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Ante los escándalos por el pago de anticipos a las concesiones que no llegan a las obras, el Gobierno ha reiterado su decisión de buscar alternativas para financiar los proyectos y que el Estado no tenga que estar girando dinero.

El ministro de Transporte, Germán Cardona, ha señalado que una alternativa es la financiación de los proyectos a través de la instalación de peajes una vez el contratista haya terminado la obra.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró que en otros países las obras se han jalonado por la participación de los fondos de pensiones que entran a financiar los proyectos, ya que hay similitudes entre ambos por ser negocios a largo plazo. 

“Lo primero que mira el inversionista institucional, en este caso el fondo de pensiones, es que el proyecto esté bien estructurado y si lo está desde el punto de vista costo-beneficio se convierte en un proyecto que se justifica”, señaló Caicedo.

Pero la posibilidad de evitar o eliminar la figura del anticipo no es bien recibida por los constructores, según el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Daniel Flórez. Para aquellas firmas que no cuentan con un gran capital estos recursos se convierten en una garantía para la realización de la obra.
“El anticipo es absolutamente necesario. El ingeniero de la región no tiene dinero para financiar al Estado y no es posible que el único que tenga dinero sea el único que pueda hacer un trabajo que es del Estado”, dijo Flórez.

La CCI sostiene que en Colombia existía el decreto 2170 de 2002 para controlar la entrega de anticipos a través de la creación de una cuenta especial para que a través de dos firmas se vigilaran los desembolsos.
“Ese decreto por arte de magia desapareció de la legislación colombiana. Ahora en el Estatuto Anticorrupción se establece una figura para que el anticipo vaya a una fiducia; está bien, pero tienen que haber mecanismos de control para que ese anticipo no se vaya al bolsillo del contratista”, agregó Caicedo.

Para los ingenieros es claro que el problema no es que no haya leyes para controlar la entrega de los anticipos sino que algunos funcionarios no están ejerciendo la labor de hacer cumplir la ley que existe.

Los anticipos más cuestionados

El hecho más denunciado fue del grupo Nule que tenían varios proyectos de infraestructura vial en diferentes regiones del país y utilizaban los anticipos para pagar deudas en otros contratos y comprar propiedades en el exterior. También la Contraloría General de la República denunció presuntas irregularidades en la entrega de recursos que el Instituto Nacional de Vías (Invias) hacía al proyecto de la doble calzada y el túnel de la Línea que según la contralora Sandra Morelli al parecer habían ido a parar a una cuenta bancaria personal y la obra presentaba un retraso en su ejecución del 42%.

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