Contrapartida
De Computationis Jure Opiniones
Número 956, Septiembre 01 de 2014

 En su gran mayoría se trata de un mercado producto de imposiciones legales, que exigen que dichos profesionales impongan su firma en varias declaraciones tributarias y expidan múltiples constancias o certificados para respaldar actuaciones de los contribuyentes. La complejidad de las disposiciones legales y el impacto económico de su observancia impulsa a muchos contribuyentes y a simples declarantes a obtener consejo profesional que oriente la estructuración de operaciones, el registro de información, la formulación de reportes rentísticos, la defensa administrativa, la controversia judicial.

Contadores que se desempeñan como funcionarios gremiales, como académicos, como funcionarios gubernamentales o como miembros de los órganos de la profesión, en múltiples ocasiones han sostenido que una función principal de los contadores públicos es apoyar al Estado respecto del cumplimiento de las normas y de la lucha contra la corrupción. Este discurso ha sido reproducido en exposiciones de motivos de varios proyectos de ley, en diversas circulares expedidas por autoridades administrativas y en muchas sentencias judiciales. Múltiples escuelas de contabilidad han estructurado sus proyectos y programas educativos para responder a esta concepción de la profesión contable.

Así las cosas no hay que pasar por alto la interacción de la autoridad tributaria con los órganos de la profesión contable. Véase el acta 1926 del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y reflexiónese sobre el conversatorio “Ética en la profesión contable y la posición de la DIAN ante los nuevos estándares de Contabilidad Internacional”.

Ahora bien: mientras el Estado pretende que el apoyo que reciben de los contadores sea mayor en cantidad y calidad, hay sectores de la profesión que levantan su voz contra esta intención.

Así, por ejemplo, en el ámbito de la revisoría fiscal se reitera con frecuencia que la colaboración para con el Estado ha resultado en una pérdida de independencia profesional, que en la actualidad se plantea como un obstáculo para la completa observancia de las normas internacionales de aseguramiento.

Otros resaltan el efecto negativo de obligar a los ciudadanos a pagar servicios para que se presten en favor del Estado y no en beneficio del contratante, resultando así en una carga fiscal y generando un sentimiento de rechazo contra los contadores que son percibidos como policías incrustados en las organizaciones.

La cuestión solo puede resolverse acertadamente anteponiendo a los intereses estatales y a las aspiraciones de los clientes, el interés público.


Hernando Bermúdez Gómez

Pontificia Universidad Javeriana
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Número 956, Septiembre 01 de 2014