Contrapartida
De Computationis Jure Opiniones
Número 937, Agosto 04 de 2014
Desde entonces hasta hoy tal falta permanece. Tales estudios de costos, además de otras cosas, permitirían conocer la cuantificación de los recursos necesaria para financiar cada uno de los planes de la entidad.
Mientras a marzo de 2014 la Junta revela en su balance inversiones de casi 32 mil millones de pesos y en 2013 tuvo ingresos que se acercan a los 9 mil millones, según nos han informado el Gobierno Nacional, de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la que se sospecha es una leve y tímida intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (ambos ministerios entidades de regulación según la Ley 1314 de 2009), ha planteado que en el presupuesto para 2015 se le asigne a la Junta una partida de funcionamiento inferior a los 7 mil millones.
Mientras tanto, en una de las mesas en el foro recientemente realizado por la Superintendencia de Sociedades se anotó que “Se necesita un organismo proactivo para la vigilancia de la profesión, que sancione las faltas a la ética pero que asegure el debido proceso. Este debe ser independiente y contar con recursos humanos, técnicos y económicos suficientes. Esto contribuirá a fortalecer la credibilidad de la profesión.”
Lo propuesto ya es norma jurídica. Basta leer con cuidado la Ley 1314, aludida, para encontrar en ella todos los extremos de la sugerencia, consagrados en cabeza de la Junta Central de Contadores.
Como se ve, en la conclusión transcrita se omite mencionar a la Junta. Así las cosas, sin saber si esa fue o no la intención, ella puede leerse como una hábil descalificación de la Junta y una manera de dejar la puerta abierta para impulsar la creación de otra entidad. Ya algunos han sugerido que los servicios de auditoría deberían ser supervisados y juzgados por una entidad distinta de la mencionada Junta.
Para arreglar el entuerto no es necesaria la creación de otra entidad. En cambio, entre otras cosas, es indispensable que el Congreso de la República apruebe un presupuesto adecuado. Para ello se requiere el compromiso, la vocería y la influencia de las entidades reguladoras en materia contable. Desafortunadamente estas siguen sin jugársela a favor de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría. Mucha distancia hay entre los presupuestos de éstas y los sugeridos para otras entidades como la Contaduría General de la Nación y la Superintendencia Financiera.
Es verdad que las múltiples deficiencias de las entidades de la profesión no pueden imputarse solo a las entidades de regulación. Alguna culpa cabe a las propias entidades. Pero sin el apoyo del Gobierno todo esfuerzo y diligencia de las entidades de la profesión implica unos pobres resultados.
Hernando Bermúdez Gómez
Pontificia Universidad Javeriana
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Número 937 Agosto 04 de 2014
