La intención que tiene el Gobierno de convertir en ley un mecanismo de protección a quien quede sin empleo, abre las puertas a un nuevo capítulo en el uso de las cesantías de los trabajadores, ya que el 50% de éstas se consignaría a la cuenta individual de cada empleado y servirían para financiar períodos de desempleo hasta por seis meses. La otra mitad se destinaría a ahorrarse en los fondos.

Este proyecto, que ya cursó su primer debate en el Congreso, tiene inconformes a las centrales obreras ya que, según ellas, se manipularían las cesantías de los trabajadores y de paso, sus rendimientos en los fondos privados.

De entrada, el proyecto plantea la puesta en marcha de un sistema para proteger al cesante “basado en cuentas individuales” al igual que existe en países como Estados Unidos y España. Esto, dice el texto, se complementa con un “Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Desempleo”.

Uno de los puntos de discordia con las centrales obreras parte de la propuesta que hizo el Gobierno de redireccionar los aportes a las cesantías y redistribuir el dinero aportado a las cajas de compensación con el fin de financiar un Fondo de Solidaridad. En cuanto a estas organizaciones solidarias, el proyecto de ley busca que financien el Fondo en mención con un 4% de la nómina que reciben.

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), considera que la propuesta del Gobierno es un “asalto a las cesantías” y un fortalecimiento indebido de las administradoras de fondos de pensiones. Esto, ligado al debilitamiento de las cajas de compensación familiar.

En cuanto a la redirección de las cesantías, las centrales obreras señalaron que de aprobarse el proyecto sólo se darán rendimientos a un 50% de las mismas (6%) y no a las que van a las cuentas individuales de los trabajadores.
Gómez dijo que el Fondo de Solidaridad que pretende poner en marcha el Gobierno se financiará con el dinero de los trabajadores y no con recursos que debería poner el Estado.

Actualmente, de 21 millones de ocupados que existen en el país al corte de junio de este año, apenas 6,07 millones hacen aportes a fondos de cesantías que cuentan con fondos que llegan a $7,29 billones.

Rafael Pardo Rueda, ministro de Trabajo, dijo a El Espectador, en cuanto a las críticas por las ganancias que tendrían las cesantías al dividirse en fondos y en una cuenta individual por trabajador, que “los rendimientos se pueden ajustar para que no haya efectos negativos. Se busca que exista una protección para períodos de desempleo y por un tiempo limitado”.

“Un elemento fundamental de todo el esquema de protección al desempleo es que la persona que quede desempleada no se desactualice en temas de capacidad laboral y no tenga que bajar su expectativa de trabajo. Para eso hay que ofrecer una protección a un ingreso mínimo”, comentó.

Álvaro José Cobo, presidente de Asocajas, comentó que con este proyecto, que propone que hasta un 25% de los aportes hechos por los empleadores vaya a un subsidio familiar, se afectaría la disponibilidad de las cajas para subsidios de vivienda, educación y servicios a los trabajadores. “El proyecto no trae un análisis de impacto. No vemos el aporte del Gobierno a este esquema”.

Tomado de: elespectador.com