El fallo de la Corte Constitucional que fijó un tope máximo de 25 salarios mínimos para las pensiones de congresistas y magistrados, generó malestar entre exintegrantes de las altas cortes por considerar que afecta los derechos adquiridos, lo que podría ocasionarle un problema mayor al Estado.

Esto porque la Corte ordenó reliquidar pensiones millonarias, para quienes las hayan obtenido en ese régimen especial. Así, desde el primero de julio de 2013 la mesada será de máximo 14,6 millones de pesos. La medida afectaría a cerca de 196 exmagistrados de las altas cortes, no menos de 610 excongresistas (36 de ellos de Antioquia) y un alto número de exfuncionarios del Estado.

El expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, uno de los afectados por la decisión, espera conocer la sentencia definitiva para analizar qué recurso interpondrá: puede ser una solicitud de aclaración o bien acudir a instancias internacionales. 

"Habría que mirar si hay alguna posibilidad de defensa por haber desconocido los derechos adquiridos en buena fe de personas como en el caso mío, que coticé durante 34 años de acuerdo con el salario y que obtuvimos pensiones conforme a las normas legales vigentes", dijo.

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Alfonso Vargas, dijo que la misma Corte Constitucional había estipulado que estaba bien que el Congreso creara regímenes especiales en relación a altos cargos y que sigue creyendo en los derechos adquiridos. Por eso cree que se respetarán los derechos adquiridos. 

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, consideró que la Corte se metió en un gran problema porque en el acto legislativo 01 de 2005 que indica ese tope máximo de 25 salarios mínimos, también se expresa claramente que se respetarán los derechos adquiridos. 

Para el jurista, una cosa son las pensiones que se obtuvieron de forma amañada, el llamado "carrusel de pensiones" en el que magistrados estaban solo unos meses en el cargo y salían con altas pensiones, y otra cosa son las pensiones adquiridas de forma legítima. 

Para el abogado Julio Orozco, lo que se espera, "en honor a la equidad y estabilidad financiera del sistema", es que se ordene una vigencia retroactiva de dichos topes desde el día en que fue proferido el acto legislativo No. 1 de 2010.

"Eso implica que se deben revisar y reliquidar todas las pensiones que se causaron desde dicho momento, y si se prueba que algún exfuncionario público percibió la pensión de mala fe debe devolver dinero y someterse a una investigación penal, pues es un detrimento al erario y un delito", explicó Orozco.

tomado de:elcolombiano.com