el que se empezó a describir coloquialmente desde hace unos días como el ‘plan de choque’ que le daría una mano a la producción colombiana, el mandatario dejó en claro que la expresión “tiene una connotación (de) que hay algún tipo de crisis o emergencia, y ese no es el caso”.
En consecuencia, la criatura que nació tiene apodo: el Pipe. Esa es la sigla del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, el cual parte del principio de que una “economía que va bastante bien, no ha tenido el impacto positivo en todos los sectores y eso es lo que también queremos corregir”, según lo dicho por el Presidente.
Pero más allá de la semántica, es evidente que el Gobierno decidió tomar el toro por los cuernos ante las evidencias de desaceleración y adoptar una serie de decisiones que deberían beneficiar a la industria y la agricultura, entre otras actividades. El resultado mereció elogios de los gremios por el hecho de incluir tanto medidas de corte transversal que impactan a todos como las dirigidas a ramos específicos.
Dentro de las primeras, la más importante es la que tiene que ver con la tasa de cambio. Como resultado de obligar a los fondos de pensiones a ampliar su portafolio y comprar más divisas, el Ejecutivo tiene la meta de crear una demanda adicional de unos 5.000 millones de dólares en el mercado. Dicha cantidad se suma a las adquisiciones diarias que hace el Banco de la República y a la congelación de parte de los recursos de las regalías en el exterior, que deberían ser suficientes para contener la avalancha de dólares.
A lo anterior hay que agregarle que la balanza comercial del país cambió de signo y ahora es deficitaria. No menos importante es que los flujos de inversión extranjera directa se han moderado, con una caída del 8 por ciento hasta finales de marzo. La combinación de tales elementos debería incidir en que el precio del dólar suba y se ubique en cercanías a los 1.900 pesos, tal como aspira el Ministerio de Hacienda.
El recetario no termina ahí. Tal como se había solicitado, la administración tomó la decisión de anticipar en dos meses el desmonte parcial de las cargas parafiscales, lo cual beneficia a las empresas que usan mano de obra de forma intensiva. Al mismo tiempo se están mirando los temas de retenciones en la fuente y devoluciones del IVA para atender preocupaciones en torno al manejo de la caja.
Por otro lado, es encomiable la voluntad de intensificar la lucha contra el contrabando, tanto mediante el fortalecimiento de la policía fiscal y aduanera, como con la determinación de adquirir escáneres para inspeccionar la carga, la cual estaba enredada en la maraña de los celos institucionales. Igualmente, cayó bien el anuncio de mantener hasta agosto del 2015 la política de cero arancel para 3.094 partidas arancelarias que incluyen maquinaria y materias primas.
Desde el punto de vista sectorial, la idea es acelerar la inversión en infraestructura, así como darle un nuevo impulso a la construcción de vivienda a través de subsidios y tasas de interés. También habrá más oferta de crédito, al igual que apoyos puntuales a la agricultura.
Ahora lo que viene es poner en marcha las determinaciones para que tengan resultados en la práctica, algo fundamental en un Gobierno que es más rápido en los anuncios que en las ejecutorias. En la medida en que eso ocurra más pronto que tarde, los efectos se sentirán sobre una actividad productiva que tuvo un primer trimestre flojo y que aspira a ganar velocidad en el segundo semestre. Aun así, cuando se mira la baja en los precios de los principales productos de exportación que vende Colombia, es altamente improbable que se consiga la meta oficial de crecimiento del 4,8 por ciento en el 2013, por más Pipe que haya.
Tomado de:portafolio.co
