En medio de la eterna y aún inconclusa polémica por el cobro de valorización para financiar obras en Bogotá, sorprende que poco se haya escuchado a Óscar Borrero, quizás el colombiano que más ha estudiado este tema en Colombia y autor de un reciente informe sobre la materia contratado por la Procuraduría General de la Nación en el que concluye que el cobro de valorización en la capital es ilegal y tiene graves fallas técnicas.

Los resultados del estudio fueron revelados por este consultor urbano y experto en finca raíz en Quito, Ecuador, donde esta semana transcurre el Foro Latinoamericano sobre Instrumentos Notables de Intervención Urbana, convocado por el Lincoln Institute of Land Policy, de Estados Unidos. El encuentro ha convocado a planificadores urbanos de más de 200 ciudades de América Latina –incluyendo funcionarios de alto nivel de la administración distrital.

Durante tres días, todos los participantes al evento han sido generosos en elogios para Colombia y su normativa urbana. Aplauden su ley de ordenamiento territorial y los sistemas catastrales de Bogotá y Medellín. Del mismo modo, un igual número de flores han llovido sobre la figura del cobro por valorización. Tanto así, que en el momento en que se escribe esta nota, Borrero le dicta un curso a tomadores de decisión de todo el continente sobre la materia.

Irónicamente, Borrero se ha visto en la difícil situación de defender acá las bondades de este tipo de “instrumento”–la recaudación extraordinaria y anticipada de recursos para financiar intervenciones urbanas que valorizan la propiedad de los ciudadanos- mientras que en Colombia la valorización no deja de causar alergia y tiene la Administración y al Concejo en una encrucijada política.

¿Qué salió mal en Bogotá? Borrero tiene algunas respuestas y dice tener la fórmula para resolverlo.
Usted sostiene que el cobro de valorización en la capital es ilegal, ¿por qué?

Porque la legislación colombiana, desde el artículo 317 de la Constitución, dice muy claramente que en el país se puede hacer ese cobro en función del beneficio que genere la obra a la propiedad inmueble y no en función del beneficio al ciudadano
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¿Y acaso esa no es la forma en la que se cobra valorización en la capital?

Bogotá lo hizo así, muy juiciosamente, hasta el acuerdo 25 de 1995, que fue el anterior cobro de valorización, a través del cual se construyeron la avenida Ciudad de Cali, la avenida Iberia y la prolongación de la Boyacá hasta el norte. Hasta ese momento, la ciudad solía estudiar el efecto valorización y el efecto de capacidad de pago de las personas. Pero luego vino el acuerdo 180 de 2005, y allí se cometió un error: el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) no hizo nuevos estudios, asumió que los que se habían realizado en 1995, por parte de la Universidad Nacional, seguían siendo válidos.

Entonces, el acuerdo 180 terminó reciclando cálculos de diez años atrás…

Pero además, no hizo estudios de valorización de los inmuebles. Y añadió en uno de sus artículos que Bogotá entiende por beneficio no solo la valorización de los mismos sino las mejoras en movilidad, calidad de vida, condiciones sociales y bienestar de los ciudadano. Con esto, convirtió un beneficio de la propiedad inmueble en un beneficio al ciudadano.

De ahí estriba la ilegalidad que usted y muchos expertos señalan silenciosamente… ¿esa también es la razón por la que terminó cobrándosele mucho a gente que vivía considerablemente lejos de algunas obras?

No. Lo que pasó lo descubrimos cuando hicimos el estudio para la Procuraduría, luego de un foro que realizamos en 2010, en el que participó como organizador Gerardo Ardila (hoy Secretario de Planeación). A ese foro asistieron los “cacaos” de la valorización: esos expertos individuales que tiene cada ciudad, que duran toda la vida trabajando en el Estado, que no escriben y no enseñan para que nunca los saquen y que atesoran el complejo conocimiento técnico del cobro de valorización.

Son los que tiene la fórmula de la Coca Cola…

Exacto. Y dos de ellos nos contaron todo, porque estaban a punto de jubilarse.
¿Y qué contaron los “cacaos”?

Luego de escucharlos, llegamos a la conclusión de que algunas ciudades, entre ellas Bogotá, cuadraron el cobro a machete, para que les diera el monto para financiar cada obra. Como se construían obras grandes en zonas donde no daba la capacidad de pago, los técnicos le metían más gente (ampliaban las zonas de influencia). Así, poco a poco, un cobro por valorización local se volvió un cobro local-general.

¿Ocurrió lo mismo con el cobro de valorización del Plan Zonal del Norte (POZ)?

Sí, y por eso el alcalde Gustavo Petro está proponiendo su derogación. La regla tradicional estipula que un cobro de valorización no puede extenderse más allá de cinco kilómetros de distancia de la obra. Pero en el caso del POZ Norte, como no daba, entonces lo ampliaron a seis, ochos, ¡hasta 12 kilómetros! Yo recuerdo que el año pasado María Mercedes Maldonado (hoy secretaria de Hábitat), que era entonces Secretaría de Planeación, se reunió con la directora del IDU y le dijo: “ese acuerdo es ilegal”. Ella es conciente.

Y si la valorización “a la bogotana” es ilegal y está mal diseñada ¿por qué se demoró tanto la ciudad en decidir reformarla?

Porque no convenía tumbarla, perderíamos la productividad de Bogotá.
¿A qué se refiere?

Bogota necesita esas obras y todos los gremios lo saben; es una de las pocas ciudades de Colombia que no tiene vías de entrada. La Autopista Sur, la calle 13 y la Autopista Norte están colapsadas. Cuando usted no tiene vías de entrada, no tiene productividad. Hoy en día muchas empresas se han salido de la ciudad y se han ido a Mosquera, por ejemplo, por el problema de la entrada de los vehículos de carga.

Entonces, todo el mundo –hasta los funcionarios de la administración- sabían que el tema tenía problemas, pero coincidían en que había que hacerlo…

Sí, además porque la mayoría de gente lo estaba pagando y la ciudad a su vez estaba garantizando recursos. Analice las estadísticas de la encuesta de Datexco que publicó la revista Semana hace 15 días: muestran que dos terceras partes de los bogotanos prefieren pagar la valorización a endeudar a la ciudad. Nunca una ciudad sale a responder en una encuesta que quiere pagar impuestos. Pero la valorización tiene la ventaja de que las personas ven las obras, por eso hasta las clases populares piden que les cobren valorización.

Lo irónico es que todos dijeron: ese cobro funciona aunque está mal diseñado, y en lugar de reformarlo, dejaron que siguiera su marcha hasta que se cayó por su propio peso y se transformó en un problema político para el alcalde (que lo cobró) y para el Concejo (que lo aprobó en 2005)…

Sí, y eso es abusar del ciudadano.

La gran pregunta es: el problema del 180 es técnico, la crisis es política. ¿La reforma a la valorización propuesta por el alcalde es técnica o política?

Más allá de los aspectos técnicos, el alcalde enfrenta una posibilidad de revocatoria. Por eso aprovechó al comienzo para decir que al estrato 1,2 y 3 no se le cobrara la valorización. Luego, como vio que al estrato tres sí había que cobrarle -porque si no, no hay quién cobrarle-, entonces resolvió eximir al estrato dos. Poco a poco, un tema técnico terminó confundiéndose con un tema político, demagógico.

En medio de todos esos cálculos, el alcalde ha salido con ideas como la de introducir en el cobro de valorización nuevas obras como construir pasos deprimidos en la Caracas ¿Cómo interpretar esas salidas del alcalde?

Adentro de la administración hay gente buena. Pero el alcalde es una persona que está acostumbrada a manejar un ejercito guerrillero. Y esa es la cultura de él: pura verticalidad, sus funcionarios le tienen que obedecer sin que él les consulte. Hablando con Paul Blomberg, coincidimos en que Petro es un hombre muy inteligente pero la demagogia lo hace llevar a decisiones no inteligentes. Enterrar la Caracas era una propuesta antitécnica, no tenía estudios ni impacto de valorización

Y ahora, luego de tres meses de bandazos, el alcalde quiere derogar el acuerdo. ¿Eso es una decisión técnica o política?

¿Usted piensa que un instrumento que ha utilizado Bogotá durante 70 años es bueno derogarlo? Petro respondería sí, “hasta que no se estudie”. Y quiere endeudar a la ciudad y que sea la generación siguiente la que pague.

Pero tumbar la valorización pone en riesgo el desarrollo de la ciudad, como usted ya señaló…

Y un hecho más: en la primera fase del acuerdo 180 pagamos más de cien mil millones de pesos para realizar estudios de obras de la fase II. Entonces, o se devuelve la plata o se hacen las obras. Y lo que se la ha dicho al alcalde es que se hagan las obras que tienen estudios. Hay una cantidad de obras pequeñas que no vale la pena hacerlas. Pero sí hay que hacer el sistema vial de Bogotá, que se necesita.

En medio de este pulso político y poco técnico en el que se han enfrascado Petro y el Concejo, ambos bandos se han sentado de nuevo a ver si logran ponerse de acuerdo, ¿cuál es la salida?

Hacer la fase II corregida. Es decir, cobrar y hacer aquellas obras que ya tienen estudios. Mientras tanto, revisar otro acuerdo de valorización y revisar también el estatuto de valorización de Bogotá.

Pero justo esto iba a suceder la semana pasada, y el alcalde prefirió que no se votara el acuerdo porque los concejales se negaron a aprobarle el cupo para el resto de obras, argumentando con que no hay estudios técnicos para justificar una deuda de 4.3 billones…

Aquí lo importante es saber qué es lo que necesita Bogotá. Y Bogotá necesita obras. Es muy fácil que se pongan de acuerdo, si el alcalde accede a cobrar por valorización las obras de la fase II que ya tienen estudios y el Concejo acepta aprobarle un cupo de endeudamiento para construir obras vitales para el transporte masivo como el metro, los metrocables y la troncal de Transmilenio.

Tomado de:elespectador.com