En los últimos meses, he tenido la oportunidad de diversificar mi portafolio docente dictando cátedra en diferentes universidades, acerca de los procedimientos para contratar con el Estado.

Luego de pararme en el estrado varias veces, de presentarme a convocatorias públicas como consultor y de evaluar en perspectiva los resultados, es evidente que la contratación pública es absurdamente compleja, hasta el punto que un conjunto de personas con varios diplomas encima tienen que estudiarla durante horas para lograr una comprensión meridiana de sus pormenores.
 

Para entender la magnitud del asunto, analizaremos un ejemplo concreto:
 

Cierta entidad quiere mejorar la manera como funciona actualmente el proceso de atención humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento y decide contratar una organización que realice el diagnóstico y proponga un plan de mejora, mediante una modalidad denominada ‘concurso de méritos, lista corta’.
 

Antes de narrar el tortuoso proceso, es necesario advertir que para ofrecerle servicios al Estado como persona jurídica, debemos estar inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) y en el Registro Único de Proponentes (RUP). Surtidos estos trámites, lo primero que debemos hacer para poder poner nuestra experticia a las órdenes del convocante es buscar en la página www.contratos.gov.co la información relacionada con la convocatoria.
 

Luego de navegar por horas en una aplicación pesada y con múltiples problemas de funcionamiento, encontramos el proceso cuyo objeto es ‘Contratar la realización de una evaluación de operaciones del proceso de atención humanitaria dirigido a la población en situación de desplazamiento’…etc.
 

Entre los vínculos ubicamos el ‘Documento de estudios previos’, un texto de setenta y tantas páginas, cuyo contenido está dedicado a explicarnos todos los requisitos que debemos cumplir y en el que se nos presentan, de todas las formas posibles, las razones por las cuales nuestra organización podría no ser la indicada para adelantar el proceso.
 

Si luego de leer este interminable compendio de requerimientos, todavía mantenemos la firme convicción de contratar con el Estado, lo siguiente que debemos hacer es enviar al convocante una comunicación física de alrededor de 281 folios en la que lo único que estamos manifestando es que tenemos la capacidad técnica, jurídica y financiera para adelantar el proceso.
 

Luego de surtir el trámite notarán que las características de la información solicitada hacen la construcción de la manifestación innecesariamente compleja; por ejemplo, cada convocatoria requiere equipos diferentes, de manera que una empresa que ha adelantado procesos similares en los sectores defensa y TIC no podría acreditar dicha experiencia para el caso de atención humanitaria ni podría recurrir al mismo equipo, pues los estudios previos exigen que los trabajos anteriores hayan estado focalizados sobre población vulnerable.
 

Es decir, la empresa y su staff pueden haber desarrollado 30 evaluaciones similares, pero el hecho de que no hayan trabajado directamente con los beneficiarios de esta nueva intervención los inhabilita para aplicar a esta convocatoria.
 

Esta curiosa condición supone que para cada proceso sea necesario vincular a personas diferentes. Así las cosas, la consecución del equipo y la preparación de los 18 documento solicitados, pueden tomarse dos semanas de arduo trabajo con un costo aproximado de 2 millones de pesos.
 

Además, es necesario gastar al menos 200 mil pesos en la expedición de certificados originales, recursos de impresión y mensajería para tal fin, radicar su manifestación.
 

Luego de esto, no queda más que rezar porque hayamos entendido el documento de estudios previos, pues la entidad no responde llamadas telefónicas relacionadas con dudas sobre el proceso pues esto va en contra de la transparencia procesal.
 

Orar porque no haya faltado una tarjeta profesional o que un soporte no haya quedado borroso, pues todos estos elementos son causales de rechazo.
 

Por otro lado, a pesar de que se han invertido recursos importantes en el proceso, en el mejor de los casos, el resultado de esta etapa llevará a su empresa a conformar la lista de elegibles que podrán presentar una propuesta técnica en la que se le exige diseñar y planear todo el proyecto. La elaboración rigurosa de un documento de estas características puede tardarse otras dos semanas y puede costar entre 5 y 10 millones de pesos.
 

Todo este proceso concluirá con la adjudicación de un contrato cuyo monto no excede los 600 millones de pesos y dejará ganancias inferiores al 10 por ciento.
 

Si no resulta elegido, habrá perdido un monto importante de recursos y estará reflexionando sobre los siguientes puntos:
 

-¿Si en el marco del proceso resultó favorecida la firma que se había ganado la primera fase de la evaluación y si los términos eran tan específicos que cualquier firma competidora resultaría perdedora, para qué hicieron convocatoria pública?
 

-¿Para qué exigen los mismos documentos en cada proceso? ¿No bastaría con revisar los archivos de procesos anteriores?
 

– ¿En una época eminentemente digital, por qué exigen que todos los documentos vayan en original? ¿Qué pasa con la famosa directiva presidencial de cero papel?
 

-¿Bajo qué condiciones una tarjeta profesional garantiza la idoneidad técnica de un profesional con dos maestrías o un doctorado?
 

– ¿Por qué una experiencia no es válida si la certificación no enuncia exactamente las mismas palabras exigidas en los estudios previos, si el sentido común dice que se trata del mismo tema?

Tomado de: Portafolio.co