Según el acta 1890, correspondiente a la reunión de la Junta Central de Contadores realizada el 25 de octubre de 2012, existían en Colombia 177.696 contadores inscritos. Al mismo tiempo estaban registradas ante la citada junta 1.607 firmas de contadores.

Resulta inaceptable el comportamiento del Estado colombiano, que se empeña en actuar sin oír y sin consensuar decisiones con los afectados. Este proceder es claramente inconstitucional.

Si bien según el mandato constitucional cualquier afectado debería poder participar en la gestación de las decisiones que habrán de afectarlo, ciertamente los primeros que han debido ser llamados a la mesa de las conversaciones son quienes actúan como revisores fiscales y las entidades a los que éstos fiscalizan.

Las reflexiones sobre una reforma de la revisoría fiscal mayoritariamente en manos de entes gubernamentales solo traerán más daño a la institución. Las entidades de supervisión estatal son culpables de ejercer presión indebida sobre la revisoría, en contra de su naturaleza y finalidad, acentuando el incorrecto entendimiento según el cual la revisoría está al servicio de las entidades estatales. Han convertido a un colaborador en un subordinado. Sus exigencias amenazan en transformar a los contadores en policías.

Una adecuada reforma de la revisoría fiscal debe plantearse el tema de los derechos y protecciones de los revisores fiscales y no solo el de sus funciones y obligaciones.

Ya es hora de discutir la forma en que el Estado prestará colaboración a los revisores fiscales y les brindará su apoyo para procurar, cada día más, mejores condiciones para el desempeño de su tarea.

Mientras aquí obramos sigilosamente, en otras latitudes la discusión sobre la auditoría estatutaria, una de cuyas expresiones es la revisoría fiscal colombiana, se da a la luz pública. Se están debatiendo cuestiones muy delicadas, que algunos preferirían que no se mencionen en Colombia. Pero el interés público que rodea la profesión contable hace necesario que su suerte se ventile en forma transparente.

Véase con cuidado el material depositado en la página Reform of the audit market, en la cual se compendian varias propuestas, algunas muy profundas, que desde hace varios años, en forma calmada y ciertamente ponderada, se vienen estudiando al interior de la Unión Europea. También vale la pena consultar las complejas afirmaciones de la Competition Commission, contenidas en su informe provisional notificado el 22 de febrero de 2013, titulado Statutory Audit Services For Large Companies Market Inquiry - Provisional Findings Report. Estos documentos nos muestran un amplio debate público, que dista mucho de la sola interacción Gobierno – Congreso que excluye a los ciudadanos.

Tomado de: Javeriana.edu.co