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La acción ilegal comprendió la falsificación de 41 conceptos de las juntas calificadoras regionales de invalidez, en los cuales 27 personas lograron obtener la pensión y ser incluidos en la nómina de la entidad.

Otra modalidad fue la falsificación de los registros civiles y las cédulas de ciudadanía de 10 personas que, aunque cumplían con el requisito de las semanas exigidas, no completaban la edad para obtener el derecho a la pensión; no obstante, estas personas no alcanzaron a ser beneficiadas.

Este hallazgo, dijo la presidenta del Seguro Social, Silvia Helena Ramírez, “se produjo gracias a las labores de auditoría y verificación internas que realiza la entidad en todos los procesos de reconocimiento de prestaciones económicas, como las pensiones”.

Tan pronto se detectó el ilícito, agregó la directiva, “se puso en conocimiento de la Fiscalía, el DAS, la Contraloría y la Procuraduría, que de inmediato comenzaron a trabajar en el tema. Hasta el momento, hay 30 personas involucradas y se esperan capturas en los próximos días.

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