Contrapartida
De Computationis Jure Opiniones
Número 1048, Noviembre 10 de 2014
Hay una gran expectativa sobre si la comunidad participará en este proceso. Como se sabe, hasta el momento las convocatorias del CTCP han sido un fracaso, debido a la muy baja movilización que han logrado. Al Gobierno esto no le ha importado, siendo claro que se limita a cumplir con el trámite ordenado por la ley, aunque sus resultados están lejos de una verdadera intervención democrática y, por tanto, han sido incapaces de imprimir legitimidad a las regulaciones. Más aún: sabemos que muchos se alegran de tan minúscula respuesta porque les ha facilitado alcanzar sus objetivos. Con todo, se equivoca el Gobierno si cree que en estos casos el que calla otorga.
Varios académicos han manifestado públicamente que no se hacen presentes con sus comentarios sobre las propuestas del CTCP porque ello implicaría legitimar lo hecho por dicho organismo. Ellos prefieren dar a conocer sus opiniones en las aulas y en los distintos eventos académicos. Aunque no compartimos su posición, es claro que inciden mucho más que las autoridades de regulación, normalización, supervisión y disciplinarias, en la comunidad contable.
Dos ideas brotan, simultáneamente, de una primera lectura del proyecto. Por un lado, nos parece que demuestra (o aparenta) un desconocimiento sobre el derecho contable nacional, tanto en materia de contabilidad como de revisoría. De otro, deja en claro una intención ya anunciada: el debilitamiento de la revisoría fiscal y su transformación en un instrumento para proveer servicios de aseguramiento. Ahora bien: el proyecto es insuficiente para materializar lo que pretende, porque deja vigentes muchas disposiciones contenidas en normas legales que no menciona.
Como lo hemos anotado antes, muchísimos empresarios celebrarán esta propuesta, puesto que elimina la fiscalización sobre ellos. Varios contadores, sobre todo los de empresas sometidas a supervisión estatal o con alta visibilidad tributaria, también aplaudirán este proyecto, porque significa menor exposición a los reproches de las respectivas autoridades, lo que, sin duda, por implicar una disminución del riesgo profesional, generará un aumento de rentabilidad. Hay varias posiciones posibles: aplaudir, criticar las normas sugeridas y las justificaciones expuestas, enfocar la discusión sobre el núcleo de la propuesta, introducir mejoras y correcciones al proyecto, presentar alternativas, acudir a la opinión pública, cerrar los ojos y esperar los resultados. Sea cual fuere la actitud que se adopte, conviene recordar que la expedición de una ley es cuestión de política, es decir, de poder.
Hernando Bermúdez Gómez
Pontificia Universidad Javeriana
De Computationis Jure Opiniones
Número 1048, Noviembre 10 de 2014
