Al tiempo que el Gobierno anuncia un plan para estimular a la industria manufacturera y extrema las medidas anticontrabando, se toman otras decisiones administrativas que ponen en mayor riesgo la producción nacional de sectores claves como textiles, calzado y confecciones.

El próximo martes se hará efectivo el Decreto 601 del primero de abril pasado, que deroga el Decreto 1299 de 2006 y suprime la solicitud que deben hacer a la Dian los importadores de licores, telas, prendas de vestir y calzado, clasificados por los capítulos 50 al 64 y la partida 2208 del Arancel de Aduanas.

Según la nueva disposición, “este registro no contribuye al control del contrabando y otras formas de ilegalidad, debido a que es un trámite meramente manual y que por el contrario facilita la generación de maniobras fraudulentas para la obtención del registro y la utilización del mismo”.

Además, el decreto reconoce la necesidad de “implementar nuevos mecanismos” para controlar el comercio ilícito y resuelve que la Dian identifique a personas naturales y jurídicas que serán objeto de control.

Hasta ahora no han servido de nada ni tenido respuesta las cartas que gremios de confecciones, textiles y calzado han enviado a la Dian y los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio. 

Lo cierto es que los industriales consideran inconveniente la medida y advierten altos riesgos. Su preocupación llega al punto de señalar que se abre un boquete para el contrabando técnico (subfacturación) y la aparición de más empresas de papel empleadas para lavado de activos y todo tipo de prácticas ilegales de redes criminales.

“Hoy estamos muy perjudicados por las importaciones masivas (sobre todo, provenientes desde Asia) y a unos precios injustificables. Por eso nos da temor que quitando la medida, ahora cualquiera pueda ser importador”, considera María Eugenia Montoya Hernández, directora Ejecutiva de Asotextil.

Este gremio de 70 distribuidores de textiles e insumos para la confección manejan volúmenes mensuales de cartera en el país cercanos a los 700.000 millones de pesos.

Por su parte, el gremio del calzado, el cuero y sus manufacturas, Acicam, llama a la cordura de mantener la medida hasta que se garantice el pleno funcionamiento de un más efectivo Sistema de Administración de Riesgos de la Dian.

“A pesar de que la aplicación de la medida fue inferior a la eficiencia esperada en el diseño de la norma, al menos es útil para filtrar empresas dudosas, usadas para importaciones de altos volúmenes de calzado”, señala Luis Gustavo Flórez Enciso, presidente de esa agremiación. 

Las cifras del Dane arrojan que solo en 2012 las importaciones crecieron a tasas de 19 por ciento, mientras las exportaciones lo hacen a solo 1,1 por ciento. 

Y hay un agravante que podría llegar a pronunciarse con la medida del Gobierno: una alta subfacturación del 42 por ciento de las importaciones de calzado, 25,3 millones de pares, por debajo de los precios de referencia, según cálculos de Acicam.

En un tono más moderado, pero con igual preocupación, los confeccionistas representados por la Cámara Colombiana de la Confección y Afines destacan los esfuerzos del Gobierno por tener un mayor control de aduanas, pero es insuficiente como para retirar una medida que en algo aportaba.

La directora del gremio, Carolina Blackburn Villota, opina que “con las falencias actuales que tiene el sistema de riesgos y control de mercancía que ingresa al país, sumándole la supresión de esta medida de control, se incrementarán los niveles de subfacturación y contrabando que, de por sí, ya son bastante preocupantes”.

Frente a estas inquietudes de la industria y para conocer de nuevas medidas de control, este diario intentó comunicarse, sin éxito, con la directora de Gestión de Aduanas de la Dian, Claudia Gaviria Vásquez n

tomado de:elcolombiano.com