Sin embargo, pese a los avances en la adopción de estas tecnologías en América Latina y el Caribe, no se ha logrado un impacto significativo en la productividad y su difusión en el mercado de trabajo.

Para examinar el tema, la Cepal y el Gobierno del Uruguay acaban de publicar ‘Una iniciativa sectorial para la difusión de las TIC en las empresas: la experiencia de Uruguay’, en la cual muestran los esfuerzos realizados por el país para diseñar una política que favorezca la incorporación de las TIC para mejorar el desempeño de las empresas, fomentando el acercamiento entre demanda y oferta local.
 

Del examen realizado, dada la complejidad de la relación que existe entre las TIC y la productividad, queda claro que es necesario que estas iniciativas deban desarrollarse en el marco de políticas industriales que apunten a modificar la estructura productiva.
 

El hecho es que la incorporación de las TIC básicas, como conexión a Internet, correo electrónico, procesamiento de datos, por sí solas, difícilmente llevan a incrementos significativos de la productividad de las firmas, ni aportan cambios sustantivos en su organización, en su manera de operar y en el modelo de negocio. Las iniciativas públicas que se limitan a favorecer el acceso de las empresas a las TIC, si bien se justifican en los casos que existan obstáculos para determinadas categorías de firmas, como las microempresas, tienen un impacto bastante limitado.
 

Para ser más eficaces, dichas políticas deben ir acompañadas por un conjunto de acciones que favorezcan la incorporación de aplicaciones de mayor impacto sobre el funcionamiento de las empresas, como el comercio electrónico o el uso de las páginas web para una mayor conexión con clientes y proveedores.

Ello se hace más evidente en el caso de aplicaciones más sofisticadas, como ERP, CRM y SRM, que por su misma naturaleza significan cambios en la organización de las empresas. En estos casos, la decisión de incorporar esas herramientas implica, por parte de la firma, el desarrollo de capacidades específicas y de modificaciones en su funcionamiento interno, así como de cambios en su estructura.

Tanto si se trata de herramientas básicas como de aplicaciones más complejas, el éxito de estas políticas depende de las características propias de las empresas y, por eso, deben ser diseñadas considerando cada firma como un caso específico.
 

Aplicando estos criterios al caso colombiano, es conveniente tener en cuenta que no basta cumplir con la meta prevista en el Plan Colombia Digital de incrementar las conexiones a Internet de las pymes, pasando de 7 por ciento en el 2010, a 20 por ciento en el 2012, y a 50 por ciento en el 2014, si este esfuerzo no se complementa con políticas más específicas que apoyen no solo el uso de las herramientas básicas, sino también aplicaciones más complejas.

Los instrumentos que aplique Colombia para el fomento de las TIC en las empresas no debe limitarse a las pequeñas, como el programa MiPyME Digital, sino a las grandes. En este sentido, iNNpulsa, que está cumpliendo un año desde su fundación, debe apoyar compañías de todos los tamaños y en cualquier sector, y trabajar con el apoyo de las entidades territoriales, universidades, gremios y cámaras de comercio.

Tomado de:portafolio.co