Aunque desde 2007 en el país se abrieron las puertas para que las empresas emitan sus facturas de forma electrónica en lugar de hacerlo en papel, solo hasta 2015 se creó una normatividad para masificar este instrumento que ayuda a optimizar procesos en las compañías y que busca reducir la evasión de impuestos, que tan solo en IVA alcanzaría entre 23% y 40% de lo efectivamente recaudado.

Esta nueva alternativa de facturación genera expectativas en la Dian y entre las empresas que buscan hacer negocios a partir de la factura electrónica; es decir, los operadores que proveerán los sistemas tecnológicos para emitir dichas facturas, y los que buscan administrar un mercado unificado en el que se podrán negociar las facturas electrónicas.

Para ser operador, lo primero que se requiere es tener la capacidad de emitir facturas electrónicas. La Dian realizó un plan piloto que terminó en octubre pasado, con 59 empresas interesadas en ser facturadoras electrónicas o proveedores de servicios tecnológicos. A la fecha se han expedido 33 resoluciones de habilitación para facturar electrónicamente.

Una de las firmas que ya lo va a empezar a hacer es Aviatur. Samy Bessudo, su presidente, explica que, además de lograr una mejora en sus procesos por medio de la automatización, también obtendrán una reducción de 55% en costos en la emisión y de 35% en la recepción de documentos, que además serán más seguros. “Eso sin contar con la disminución del impacto ambiental que se logra al no utilizar papel”, señala.

 

El plan de Aviatur es empezar a facturar electrónicamente en junio, mientras que la recepción de facturas de proveedores se realizará a partir de diciembre de 2017.

Otra firma que estuvo en el plan piloto y que no solo quiere facturar electrónicamente sino también ser operador es Certicámara, entidad de certificación digital de propiedad de varias Cámaras de Comercio. Héctor José García, presidente de la empresa, dice que planean emitir su primera factura electrónica en marzo y que luego empezarían a ofrecer sus servicios a terceros para que puedan emitir y recibir facturas electrónicas.

La reforma tributaria estableció que los contribuyentes que tengan la obligación de declarar y pagar IVA e impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del primero de enero de 2019. El resto de empresas lo podrán hacer de forma voluntaria.

García explica que los usuarios de factura electrónica deberán comprar licencias similares a las que adquieren con programas de software para poder emitir facturas electrónicas. “Es parecido a cuando se compra un talonario de facturas a un impresor, entre más se compren resulta más económico”, dice y explica que hoy una factura en papel tiene un costo que puede ir de $300 a $3.000, pues además del papel y la impresión hay que sumar el valor del envío y el almacenamiento, todo lo cual queda obsoleto con la versión electrónica. Así mismo, se evita el riesgo de pérdida de la factura, que es un título valor. Cuando hay problemas con una factura se puede iniciar un juicio ejecutivo, pero si este documento se pierde solo queda la opción del juicio ordinario, que es mucho más demorado.

García estima que con el software digital cada factura va a costar entre $200 y $300 y, según cálculos de Certicámara, en el país hay unas 900.000 Pymes formalizadas que emiten 200 millones de facturas al año.

Varios interesados

Estas cifras hacen atractivo el negocio de los operadores y, por eso, es factible que varios compitan por proveer este servicio, más teniendo en cuenta que hacia 2020 entre 90% y 95% de las compañías del país facturarían bajo dicha modalidad.

Adicionalmente, para atender al segmento Pyme la Dian está desarrollando una plataforma gratuita que les permita emitir y recibir facturas electrónicas. Por ahora, si la Pyme es proveedora de una gran empresa, esta será la que deberá costear la tecnología que permite recibir las nuevas facturas.

Adicionalmente, el Gobierno planea crear un mercado unificado de factoring; es decir, un instrumento bajo el cual una empresa que necesita liquidez y que tiene facturas por cobrar a 30, 60 o 90 días, se las traspasa a un tercero que le da dinero de manera inmediata con un descuento sobre el valor de la factura. Luego, el comprador de la factura la cobra al emisor o la revende a un inversionista.

En el país ya está desarrollado el mercado de factoring con las facturas de papel y ahí son muy activas las entidades financieras y firmas mercantiles vigiladas por la Supersociedades. Sin embargo, por sus costos, las Pymes no tienen suficiente acceso al factoring.

Por eso, el Plan de Desarrollo ordena reglamentar la puesta en funcionamiento del registro de facturas electrónicas como título valor, el cual está a cargo del Ministerio de Comercio, que podrá contratar con terceros la administración de dicho registro.

 

Para cumplir con ese objetivo, el Ministerio hará una licitación y se sabe que uno de los interesados es una alianza entre la Bolsa de Valores y Deceval, que ofrecen su experiencia en la administración de títulos desmaterializados y con las cámaras de riesgo de contraparte.

Aunque actualmente ya se negocian facturas de forma electrónica, se hace a través de distintas pantallas y la idea es unificarlas para evitar duplicaciones o negociaciones con títulos inexistentes.

En el Ministerio de Comercio dicen que lo que se pretende es generar confianza en todos los actores involucrados en la circulación y negociación de la factura electrónica como título valor, empleando mecanismos confiables de identificación y comunicación, garantizando la protección de los derechos de terceros. “Los empresarios, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas, tendrán liquidez inmediata al facilitarse la negociación de las facturas electrónicas que emitan, en razón a que no tendrán que esperar al vencimiento para su pago”, dicen en esta cartera.

Quedan dos años para que Dian, empresarios, operadores e inversionistas se ajusten a las nuevas normas y muestren qué tan preparado está el país para la economía digital.

Casos Aislados

Tras el reciente escándalo que se produjo con las libranzas, los focos empezaron a apuntar hacia el mercado de factoring extrabancario. La Superintendencia de Sociedades vigila a aquellas firmas inscritas en el Registro Único Nacional de Factores, que son aquellas compañías que tienen como único objeto social el factoring y que hacen operaciones superiores a 30.000 salarios mínimos ($22.131 millones). Allí hay inscritas 8 compañías, pero entre 2016 y 2017 el organismo intervino dos firmas porque estaban haciendo captación ilegal o por falsificación de facturas. 

No obstante, en la Supersociedades aclaran que no han recibido más quejas por esta actividad y que con la facturación electrónica se reducen las posibilidades de fraude.

En eso coincide Eduardo Rincón Herrera, presidente ejecutivo de Asofactoring, quien aclara que la operación de factoring y la de libranzas son muy distintas y que las 58 compañías que representa no tienen ningún tipo de problemas, pues evalúan bien al originador de la factura antes de hacer la compra con descuento. 

Añade que ellos no solo redescuentan facturas, sino también otros instrumentos como pagarés y cheques y que, recientemente, los bancos les han quitado mercado, pues por su tamaño pueden ofrecer tasas de redescuento más atractivas que las de las empresas mercantiles de factoring.