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Así lo contempla el decreto mediante el cual se declaró la emergencia económica, social y ecológica.
La declaratoria, consignada en el decreto 4580 del pasado 7 de diciembre, señala que el Gobierno “podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”.
Y agrega que dichos decretos podrán, “en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes”.
Se espera que a partir de la próxima semana se conozcan las medidas con las que el Gobierno espera atender al más de millón y medio de damnificados que deja la ola invernal que azota al país.
El presidente Juan Manuel Santos destacó el pasado martes que ya se han dispuesto 500 mil millones de pesos para atender a los afectados por las lluvias e inundaciones, y anunció que se dispondría de un billón de pesos adicional para ayudarlos.
El decreto mediante el cual se hizo la declaratoria también afirma que “es indispensable realizar a la mayor brevedad, un censo especial con el fin de identificar y caracterizar a la población damnificada y sus necesidades, para orientar los proyectos y programas de manera especifica hacia esa población y asignar los recursos necesarios”.
El propio Santos subrayó la importancia de ese censo hoy, al instalar la Sala de Crisis para atender el tema invernal.
El Jefe de Estado les pidió a los gobernadores verificar el número de damnificados, luego de que el mandatario del Valle, Francisco Lourido, dijera que en su departamento hay un millón 200 mil afectados. La cifra que el Gobierno confirma en ese territorio es de 68 mil damnificados.
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