Cada estudiante matriculado en Instituciones de Educación Superior (IES), de carácter privado, durante el 2009, le costó al Estado 350.000 pesos. Todo, porque estas instituciones, por estar planteadas como ‘sin ánimo de lucro’, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria, no son contribuyentes del impuesto de renta, están exentas del IVA y, en su calidad de no contribuyentes, tampoco están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio.

Un estudio realizado por la Dian estima que, entre 2004 y 2009, el impuesto de renta proyectado que debieron aportar 283 IES era de 1,9 billones de pesos. En el 2009, de los 452.491 millones que, se calcula, tenían que pagar por el impuesto de renta, 193.028 millones de pesos fueron del sector educativo privado.

La cifra aumenta cada año, pues, según el Observatorio de la Universidad Colombiana (OUC), en el 2009 había 1’570.477 estudiantes (casi la mitad en instituciones privadas) y en el 2010 el número subió a 1’674.420.

Si bien la Constitución colombiana establece la educación como un derecho, en la práctica, cada vez es más difícil el acceso a la educación superior, pues estas instituciones cuentan con autonomía universitaria, considerada por el OUC como una de las principales variables que influye en el alto precio de las matrículas. Es así que, de acuerdo con el estudio de la Dian, durante el 2009 las IES tuvieron ingresos netos por 11,5 billones de pesos y sus activos sumaban 18,6 billones.

El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, tras aclarar que aún no se ha discutido lo que quedará definitivamente en la reforma tributaria en materia de beneficios, señala que en este caso es partidario de continuarlos, “siempre y cuando las instituciones cumplan su función pública sin ánimo de lucro”. No obstante, añade que “tendríamos criterios para levantar el velo corporativo y ponerlas a tributar si se demuestra que no son lo que dicen”.

Para Horacio Ayala, exdirector de la Dian y actual integrante de la junta directiva de la entidad, “es bueno conceder estímulos a las universidades, siempre que se reflejen en ayudas efectivas a la educación, principalmente para los estudiantes de menores ingresos. El problema no es de carácter tributario sino de falta de control efectivo sobre estas entidades que adquieren la forma de asociaciones, corporaciones o fundaciones”.

Su propuesta al respecto es que “debería existir un organismo a nivel de superintendencia que vigile las entidades que se anuncian sin ánimo de lucro, no solo las universidades”.

El director de impuestos de PricewaterhouseCoopers, Carlos Mario Lafaurie, indica que “no puede olvidarse que la educación es considerada como un servicio público que tiene función social, en el entendido de que todas las personas tienen derecho a esta, pero la exención tributaria ha sido establecida de manera demasiado laxa, puesto que no fija mecanismos para asegurar que efectivamente se cumpla el cometido constitucional que la hace merecedora de las ventajas fiscales”.

Lafaurie manifiesta que las exenciones tributarias se deben crear consultando criterios de costo-beneficio a nivel económico y social, pues “hay muchas instituciones de regular, mala y pésima calidad que quizás igualen o superen en número a las buena. ¿Qué sentido tiene premiarlas exonerándolas de impuestos?”.

El experto tributario de PricewaterhouseCoopers agrega que “es frecuente encontrar que -para no pocos- la educación es un verdadero negocio, cuya principal inspiración no es formar personas, sino generar utilidades para sus dueños”.

Tratamiento diferencial
Un postulado constitucional

Pedro Sarmiento, director de impuestos de Deloitte, dice que “el comportamien to tributario para con estas instituciones es coherente con el postulado constitucional. Otra cosa es si es correcta la forma como se les ha permitido prestar servicios y aprovechar la posición de privilegio que puedan tener”.

Sarmiento señala que la reforma tributaria, en busca de la simplificación, no puede evitar los tratamientos diferenciados en busca de un objetivo, como la atracción de inversión extranjera, la búsqueda de la competitividad y el apoyo de sistemas como el educativo, que busca mejorar la sociedad vía formación académica”.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción de Economía y Negocios

Tomado de: portafolio.co