Fuente: https://www.larepublica.co
La Superintendencia de Sociedades, que el pasado 13 de abril sometió a control al Fondo Ganadero del Meta, decidió intervenirlo tras meses de investigación.
La entidad, además, destituyó al representante legal de la entidad, Gustavo Adolfo Giraldo y a dos miembros de Junta Directiva: Fernando Herrera Soto y Hernando Coy Cruz. Cabe recordar que Coy Cruz se encuentra bajo detención preventiva debido a posibles hechos punibles relacionados con su gestión administrativa en la sociedad controlada.
Los funcionarios, se hicieron merecedores a control y sanción por parte de Supersociedades luego que durante un periodo de dos años, reiteradamente de manera omisiva, no realizaron la Asamblea Ordinaria de Accionistas y desacataron las órdenes dadas por la entidad de control. Por su parte, quien actuó como revisor Fiscal del Fondo Ganadero en el 2009, denunció el traspaso irregular de acciones para ese periodo.
Otros de los hechos que pusieron en evidencia a los tres particulares fue la inscripción de dos representantes legales de la sociedad, en el lapso de dos semanas.
A lo anterior, se sumó el deterioro de la situación económica y financiera de la sociedad, que arrojo pérdidas superiores a los $4 mil millones a diciembre 31 de 2010. También, la investigación muestra que los administradores realizaron un continuo cambio de las guardas de la gerencia y la secretaría de la sociedad para impedir la llegada de su Gerente. Por estas razones, durante la intervención estuvo presente el Grupo Smat de la Policía Nacional, que logró la restitución de las oficinas al representante legal inscrito en Cámara de Comercio para era Miguel Domínguez Ricaurte.
La destitución de los particulares implica que éstos quedan inhabilitados para ejercer cargos como administradores comerciales por un periodo de hasta de diez (10) años, a partir de la ejecutoria de la resolución proferida . La entidad, designó a Martha Lucía Pinzón Barco, para que actúe en calidad de administradora del Fondo. En manos de Pinzón estará el tomar medidas para subsanar los problemas jurídicos, contables, económicos y administrativos.
