. Decisión que fue revocada en la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal. Corporación que dispuso no tutelar los derechos fundamentales invocados por los accionantes, cobrando vigor las determinaciones tomadas por la Supersociedades en el trámite liquidatorio.

Destaca la Instancia que  ahora como en aquella ocasión lo pretendido es el reconocimiento de la acreencia laboral del accionante dentro del proceso en liquidación de la Empresa PRONALCO Ltda., solo que con  respaldo de un Fallo laboral aspecto que no se constituye per se en hecho nuevo, que amerite un examen adicional del asunto, pues la causa pretendi sigue siendo la negativa de la entidad demandada a reconocer o incluir el crédito del trabajador demandante, dentro del trámite que en su momento adelantó y que hoy señala como terminado. Por tanto resuelve negar la acción de tutela.

Sostiene el actor que la situación presentada ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, fue diferente a la actual, pues el proceso ordinario laboral estaba en curso, sin que existiese como sucede hoy certeza a través de una sentencia judicial de la exigibilidad de los derecho que reclamo y su cuantía. Argumenta que la situación de extemporaneidad en la presentación del crédito laboral, se produjo por la negligencia del liquidador y de la Superintendencia de Sociedades, en tanto ésta no controló la actividad del liquidador. Explica que en aquella oportunidad se demandaron la violación de los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso, salario mínimo vital y móvil y favorabilidad.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, mediante providencia del 23 de febrero de 2005 dispone:

Según la jurisprudencia de la Corte, las actuaciones dentro de los trámites de tutela deben ser conocidos no solamente por las partes, sino  por todo aquel que demuestre un interés legítimo dentro del proceso o vea afectado algún derecho con ocasión del mismo, cuya falta de notificación debe conducir al juez, necesariamente, a la declaración de nulidad de la actuación no puesta en conocimiento de los interesados.

Con base en este argumento la Instancia observa que el Juez A-quo no notificó la iniciación de la acción de tutela al representante legal de la Sociedad Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda., liquidación, quien es parte esencial dentro del proceso de tutela.

Advierte que es una nulidad insaneable, ya que la falta de notificación de la iniciación de la acción de tutela a todos los involucrados, aun cuando no hayan sido demandados en la misma, constituye pretermisión íntegra de la respectiva instancia. Ordena entonces declarar la nulidad absoluta de todas las actuaciones surtidas dentro de la acción de tutela, a partir del auto que ordenó la notificación de la acción de tutela, es decir desde el 11 de enero de 2005.

Pero únicamente en relación con la notificación al representante legal de la sociedad proveedora nacional de la Construcción “Pronalco Ltda. en liquidación”, quedando válida la notificación efectuada a la superintendencia de sociedades. Este fallo resuelve la impugnación presentada contra la sentencia dictada el 18 de enero de 2005, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito mediante Auto de febrero 25 de dos mil cinco, dispuso dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Civil y en consecuencia  determinó que se notifique el auto admisorio de la acción de tutela al representante legal y/o liquidador de la Empresa Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda.

La existencia legal de PRONALCO Ltda., en liquidación obligatoria, concluyó mediante Auto No. 400-01675 del 21 de diciembre de 2004, inscrito el 27 de enero de 2005, bajo el No. 2737 de libro III, con el cual la Superintendencia de Sociedades declara terminado el proceso de liquidación obligatoria de los bienes que conforman el patrimonio de la sociedad de la referencia.

Reitera que la superintendencia accionada manifestó que varios extrabajadores de la concursada, entre ellos el tutelante, impetraron tutela contra ella, en respaldo de lo cual, allegó copia de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá-Sala Penal de octubre 30 de 2001. Precisa que el demandante ya había instaurado demanda buscando la acogida de similares pretensiones, en contra de la misma Superintendencia, aspecto que de por si hace improcedente la acción de tutela.

Expresa la Instancia que no puede entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado por el actor, puesto que implicaría atentar contra el principio de intangibilidad de los fallos judiciales y contra la seguridad jurídica, al retomarse un debate que ya fue objeto de pronunciamiento mediante sentencia que hace tránsito a cosa juzgada constitucional.

Añade la Instancia que ahora como en esa ocasión lo pretendido es el reconocimiento de la acreencia laboral del accionante dentro del proceso de liquidación de la empresa PRONALCO Ltda., solo que con respaldo de un fallo laboral, aspecto que no se constituye per se en hecho nuevo, que amerite un examen adicional del asunto, pues la causa pretendi sigue siendo la negativa de la entidad demandada a reconocer o incluir el crédito del trabajador demandante, dentro del trámite que en su momento adelantó y que hoy señala como terminado. Resuelve negar la acción de Tutela.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, mediante Providencia del 13 de abril de 2005, decide la impugnación formulada contra el fallo dictado el 9 de marzo de 2005 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá.

Asegura la Corporación que el accionante, sin justificación alguna intentó obtener un amparo constitucional por hechos y circunstancias que ya había expuesto con anterioridad a través de una acción de tutela que fuera adversa a sus intereses. Su actividad se orientó a obtener otro pronunciamiento judicial por una misma causa pretendi en contravía de elementales principios jurídicos como el de la buena fe, y la lealtad procesal.

Ante esta circunstancia el Tribunal sostiene que no puede inmiscuirse en el estudio de fondo de la controversia, porque ello atentaría contra la seguridad jurídica que también debe gobernar las actuaciones del juez en sede constitucional, y porque además se generaría una injustificada intromisión en el análisis de un asunto decidido a través de una decisión judicial sobre la cual ya pesa sello de ejecutoriedad. Precisa que la actuación se puede calificar como temeraria. Resuelve entonces confirmar el fallo dictado el 9 de marzo de 2005 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Manuel Ignacio Zambrano Ortiz.

La Superintendencia expone que con radicación  2003-01-144549 del 28 de agosto de 203, la liquidadora de la sociedad Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda., en liquidación obligatoria hace un recuento de los créditos laborales, entre ellos el de Manuel Ignacio Zambrano Ortiz, que fueron calificados como extemporáneos por no haberse hecho parte dentro del proceso liquidatorio en la oportunidad que la ley dispone y que por acción de tutela fueron reconocidos, no obstante después de reconocerlos como de primera clase, el Tribunal Superior ordenó la revocatoria de la providencia por cuanto no se tutelaron los derechos reclamados, volviendo al estado anterior, esto es como extemporáneos.

Considera que ese Despacho mediante Auto 440-10521 del 11 de diciembre de 1998 se pronunció sobre el derecho de petición, “el cual no prospera dentro del proceso concursal por cuanto las facultades jurisdiccionales que la ley le han otorgado a esta entidad de manera privativa, hace que se someta al cumplimiento estricto de los términos y procedimientos, impidiéndose que opere el derecho de petición”.

Además consideró que en el proceso liquidatorio se ha seguido el procedimiento señalado en el artículo 222 de 1995, para liquidar las sociedades mercantiles, y no existe ninguna circunstancia que amerite que este despacho reconozca el crédito del solicitante, toda vez que está plenamente comprobado que no se presentó en la oportunidad que lo exige la misma ley. Y decide rechazar el derecho de petición presentado por el acreedor Manuel Ignacio Zambrano dentro del proceso liquidatorio.

La Corte debe analizar si la Superintendencia de Sociedades incurrió en vía de hecho, al rechazar el derecho de petición interpuesto por el señor Manuel Ignacio Zambrano Ortiz, con el objeto de solicitar que la Superintendencia de Sociedades de cumplimiento a la Sentencia proferida por el Juzgado 17 Laboral del Circuito. El citado Fallo resolvió condenar a la Sociedad Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda., en liquidación, al pago de las prestaciones sociales al señor Manuel Ignacio Zambrano Ortiz.

El señor Manuel Ignacio Zambrano Ortiz, ya había interpuesto acción de tutela con el fin de que sus acreencias laborales sean incluidas dentro del proceso liquidatorio adelantado por la Superintendencia de Sociedades contra la Proveedora Nacional de la Construcción PRONALCO Ltda. La tutela que se dirigió a asegurar el crédito laboral siendo concedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá en primera instancia, fue denegada en Segunda Instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil.

La Superintendencia de Sociedades cumplió lo previsto en los fallos de Instancia y por tanto, finalmente el crédito laboral correspondiente al señor Manuel Ignacio Zambrano Ortiz, que pretendía ser reconocido y pagado no fue incluido dentro del proceso liquidatorio tal como lo ordenó la segunda instancia. El proceso liquidatorio culminó el 21 de diciembre de 2004.

Ante esta negativa, el señor Manuel Ignacio Zambrano Ortiz instaura acción de tutela para que se protejan sus acreencias laborales, por considerar que la Superintendencia al rechazar su solicitud ha incurrido en vía de hecho. En primera instancia conoció de la acción de tutela el Juzgado Segundo Civil del Circuito y segunda instancia la acción de tutela fue conocida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, quien la denegó. En tanto el argumento principal de las instancias coincide en afirmar que la acción de Tutela instaurada por la negativa de la Superintendencia de Sociedades para dar cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado 17 laboral del Circuito, es temeraria, la Corte, de manera precedente debe analizar si la Acción de Tutela impetrada para dar cumplimiento a dicho fallo fue interpuesta

Con base en el problema jurídico planteado, la revisión se concretará en los siguientes temas:

1. Temeridad al presentar la acción de tutela; 2. Procedencia de la acción de tutela para dar cumplimiento a sentencias judiciales- vía de hecho. En la acción de tutela, el demandante expone que solicitó mediante derecho de petición de 24 de agosto de 2004, a la Superintendencia de Sociedades dar cumplimiento al Fallo proferido por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá. Se trata de una acción de tutela para que sean reconocidas dentro de un proceso liquidatorio sus acreencias laborales, acreencias que sin mediar fallo de la justicia laboral ya había sido objeto de acción de tutela en el año 2001. La Superintendencia por su parte rechazó el derecho de petición, y no dio trámite al Fallo condenatorio en tanto consideró que la solicitud era extemporánea.

La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en vía de tutela en repetidas ocasiones respecto a la temeridad en la acción de tutela[1]. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece que existe una actuación temeraria cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. La disposición establece como consecuencia de dicha conducta que las solicitudes sean rechazadas o sean decididas desfavorablemente. Refuerza la anterior disposición el artículo 37 del citado Decreto, al mencionar que quien promueve una acción de tutela esta en la obligación de manifestar bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos[2]. Concepto que debe ser complementado con lo dispuesto en los artículos 72 a 74 del Código de Procedimiento Civil, en tanto estas disposiciones consagran causales adicionales de temeridad o de mala fe, y se establece la forma de imponer las sanciones pertinentes, tanto a las partes como a los apoderados y poderdantes. Con la acción temeraria ha dicho la Corte se vulnera el principio de la buena fe[3]. Sobre la base de que por mandato constitucional la buena fe se presume de las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas (Art. 83 CP). La jurisprudencia ha definido[4] los presupuestos que son necesarios para que se entienda que existe una actuación temeraria: 1.- La formulación de más de una demanda, con miras a obtener la misma protección, fundada en igual situación fáctica. 2.- Que tales demandas sean presentadas por la misma persona, o por quien la represente o apodere; 3.- Que la reiterada pretensión de amparo se realice sin motivo expresamente justificado, es decir sin razón o fundamento alguno[5]. Ha dicho la Corte que “es necesario llamar la atención de los jueces constitucionales para que estudien cuidadosamente cada caso en los que se presume la temeridad del peticionario, pues la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o de la revisión meramente formal de las circunstancias que la determinan. En tales casos puede suceder que la temeridad sea sólo aparente, lo que le impondría al juez entrar a estudiar el amparo que éste solicita”. (T-067 de 2005)

Se trata ahora es de establecer si la Superintendencia de Sociedades incurrió en vía de hecho al dejar de incluir el crédito laboral contenido en la sentencia ya ejecutoriada proferida por el juez ordinario. El principal argumento expuesto por las instancias de tutela para rechazar la acción de tutela impetrada, se sustentó en que en la acción de tutela existe temeridad. La Corte por tanto debe determinar si la actuación del accionante al impetrar la acción de tutela con base no únicamente en las pretensiones sobre el reclamo de sus derechos prestacionales, sino con fundamento en la existencia de un fallo de un juez ordinario que declara su existencia e impone su cumplimiento, resulta temeraria. Esta nueva situación se constituye en un argumento justificatorio para que el accionante pretenda reclamar un derecho al debido proceso dado, según lo expone, se ha incurrido en vía de hecho. Ha de resaltarse entonces que la demanda que se formula tiene como sustento a diferencia de la acción de tutela instaurada en el año 2001, que el derecho impetrado por el accionante se ha vuelto exigible al existir un fallo condenatorio al pago de dichas prestaciones.

Sin embargo, esta Corte ha establecido excepciones[8] cuando se trata del cumplimiento de Sentencias. Así la acción de tutela para el acatamiento de  un Fallo en principio resulta improcedente, por dos razones principales: 1. La acción de tutela posee un carácter subsidiario y 2. En cuanto existe un mecanismo dispuesto por la vía ordinaria para el cumplimiento del fallo. Para dar cumplimiento a esta excepción se ha distinguido en general entre fallos que establecen obligaciones de hacer y aquellos que establecen obligaciones de dar. La Corte ha sido enfática al afirmar que la acción de tutela para el cumplimiento de las Sentencias en principio no es procedente, salvo que se trate de obligaciones de hacer[9], dejando a su vez como una excepcionalidad los fallos que impliquen obligaciones de dar[10] cuando con éstos se afecte de manera clara un derecho fundamental (como el mínimo vital).

Para aquellas obligaciones de hacer la Corte ha dicho que la acción de tutela prospera cuando se trata de obtener el cumplimiento de una sentencia que contiene obligaciones de hacer, proferida por el juez competente y que ha quedado ejecutoriada[11].  El fallo remite a la sentencia T-553/95 en donde se manifestó que las autoridades públicas y privadas se encuentran obligadas a cumplir las providencias judiciales ejecutoriadas para la vigencia de un orden justo, principio que se encuentra consagrado en el preámbulo de la Constitución.

En este sentido la tutela no puede convertirse en reemplazo de la vía ordinaria. Así lo ha dicho la Corte. “Considerar de manera genérica que la petición de tutela procede a pesar de la existencia de otro instrumento judicial, sería tanto como habilitar la creación de un sistema paralelo a la jurisdicción ordinaria o, finalmente, homologar el sistema y la organización judicial vigentes, autorizando, al mismo tiempo, a las partes legitimadas en los distintos procesos, para valerse de un mecanismo creado por el constituyente con el propósito exclusivo de proteger a la persona de las agresiones que puedan significar atentado contra sus derechos de rango constitucional fundamental”[19]. Salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así lo recuerda la Sentencia T-679 de 2001 al citar la sentencia T-069 de 2001. Una de las características que debe analizarse es entonces si el medio de defensa judicial ordinario es suficiente para restablecer el derecho atacado.

En tal sentido en el caso presente, el accionante aduce que la Superintendencia de Sociedades rechazó el derecho de petición bajo los siguientes argumentos: en efecto la Superintendencia mencionó mediante Auto objeto de esta tutela que  no procedía el derecho de petición por ser esa una instancia judicial además por considerar que la petición de inclusión en el proceso liquidatorio era extemporánea. Con estos argumentos se aprecia de manera clara que la Superintendencia cumplió lo establecido en la Ley 222 de 1995, legislación que rige los procesos concursales. Así, en el artículo 89 la Ley 222 de 1995, establece que el trámite concursal posee dos modalidades: 1.Un concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, o 2.Un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor.

En el presente caso según se ha establecido se llevó a cabo el proceso de concurso liquidatorio de manera directa sin pasar por el concursal. Ahora bien, el trámite liquidatorio puede iniciarse por tres motivos según lo establece el artículo 150 de la citada ley: 1. Por decisión de la  Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso concursal; 2. Por terminación del trámite concordatario por falta de acuerdo o por incumplimiento de éste; 3. Cuando el deudor se ausente y haya abandonado sus negocios.

En el presente caso el proceso de liquidación obligatoria no se inició después de un concordato o acuerdo concordatario. Esto es, de manera previa no se presentó ningún acuerdo de recuperación de negocios del deudor. El trámite de concurso liquidatorio se realizó de manera directa.  Lo que implica que respecto a la oportunidad para hacerse parte dentro de él debe aplicarse el artículo 158 de la ley 222 de 1995 que establece: “A partir de la providencia de apertura del trámite liquidatorio y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos. Cuando el trámite liquidatorio se inicie como consecuencia del fracaso o incumplimiento del concordato, los acreedores reconocidos y admitidos en él, se entenderán presentados en tiempo en el trámite liquidatorio y sus apoderados; continuarán ejerciendo sus funciones, salvo revocatoria o renuncia del mandato. Los acreedores extemporáneos en el concordato, deberán hacerse parte en el trámite liquidatorio, en la oportunidad prevista en el inciso anterior”.

A su vez y para establecer porqué en el trámite del concordato liquidatorio el legislador ha establecido términos perentorios para su intervención y para la intervención de los diferentes acreedores,  el artículo 94 establece que el concordato tendrá por objeto: “La recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito”. Así mismo el artículo 95 de la misma norma, establece que mediante la liquidación obligatoria se realizarán los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo.

A su vez en el Capitulo IV de la ley 222 de 1995 se establecen las reglas comunes al trámite concordatario y a la liquidación obligatoria: el artículo 209 prevé que la iniciación, “impulsión y finalización del concordato o de la liquidación obligatoria, no dependerán ni estarán condicionadas o supeditadas a la decisión que haya de adaptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la decisión del proceso concursal, tampoco constituirá prejudicialidad de la determinación que deba proferir otro juez. Lo que significa que la actuación de la Superintendencia es razonable esto es, no es arbitraria en tanto en el Auto proferido por dicha Entidad se siguieron las disposiciones de la ley 222 de 1995, disposiciones que son claras al precisar la oportunidad para hacer valer dentro del proceso liquidatorio los créditos laborales. Por tanto la Corte considera que no ha existido ninguna actuación arbitraria por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esta ha cumplido bajo una interpretación literal que no está prohibida, lo previsto en la ley. Además debe añadirse que la finalidad del proceso liquidatorio se concreta en la posibilidad de la intervención oportuna de los acreedores toda vez, que lo que se pretende con este proceso es establecer los activos de la empresa para atender el pago de las obligaciones a cargo de la empresa deudora.

Reitera que “La circunstancia de que la entidad se encuentre en alguna de las modalidades del trámite concursal: (1) concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor; o, (2) concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor (art. 89 de la Ley 222 de 1995), si  existe el vínculo entre el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o de mesadas pensionales y la afectación del mínimo vital, el proceso de liquidación no puede convertirse en patente de corso para sustraerse del cumplimiento de estas obligaciones. entre otras (sentencia SU-1023 de 2001, MP., Jaime Córdoba Triviño). El Fallo remite a la Sentencia T-167 de 2000, y T-652 de 2002, que reiteró todos estos argumentos. “Esta misma sentencia precisó también que la acción de tutela sólo procede en cuanto al pago de los salarios pero no sobre las demás prestaciones sociales ni sobre el pago de aportes a la seguridad social respecto de ex trabajadores. Explicó esta sentencia:

Por consiguiente, dados los argumentos arriba expuestos, la acción de tutela en el caso que se revisa resulta improcedente y así se declarará. Se entiende entonces, que no se han cumplido los requisitos jurisprudenciales existentes para otorgar el amparo impetrado, toda vez que si bien se trata de la solicitud de la ejecución de una acreencia laboral (cumplimiento de sentencia) que tiene prioridad, aún cuando la empresa se encuentre en proceso liquidatorio, ésta pretensión debe cumplir determinados requisitos según se ha analizado, para poder acceder a la vía excepcional de la acción de tutela, condiciones que en el caso presente no se han demostrado.