Afectación por discusión de entidades encargadas del pago de subsidio económico por razón de incapacidad laboral que supero los 180 días

Sentencia T-367/08
18 de abril de 2008
Corte Constitucional
Afectación por discusión de entidades encargadas del pago de subsidio económico por razón de incapacidad laboral que supero los 180 días

ACCION DE TUTELA-Protección de carácter residual y subsidiario cuando no exista otro medio de defensa judicial/ACCION DE TUTELA-Procedencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable

ACCION DE TUTELA-Naturaleza subsidiaria y excepcional permite conocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-No implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Debe ser idóneo y eficaz para la defensa de derechos fundamentales

ACCION DE TUTELA-Procedencia cuando otro medio de defensa no resulta conducente

ACCION DE TUTELA EN MATERIA LABORAL-Procedencia cuando acciones laborales resultan insuficientes o existe un perjuicio irremediable

ACCION DE TUTELA DE EMPLEADO EN MISION PARA LA CRUZ ROJA-Procedencia como mecanismo transitorio para proteger derecho al mínimo vital aunque cuente con otro medio de defensa judicial

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Definición

RELACION LABORAL ENTRE TRABAJADOR Y EMPRESA DE SERVICIO TEMPORALES-Subsiste mientras el usuario necesite los servicios o se haya finalizado la obra

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Usuario debe acudir a otra forma de contratación en el evento de que la necesidad del servicio del trabajador en misión sea permanente

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Contratos individuales de trabajo por el tiempo que dure la obra o por la naturaleza de la labor contratada

CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORALES-Protección especial del Estado a trabajadores vinculados

CONTRATO LABORAL-Decreto 2351/65 agrupa causales de terminación que puede alegar el empleador para dar por terminada la relación laboral con el trabajador/TERMINACION DE CONTRATO LABORAL-Empleador no puede recurrir a esta facultad de manera arbitraria pues debe garantizar del derecho de defensa y debido proceso

CAUSAL DE DESPIDO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR-Enfermedad contagiosa o crónica u otra enfermedad o lesión que incapacite al trabajador

EMPLEADOR-Obligación de reintegrar al trabajador o proveer otro cargo cuando incapacidad temporal no supera los 180 días

DESPIDO POR ENFERMEDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR-Garantía de estabilidad que beneficia al trabajador y medida de protección para el empleador/EMPLEADOR-No puede ser sometido a derivar perjuicio injustificado como consecuencia de la falta de prestación personal del servicio

TRABAJADOR EN MISION PARA LA CRUZ ROJA-Despido legitimo pues padecía de enfermedad que lo incapacito por más de 180 días

ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Improcedencia reintegro de trabajador ya que Junta Regional de Invalidez determinó origen de enfermedad pero no estableció porcentaje de pérdida de capacidad laboral/ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Obligación de reintegrar o reubicar a trabajador si valoración de Junta Nacional de Invalidez no alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral

INCAPACIDAD LABORAL-Definición/INCAPACIDAD LABORAL-Ordenamiento jurídico vigente contempla su reconocimiento, liquidación y pago según se generen por riesgos de accidente de trabajo o común, enfermedad profesional o general

SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES-Decreto 1295/94 y Ley 776/02 regulan la organización, administración y prestaciones

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Obligación de responder íntegramente por prestaciones derivadas de accidente de trabajo

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Pago de subsidio por incapacidad temporal

DERECHO AL MINIMO VITAL-Afectación por discusión de entidades encargadas del pago de subsidio económico por razón de incapacidad laboral que supero los 180 días

ACCION DE TUTELA-ARP debe culminar proceso de recuperación y rehabilitación de lesión lumbar que padece trabajador en misión para la Cruz Roja y pagar subsidio por incapacidad temporal

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Derecho a repetir contra EPS Saludcoop en caso que Junta Nacional de Invalidez determine que enfermedad es de origen común y no profesional y señale incapacidad superior al 50% de pérdida de la capacidad laboral

Referencia: expediente T-1794565

Acción de tutela instaurada por Francisco Javier Triviño Beltrán contra Acrecer Temporal Ltda., EPS Saludcoop, Seguros Alfa,  ARP Bolívar y la Junta Regional y Nacional de Invalidez.

Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil ocho (2008).

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente

SENTENCIA

Que pone fin al proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Cuarenta y dos Penal Municipal de Bogotá, proferido el 12 de septiembre de 2007, y por el Juzgado Cuarenta y cuatro Penal del Circuito de Bogotá, proferido el 29 de octubre de 2007.

I. ANTECEDENTES

1. El accionante, Francisco Javier Triviño Beltrán, instauró acción de tutela en contra de Acrecer Temporal Ltda., para que se protegieran sus derechos a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital. Considera que la entidad accionada ha vulnerado sus derechos por haberlo despedido estando incapacitado, con base en el artículo 62 del CST, numeral 15, modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 y que como consecuencia de este hecho, no ha recibido ingresos por más de 8 meses lo que ha afectado su situación económica y familiar.

Afirma el tutelante que durante la vigencia del contrato de trabajo suscrito con ACRECER TEMPORAL LTDA., trabajó como empleado en misión para la Cruz Roja Colombiana, ejerciendo funciones de conductor y camillero desde el 1 de junio de 2005 hasta el 1 de octubre de 2006.[1] Que se encuentra afiliado a la Saludcoop EPS y a la ARP DE COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR,[2] en materia de salud y riesgos profesionales y en pensiones, al fondo PORVERNIR. Manifiesta que a mediados del mes de marzo de 2006, fue incapacitado por presentar lumbalgia crónica por docopatía L4-L5[3] y que después de un tratamiento por casi 6 meses, los médicos determinaron que “presentaba una alteración funcional secundaria a síndrome doloroso de espalda que afectaba significativamente la ejecución de actividades” tanto en la vida diaria como en la laboral, requiriendo un tratamiento terapéutico para aliviar la sintomatología.

Agrega el tutelante en su escrito, que el 23 de octubre de 2006 Saludcoop le informó que su enfermedad era de origen profesional.  Que en virtud de una petición para obtener la pensión de invalidez que elevó el accionante ante PORVENIR, esta entidad remitió a la Compañía de Seguros Alfa[4] una solicitud de valoración de invalidez del señor Triviño y el 25 de octubre de 2006, esta aseguradora, al hacer un análisis del origen de la incapacidad del accionante para la procedencia del pago de la pensión, confirmó lo manifestado por Saludcoop, frente a lo cual, el 5 de enero de 2007, el Fondo determinó que no era procedente debido a que su enfermedad era de origen laboral por tanto, debía solicitar la pensión ante la ARP, devolviéndole la documentación allegada para que iniciara el trámite de la solicitud de pago de las prestaciones médicas y asistenciales por motivo de enfermedad laboral ante la ARP BOLIVAR, entidad a la cual se encontraba afiliado.  Al hacer la solicitud ante la ARP, obtuvo como respuesta que su enfermedad no era de origen profesional sino de origen común, razón por la cual se le niega el subsidio.

En virtud de su inconformidad por la decisión tomada por la ARP SEGUROS BOLIVAR, elevó derecho de petición ante esta organización.  El día 13 de diciembre de 2006 le respondieron que, junto con la EPS se crearía una junta de amigables componedores para que decidieran el origen de la enfermedad que el petente padece.  Esta junta se reunió el 28 de diciembre de 2006 pero por falta de documentación, decidió posponer la decisión. Posteriormente, el 15 de enero de 2007, esta junta determinó que el caso debía remitirse a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

De otro lado, manifiesta que el 22 de enero de 2007 Saludcoop le informó que como su incapacidad superaba los 180 días, el reconocimiento económico estaba a cargo del fondo de pensiones.

Afirma que el 12 de marzo de 2007 se notificó del dictamen de fecha 16 de febrero de 2007 en el cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá[5] determinó que mi enfermedad era de origen profesional y que mi incapacidad era de un 16% de la jornada laboral.  Dicha incapacidad se refiere a pacientes cuyo peso este entre los 25 y 60 klgs.  Inconforme con la decisión, la ARP interpuso los recursos de reposición y apelación y se encuentran a la espera de la solución del mismo.

Concluye el accionante diciendo que como consecuencia de su despido y de la controversia entre la EPS, la ARP y el fondo de pensiones, lleva más de ocho meses sin recibir ingresos y sin que se le hayan cancelado las incapacidades.  Al respecto expuso que “no ha tenido ingresos desde hace más de 8 meses.  Situación que complica de forma determinante la situación de mi familia, por cuanto yo soy quien asume los gastos debido a que mi esposa se encuentra desempleada. Luego como consecuencia de una disputa de competencias, yo y mi familia hemos debido sufrir cargas excesivas que no nos corresponden y que han hecho que en la actualidad estemos viviendo de la caridad de nuestros conocidos, convirtiendo nuestra vida en un continuo sufrimiento ante la imposibilidad de saber si nuestros dos hijos tendrán con qué comer”. Igualmente señala que  ha tenido que suspender las terapias necesarias para su recuperación debido a que no está afiliado a EPS alguna ni cuenta con dinero suficiente para realizarlas a través de médico particular.  Su solicitud se reduce a que se tutelen los derechos que considera han sido vulnerados y se ordene a la empresa Acrecer Temporal Ltda., lo reintegre a un cargo de la misma categoría al que venía ocupando, de acuerdo con sus condiciones físicas actuales.

La empresa en escrito allegado el 22 de mayo de 2007,[6] reconoce que el tutelante se encontraba vinculado laboralmente como empleado en misión para la Cruz Roja Colombiana.  Alega que la decisión de terminar el contrato de trabajo se hizo dando cumplimiento a lo contemplado en el artículo 7 del decreto 2351 de 1965. Que si bien es cierto que la Junta Regional de Calificación de Invalidez determinó que su enfermedad era de origen profesional, está pendiente un recurso de apelación presentado por la ARP Bolívar.  Que la interpretación dada por el tutelante sobre la incapacidad es errada pues no se ha determinado el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral por la junta correspondiente. Además, señala que de no haberse presentado la incapacidad del tutelante, su contrato hubiera terminado el 30 de abril de 2006 como resultado de la terminación del contrato celebrado por Acrecer con la Cruz Roja Colombiana.

Finaliza manifestando que “aun hoy, habiendo transcurrido mas de 360 días de haberse iniciado el periodo de incapacidad, no existe soporte valido (sic) para afirmar con certeza que el origen es profesional y muchos (sic) menos una calificación sobre si el grado de perdida (sic) de la capacidad de trabajo del señor Trivino (sic) es inferior o superior al 50%”.

2. El Juez 42 Penal Municipal de Bogotá, en sentencia proferida el 4 de junio de 2007, denegó el amparo solicitado por considerar que se encuentra pendiente por resolver un recurso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez sobre el origen de la enfermedad que padece el accionante, razón por la cual no le corresponde a dicho Despacho establecer la causa de la enfermedad y determinar si la terminación del contrato de trabajo se produjo con justa causa o no.

Afirma que no advierte un estado de necesidad inminente que amenace el mínimo vital del tutelante “ya que se entiende que éste ha venido percibiendo el valor correspondiente a sus incapacidades, también se encuentra en trámite la indemnización por la pérdida de capacidad laboral a que tiene derecho por parte de la ARP Bolívar y además tiene otro mecanismo de defensa judicial como es acudir ante la Jurisdicción Laboral para que determinen si el despido se originó por justa causa, o si por el contrario obedece a una causa injustificada y de acuerdo con ello, determinar si tiene derecho al reintegro o a las indemnizaciones a que haya lugar”.

El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, mediante proveído del 9 de julio de 2007, decretó la nulidad de lo actuado por considerar que no se había integrado el contradictorio para configurar la legitimación por pasiva.  En dicha providencia ordenó al a quo vincular al trámite de tutela a la EPS Saludcoop, a Seguros Alfa, a la ARP Bolívar, a la Junta Regional y Nacional de Invalidez para salvaguardar su derecho de defensa.

3. Las entidades vinculadas, dieron contestación en el siguiente sentido.

3.1 La compañía Seguros Bolívar[7] manifestó que el actor estuvo afiliado a la ARP de Seguros Bolívar del 1 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006. Que al recibir la solicitud de calificación en segunda instancia de la enfermedad del accionante, por parte de Saludcoop el 1 de Septiembre de 2006, la aseguradora determinó que era de origen común. Alega que una vez la Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió el dictamen que consideró como profesional la enfermedad, apeló tal decisión y están a la espera de la resolución del recurso.

Señala que en caso de que la Junta Nacional de Invalidez determine que se trata de una patología o accidente de origen laboral, la administradora de riesgos profesionales, con sujeción a lo indicado en el artículo 5 del decreto 1295 de 1994, reembolsará a la EPS los costos en los que haya incurrido como consecuencia de las prestaciones tanto económicas como asistenciales garantizadas al afiliado por las lesiones calificadas de origen profesional. Como consecuencia de lo anterior, solicita que el fallo excluya a la compañía aseguradora por cuanto el tutelante no pretende obtener posición alguna relacionada con la administradora.

3.2 La Junta Regional de Calificación de Invalidez manifestó que el 16 de febrero de 2007 determinó el origen de la enfermedad del accionante como se expresó por el actor.  Que no es de su competencia resolver las reclamaciones hechas a la ARP por parte del señor Triviño.

3.3 La EPS Saludcoop, a través de su representante legal, manifestó que el señor Javier Triviño se encuentra afiliado como cotizante independiente desde el 11 de abril de 2003. Que el usuario ha recibido por parte de la EPS todo el manejo para sus patologías tanto por medicina general como por especializada.  Que de acuerdo con la legislación, la entidad no es responsable del suministro de las prestaciones que solicita el accionante, pues ellas corresponden exclusivamente a la ARP. Considera improcedente vincular a Saludcoop debido a que la entidad no ha vulnerado derecho alguno.

3.4 Seguros de Vida Alfa S.A., manifestó que expidió una póliza que ampara a la totalidad de los afiliados a la Administradora del Fondo de Pensiones de Porvenir S.A. y que no están obligados a asumir prestaciones ajenas a la cobertura de las pólizas en caso de inexistencia de siniestros.  Que atendiendo la solicitud de valoración de invalidez remitida por la AFP Porvenir S.A., estableció que la enfermedad del señor Triviño era de origen profesional, por lo que la reclamación debía efectuarse ante la ARP correspondiente.  Alega que no se han vulnerado los derechos del actor y solicita se desvincule a la entidad del trámite de tutela.

3.5 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a través de su representante legal, señaló que el 27 de julio de 2007 se radicó la apelación del caso del señor Triviño.  Que en desarrollo del recurso se citó al actor para el día 5 de septiembre para hacer la valoración médica por parte de los profesionales de la Sala de decisión No. 2 y así garantizar el debido proceso en la calificación de la invalidez. Considera que no han vulnerado los derechos fundamentales del accionante y solicitan que se declare improcedente la tutela con respecto a la Junta.

II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

1. Primera Instancia

El juzgado 42 Penal Municipal de Bogotá mediante providencia de fecha 12 de septiembre de 2007, negó por improcedente la acción de tutela por considerar que está pendiente determinar si la enfermedad que padece es o no de origen profesional, para establecer si hubo vulneración de los derechos fundamentales del actor.  Al respecto manifestó: “hasta el momento no se ha establecido si la enfermedad que padece el señor FRANCISCO JAVIER TRIVIÑO BELTRAN corresponde a una enfermedad común o a una enfermedad profesional, trámite de competencia de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, entidad que informa en su respuesta, está adelantando el trámite de rigor que le corresponde de acuerdo con su competencia, entre otras, las valoraciones médicas que debe practicarle al acciónate para tomar la decisión que sea del caso; y de acuerdo con dicha decisión, se puede establecer, si se han vulnerado o no derechos fundamentales del mismo, por parte de cual o cuales entidades, así como establecer a quien le corresponde asumir el pago de las incapacidades, indemnizaciones, o acreencias laborales a que haya lugar.”

Agrega el a quo, que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial y no demostró un perjuicio irremediable.

2. Segunda Instancia

El juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del 29 de octubre de 2007 confirmó la decisión del a quo argumentando que “la acción de tutela por ser un mecanismo subsidiario y expedito, el cual busca la protección de los derechos fundamentales constitucionales, sólo procede cuando éstos se encuentran realmente vulnerados y quienes son sujetos de esa trasgresión, no cuentan con otra forma de poder evitarlo, lo cual no ocurre en el presente caso, máxime cuando el accionante cuenta con la vía judicial ordinaria para la protección invocada.

En lo que respecta al perjuicio irremediable, tampoco se vislumbra la afectación del mismo como para inferir una protección de carácter transitorio, pues como bien lo señalo el A quo y contrario a lo manifestado por el impugnante, la tardanza para iniciar la acción, aunado a la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa, pone de presente que en tal situación no opera, pues lo lógico es que una vez se evidencia la conculcación de derechos fundamentales, se acuda a los mecanismos para su amparo o protección.”

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial reseñada, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala Segunda de Revisión analizar los siguientes problemas jurídicos.

¿Se vulneran los derechos invocados al no recibir, por parte de la ARP, el tutelante el pago del subsidio por incapacidad laboral superior a 180 días, teniendo en cuenta que hay un dictamen que establece el origen de la enfermedad?

¿Vulneró la empresa accionada, Acrecer Temporal Ltda., los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso del accionante, quien trabajaba como empleado en misión ante la Cruz Roja Colombiana, al despedirlo con fundamento en la causal contemplada en el numeral 15 del artículo 7 del decreto 2351 de 1965?

Para desarrollar el problema planteado, se debe establecer de manera preliminar la procedencia de la acción de tutela, en aquellas circunstancias en que a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial, éste no resulta idóneo para alcanzar la defensa de los derechos invocados.

Sólo de llegarse a la conclusión de que la tutela es procedente, se desarrollarán las reglas jurisprudenciales relativas a los contratos de servicios temporales; a la causal de despido con justa causa consagrada en el numeral 15 del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965 y si es procedente el reintegro solicitado por el actor; y, por último, a la responsabilidad de las ARP frente a las prestaciones originadas por enfermedad profesional.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el cobro de acreencias laborales y para obtener el reintegro. Reiteración de jurisprudencia.

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.[8]

La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional.[9] Es por ello que, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.[10] Sin embargo, la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela,[11] porque el medio judicial debe ser idóneo y eficaz para la defensa de los derechos fundamentales.[12]

Estas particularidades, le permiten a esta Sala establecer que aunque el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, la acción de tutela resulta procendente como mecanismo transitorio para proteger su derecho fundamental al mínimo vital.