El número más elevado de sanciones (115, por 133.826 millones de pesos) se presentó en Santander, donde el sector palmicultor ha sido objeto de una estricta vigilancia por los inspectores del Ministerio debido a que buena parte de la contratación de trabajadores ha sido a través de CTA y que los deja en la informalidad.

Ese tipo de informalidad, explicó el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, esconde una relación laboral como si no lo fuera porque la vinculación del trabajador se hace a través de una CTA o un contrato sindical o de alguna forma que no refleja esa relación laboral.

Lo anterior significa que los trabajadores no cuentan ni con contrato con la empresa ni con afiliación a la seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación).

Al Gobierno le interesa castigar esas prácticas y, sobre todo, que el trabajador pueda dar el salto a la formalización, señaló el funcionario, quien recordó que la empresa sancionada tiene la opción de reducir o no pagar la multa si, mediante acuerdos de formalización, engancha directamente a los trabajadores con todos los seguros y prestaciones de ley. “Es decir, hay garrote y zanahoria”, dijo Pardo.

Al respecto, información del Ministerio da cuenta de que en el 2012 se firmaron acuerdos formalización en cinco sectores (portuario, azucarero, palmero, transporte y servicios públicos), que cobijaron a 14.302 trabajadores. En el primer semestre de este año, se han suscrito acuerdos en seis sectores de seis departamentos, que beneficiaron a 1.892 trabajadores.

“Donde más se ha avanzado es en el sector azucarero, pues prácticamente todos los corteros estaban por cooperativas y los pasaron a todos a contrato laboral; en puertos también, básicamente Buenaventura y Cartagena, donde había una serie de vinculaciones indirectas y pasaron contrataciones laborales”, indicó Rafael Pardo.

ENTREVISTA

 

ACUERDOS DE FORMALIZACIÓN, EN MARCHA

 

Los acuerdos de formalización son la ‘zanahoria’ que deben estimular a las empresas a librarse del garrote de las sanciones, comentó el ministro del Trabajo Rafael Pardo.

¿Cuál ha sido la acogida de esos acuerdos?
 

Las CTA se han reducido de 4.500 a menos de 3.000, y esas relaciones se han formalizado o escondido en otras formas, para hablarle con franqueza, en contratos sindicales (autorizado por el código del trabajo) o en SAS.
 

¿Cómo avanza ese proceso con los palmeros de Santander?
 

Allí solo ha habido un acuerdo de formalización (Bucarelia con 45 trabajadores formalizados; firmó el acuerdo hace 20 días), el resto ha sido multas; hay empresas que prefieren pelear la multa en los tribunales, otras, pagarla y seguir con el mecanismo de intermediación.
 

¿Qué pasa con las que no se acogen al acuerdo?
 

Tienen que pagar la multa y a la CTA se le cancela la personería.
 

Entonces las empresas, ¿cómo consiguen trabajadores?
 

Probablemente buscan otra forma de contratación de personal.
 

¿Y ustedes qué hacen?
 

Se hace inspección.
 

¿Y vuelven a multarlas?
 

No es una terquedad de las empresas, hay que decirlo de esa manera; es una situación en la cual las convenciones vigentes son tremendamente onerosas y la empresa resuelve no contratar la gente directamente, y lo que hace es buscar formas de intermediación no autorizadas, como las CTA, u otras intermediaciones que no están prohibidas, como las SAS.
 

Pero el trabajador sigue estando desprotegido…
 

No, porque está protegido con el contrato laboral.
 

¿La SAS lo afilia a los tres riesgos?
 

Sí.
 

Si eso es así, ¿cuál es el problema con esa contratación?
 

No hay problema, lo que no hay es una contratación directa con la empresa.
 

¿El Gobierno busca que el trabajador esté protegido?
 

Sí. En los acuerdos de formalización se exige que haya una póliza de cumplimiento de las acreencias laborales por cinco años, porque una SAS es muy fácil de hacer y deshacer. Hay el temor de que si se crea una SAS y se contrata por ahí en 15 días se disuelva y los trabajadores queden sin protección.

Tomado de:portafolio.co