Por no compartir la decisión del Gobierno de realizar el censo nacional agropecuario en el primer semestre del año entrante, el director y el subdirector del Dane, los economistas Jorge Bustamante y Juan Carlos Guataquí, renunciaron de manera irrevocable a sus cargos.

 

En su renuncia, Bustamante considera “particularmente inapropiado” que el censo se realice en medio de la “consulta previa de los partidos, elecciones para Senado y Cámara, primera vuelta presidencial y segunda vuelta, si fuera el caso”.

 

Anticipar seis meses el operativo previsto inicialmente para el segundo semestre del 2014 es problemático, pues, advierte el funcionario en su carta, “la contratación de 20.000 encuestadores, su movilización y la logística son complejas, máxime cuando, además de su posible contaminación política, se compite con la movilización electoral”.

 

¿Cómo garantizar que un encuestador, en medio de las campañas electorales, no lleve propaganda, como afiches, camisetas, de uno u otro candidato? Ahí existe un riego de contaminación, comentó Bustamante.

 

Además, la movilización política propia de la época electoral puede llevar a que los encuestadores encuentren predios rurales sin gente cuando hagan las visitas.

 

Para César Caballero, exdirector del Dane, el Gobierno se equivocó al no financiar el censo agropecuario –el último fue hace 44 años–, contemplado en el Plan de Desarrollo y previsto para el segundo semestre de este año y que, además, hace parte de los compromisos adquiridos con las Farc en los diálogos de La Habana.

 

Después de varios tropiezos, según la carta del director del Dane, al calor de los paros y bloqueos agropecuarios y de las negociaciones con las Farc, en agosto de este año se convocó un Confis para expedir una vigencia futura presupuestal, lo que implicaba realizar el censo, que cuesta alrededor de 200.000 millones de pesos, en el primer semestre del 2014. Sin embargo, con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el entonces titular de Agricultura, Francisco Estupiñán, se acordó que se haría en el segundo semestre.

 

No obstante, el lunes de la semana pasada, el consejo de ministros decidió anticiparlo a la primera mitad, lo que también fue una equivocación, señaló Caballero, pues es en ese momento en que se debe contratar a 20.000 personas y esto genera suspicacias. Y la ley de garantías ¿qué?, se preguntó. “Hacer el censo en el primer semestre es altamente inconveniente”, enfatizó el exdirector del Dane.

 

La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Tatyana Orozco, justificó el adelantamiento del censo en que la coyuntura del sector rural colombiano necesita urgentemente información actualizada para tomar decisiones acertadas en materia de política pública en el marco del Pacto Nacional Agrario.

 

La funcionaria dijo que Bustamante argumentó que “la etapa contractual era muy compleja, sin que ofreciera una alternativa para empezar con el censo dentro de lo previsto, como lo requiere el país”.

 

Pero Bustamante tiene más temores. Se pueden distorsionar los resultados de la recolección de la información y se lamenta porque “las decisiones de política pública que se avecinan para el sector agropecuario son parte de las que pueden garantizar la construcción y avance de un clima de convivencia y de paz en nuestro país”. El segundo semestre, en cambio, es una ‘etapa fría’, donde ya no hay agite electoral y el ambiente es más propicio para el censo.

 

El operativo censal permitirá conocer con mayor certeza cuál es la situación del campo, cuántos predios alberga, sus extensiones y su uso, entre otros aspectos, claves para diseñar la política del sector agropecuario.

 

Esta es la tercera renuncia del funcionario, que, junto con la del 18 de junio, es irrevocable y en la que anunció que estaría en el cargo hasta el 31 de julio. En la de ayer precisa que ejercerá hasta el 14 de octubre.

 

Guataquí, por su parte, manifestó en su renuncia que su criterio técnico lo llevaba a estar en desacuerdo con la decisión mencionada.

Tomado deportafolio.co