Uno de ellos tiene que ver con el cambio en la tributación del impuesto de renta para personas naturales. Los congresistas han hecho saber que su principal preocupación es que la clase media va a ser golpeada. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que uno de los cambios al proyecto de ley es que quienes ganen menos de $3.350.000 al mes no pagarán renta, frente al $2.600.000 que se había planteado inicialmente, “por error”.

El asunto, para algunos, es que alguien con un salario de $3,5 millones es clase media. Por otro lado, dicen que el sistema no será simple. “La nueva configuración del tributo hace mucho más compleja la declaración de renta para personas naturales, al establecerse para cada tipo de actividad una forma particular de liquidación de renta gravable, que podría resultar inequitativa”, dice un estudio de Deloitte y la Universidad Externado de Colombia.

El nuevo esquema del impuesto para sociedades tampoco convence y, por el contrario, preocupa. El senador Jorge Enrique Robledo dijo que la reforma es regresiva, ya que “les disminuye en $8,06 billones los impuestos a las empresas más poderosas y para compensar los aumenta al pueblo raso y a las capas medias”.

A menos de dos meses de que termine el periodo legislativo y sin avanzar en el debate, los congresistas han propuesto foros en el país para aclarar el proyecto. El tiempo avanza y la discusión se carga más de divisiones que de consensos y de marchas en contra como la que llevará a cabo la CUT el primero de noviembre.

Sistema que no es alternativo

Según lo ha explicado el Gobierno, se busca hacer más equitativo el país con el Impuesto Mínimo Alternativo (Iman), para la depuración del tributo de renta para personas naturales. El director de Impuestos de Kpmg, Camilo Rodríguez, explicó que el contribuyente estaría obligado a determinar su renta por el sistema ordinario, pero en ningún caso la tarifa puede ser inferior al Iman. “Se volvió obligatorio y eso traerá consecuencias desde el punto de vista constitucional”, agregó.

Estabilidad jurídica, en vilo

El nuevo impuesto que financiará el Sena, el Icbf y los aportes a la salud, la Contribución Empresarial para la Equidad (Cree), lo tendrán que pagar todas las empresas, incluso las zonas francas. Aquellas, que están sujetas a una menor tarifa de renta, una de 15% a la actual del 33%, se les aumentaría la tarifa al 23%. Expertos aseguran que este cambio en las reglas del juego las afectarán y podría “causarle la muerte”, según Édgar Martínez, director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi.

Menos a renta y a parafiscales

La tarifa del impuesto de renta pasa del 33% al 25% y por esto, según el Gobierno, se dejarán de recaudar $8,7 billones. Sin embargo, a este tributo se suma un 8% del Cree, que recaudará $10,1 billones y se destinará específicamente al Sena, Icbf y salud. La crítica es que la financiación de estas entidades estarán amarradas a las utilidades de las empresas que están sujetas a los vaivenes de la economía. Según el senador Jorge Robledo, además se les mantendrán descuentos tributarios.

A regular el impoconsumo

Un estudio de la Andi afirma que se debe especificar que el nuevo impuesto al consumo del 8% recae sobre el servicio del restaurante y no sobre los alimentos y bebidas expendidos, “en aras de evitar que la simple venta en mostrador de alimentos o bebidas, quede gravada con el impuesto al consumo”. El presidente del gremio, Luis Carlos Villegas, dijo que es necesario especificar esto en el proyecto de ley para evitar “tentaciones de interpretación” por parte de la Dian.

Tomado de: Larepublica.com.co