Tienen razón quienes sostienen que el sistema viene funcionando cada vez más mal y acumulando errores desde el comienzo, por culpa de la deshonestidad de los colombianos y la ignorancia de ciertos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que legislaron en forma atolondrada, sin tener en cuenta las realidades del país.

En los 67 artículos de la reforma se establecen: 1. Un pagador y afiliador único Salud Mía.

2. Un listado con los servicios, procedimientos y medicamentos a los cuales NO tienen derecho los colombianos.

3. Unos gestores o intermediadores entre los ciudadanos y los hospitales prestadores de los servicios, vía las Empresas Prestadoras de Servicios –EPS- y las autoridades municipales y departamentales.

4. Por medio de los buenos servicios, disuadir la “tutelomanía” aceptada por jueces incompetentes en medicina.

5. El Estado reasume la vigilancia, el control y la regulación del sistema por medio de la Superintendencia de Salud y del Invima, drogas.

6. Se crea un fondo de garantías para salvar las entidades quebradas.

Entiendo que si yo como ciudadano requiero de algún servicio médico, pues acudo a mi EPS o a una entidad territorial autorizada para ello, esto es, a un gestor. A continuación me remite este a un hospital o médico capacitado para atenderme. Los pagos a estas instituciones prestadoras de servicios -IPS- los realizará de manera directa Salud Mía. Los pagos a las EPS estarán atados a sus resultados y a comisiones. Los gestores o EPS no intermediarán dinero para las IPS como sucede a la fecha.

En términos generales el nuevo sistema parece lógico, debería funcionar bien. Se teme, empero, el gigantismo de Salud Mía, que bien podría terminar en manos de la politiquería y siendo tan ineficaz como el antiguo ISS o como Colpensiones. Persisten las dudas en la posible integración vertical entre las EPS y las IPS, con lo cual se posibilitarían los manejos dolosos.

Sospecho que Colombia está lejos todavía de disponer de los recursos financieros y de personal médico suficientes para brindar una atención de salud generalizada y de calidad para todos. Países riquísimos como Estados Unidos consideran que la socialización de su medicina les creará muy pronto problemas financieros gigantescos.

Esta reforma la radicó personalmente el presidente Santos en el Congreso con “mensaje de urgencia”. Pero al tiempo que la radicó, los parlamentarios radicaron otra de 14 artículos, titulada “Reforma Estatutaria a la Salud”, con el propósito de reglamentar el alcance al derecho de la salud establecido en la Constitución y que se ha aplazado durante décadas. Esta reforma paralela es una jugada maestra de la politiquería para supeditar la reforma de Santos y su posterior funcionamiento a la negociación de los nombramientos y de los presupuestos con los “políticos de turno”. Los promotores de ella sostienen que la prioridad radica en legislar sobre el derecho a la salud antes que reformar el sistema actual de servicios.

Quiera el Cielo que esta urgente reforma a la Salud no corra la misma suerte de otras reformas fundamentales promovidas por el presidente Santos, como la de la educación, la justicia, las pensiones, la paz con las Farc… reformas que no han logrado responder a las expectativas creadas por el propio Presidente, no siempre por su culpa, sino como consecuencia de los “retorcidos” de nuestro incompetente Congreso.

Tomado de:elespectador.com