Contrario a las predicciones la normalización es constitucional.

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Para los analistas que anticiparon la inconstitucionalidad de este impuesto, revelaron que dichas normas estaban encajadas en el concepto de amnistía, entre otras razones las siguientes: La primera porque las personas y entidades a las que se aplican son aquellas que han incumplido la obligación tributaria; La segunda, el estímulo que la ley ofrece a los sujetos anteriores con el objeto de que ajusten sus cuentas con el erario, al eliminar cuentas con el erario como la mora, la extemporaneidad, la actualización monetaria y, tratándose de las entidades públicas, la entera obligación monetaria; La tercera, el Estado, en consecuencia, renuncia parcial o totalmente, en favor de los deudores, a recibir el pago de los créditos que le son debidos y, por consiguiente, se abstiene de exigir su pago por la vía administrativa o judicial; La cuarta, las medidas de saneamiento son genéricas en el sentido de no fundarse en situaciones excepcionales específicas y beneficiar indiscriminadamente a los deudores morosos. (Corte Constitucional Sentencia C-511/96).

 

Lo que ahora la Corte Constitucional sustentó es que dentro de los antecedentes la norma acusada busca luchar contra la evasión tributaria, principalmente el impuesto de renta y que para alcanzar este propósito creó un nuevo tributo, con lo cual la normalización no depende de la voluntad del contribuyente en cuanto pueda acogerse sino que se trata de una verdadera obligación tributaria que debe cumplir, así no tenga la disposición de hacerlo.

 

Pero por el lado de los contribuyentes lo que si ocurre es un alivio muy grande de seguridad jurídica y de planeación tributaria, por cuanto el tema de los activos omitidos y de los pasivos inexistentes es una gran oportunidad para ayudar a que Colombia tenga una inyección fuerte de capitales frescos que están rentando la mayor parte de la veces en el exterior.

 

A su vez se puede lograr una mejor presentación financiera que se acerque a la realidad financiera de algunos inversionistas que por diferentes razones de origen impositivo tuvieron que dejar por fuera de su contabilidad oficial partidas en fiducias y operaciones offshore en el extranjero.

 

Las tarifas son muy competitivas, 10% si lo hace en el 2015, 11.5% en el 2016 y 13% en el 2017.

 

 Sin pagar nada adicional y sin sanciones cambiarias. Ya con el visto bueno de la Corte Constitucional, los contribuyentes podrán planear con mayor certeza la inclusión de bienes omitidos.

 

 

 

 

Cordialmente,

 

 

GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO
Columnista Vanguardia Liberal
Tax Partner – Baker Tilly
E-mail: [email protected]
Bucaramanga, 1 de

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