Claribed y Berta cuentan que desde antes de ser mayores de edad se vieron forzadas a trabajar en el servicio doméstico en diferentes ciudades del país. A los 14 años, Claribed fue obligada a emplearse con una familia ajena, y Berta comenzó a hacerlo a los 16 años, cuando no encontró otra opción para subsistir. Sus historias son las de miles de mujeres en Colombia que han dedicado la mayor parte de su vida a ser empleadas domésticas y a hacerlo en condiciones de informalidad. Un artículo de la recién radicada reforma laboral abre una esperanza para erradicarla. Exige que los contratos de estas trabajadoras sean escritos, no orales, y obliga a los empleadores a depositarlos en el Ministerio de Trabajo para que este pueda conocerlos y hacerles seguimiento.
El ajuste busca ayudar a una población mayor a la de todos los habitantes del Quindío. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en 2019 aproximadamente 687.000 personas trabajaban en servicios remunerados del hogar, de las cuales el 95% eran mujeres. La misma encuesta en 2017 arrojó que el 61% de las trabajadoras domésticas ganaba menos de un salario mínimo, algo que es ilegal, y que el 77 % recibía alimentos como forma de pago. Muchas de esas mujeres eran jóvenes y niñas. Así lo denunció hace una década el entonces ministro del Trabajo, Rafael Pardo: “Sorprende que alrededor de 1.000 niñas entre 10 y 14 años se desempeñan en estos oficios en condición de internado”.
Ante ese panorama tan complejo, la presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico, que agrupa a más de 1.200 trabajadoras de servicios del hogar, cree que aprobar ese artículo sería clave para su gremio: “Nos esperanza mucho que haya quedado en la reforma, pues la tasa de informalidad en el sector del trabajo doméstico es altísima. Somos conscientes de que la formalización no mejora porque no hay contratos escritos”, explica Claribed Palacios García.
Como en el caso de Claribed, varios estudios han demostrado que ese trabajo lo realizan mujeres, usualmente pobres o vulnerables. En todo el mundo, las mujeres, niñas y jóvenes que son empleadas domésticas suelen tener un origen migrante o provenir de contextos violentos. Mayoritariamente realizan labores remuneradas de cuidado en los lugares a los que se ven forzadas a desplazarse.
Sus garantías laborales han ido incrementando lentamente en Colombia. En los años setenta se aplicaba un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que no eximía a las niñas y jóvenes de prestar servicios domésticos nocturnos. En 2016 se aprobó la ley que les otorga el derecho a la misma prima de servicios que tienen todos los trabajadores. Aún así, para muchas de estas mujeres esa norma no pasó del papel, e incluso para las que sí, siguen haciendo falta otros derechos.
Para Berta Villamizar, quien lleva 42 años en este oficio y pertenece a la Intersindical de Trabajadoras Domésticas, lograr la aplicación eficaz será otro de los retos, pero resalta que ya es un progreso que haya leyes explícitas que regulen su oficio: “Nuestra lucha va ser para leer a profundidad y divulgar esta reforma de una manera pedagógica”. Villamizar espera que se genere conciencia entre los empleadores: “Esperamos que cumplan. El trabajo doméstico para los empleadores ha sido ‘una colaboración’ o ‘una ayuda’, cuando lo que hacemos es extenuante y el pago es mínimo”.
La reforma sostiene la aplicación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Colombia ratificó en 2012 y en el que se comprometió a implementar “medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos”.
En esa misma línea de protección a las empleadas domésticas, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece otro avance. Se trata de incluir, en un programa nacional de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, “una estrategia de inspección, vigilancia y control a los hogares que contraten servicios de cuidado”. En otras palabras, que el trabajo doméstico pueda tener las mismas visitas o revisiones que tienen los trabajos en comercios, oficinas o fábricas.
Para Palacios, esos dos avances se deben articular. “La exigencia de contratos escritos debería funcionar como un engranaje con lo que se establece en el PND. Esperamos que en el Congreso se mantenga, solo así será posible garantizar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas en Colombia”, dice. Y sugiere que sería un buen precedente. En América Latina, para 2013 y según la OIT, una de cada siete mujeres se dedicaba a este oficio.
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