Uno de estos estudios, llevado a cabo por Fedesarrollo, señala que  aunque la configuración de la reforma planteada es menos nociva que la propuesta hecha inicialmente, aun representa un incremento importante en la carga efectiva que el sector productivo deberá asumir.

El recaudo
De acuerdo con las proyecciones del gobierno, se espera que el recaudo del impuesto a la riqueza de las empresas se ubique en 6,0 billones de pesos, significativamente mayor al esquema actual en el cual se están recogiendo alrededor de 4,5 billones por concepto del impuesto al patrimonio. Esto, junto a la sobretasa del CREE, implica que las empresas van a pagar un monto de impuestos sustancialmente mayor en 2015 frente a lo que venían pagando, en un contexto en el cual la economía puede estar entrando en un periodo de desaceleración.

Bajo este contexto, se puede generar un efecto negativo tanto en el comportamiento de la inversión doméstica como en la extranjera, toda vez que desincentiva la reinversión de utilidades a favor de la distribución de dividendos.

Una solución a este inconveniente sería aumentar las cargas a las personas naturales, de una manera en que los individuos de mayores ingresos paguen más. Esto podría hacerse sin incrementar la carga sobre las rentas laborales, las cuales ya fueron modificadas en la reforma de 2012.

Señala la entidad de investigación que una fórmula para ello sería recurrir a impuestos sobre los dividendos, tal como lo hace la mayor parte de países en el mundo desarrollado, o sobre las utilidades de las empresas, pero en cabeza de sus beneficiarios finales, tal como se hizo recientemente en Chile. Asimismo, hay espacio para gravar las pensiones altas y otras rentas de capital que actualmente son exentas.

La normalización tributaria
Uno de los elementos de la propuesta gubernamental que quizá ha pasado más desapercibido en el debate público se centra en la creación del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, que se causa en los años 2015, 2016 y 2017 como un impuesto complementario al Impuesto a la Riqueza.

Aunque en la exposición de motivos el Gobierno trató de ser bastante cuidadoso al no presentar esta propuesta como una “amnistía”, sino como una herramienta más amplia de información y control para la DIAN, no es claro qué tan efectiva logre ser. Adicionalmente, es posible que deba ser analizada por la Corte Constitucional con el fin de que cumpla con los principios de igualdad y equidad tributaria, como lo han mencionado algunos analistas jurídicos.

Por otra parte, la tipificación penal para el delito de omisión de activos externos puede no ser tan efectiva. En particular, resulta llamativa la tipificación de este delito para un impuesto, el de riqueza, que va a ser pagado en un 97% por personas jurídicas que, por su propia condición, no están sujetas al régimen penal. Sería más conveniente centrar la estrategia de la DIAN en fortalecer a la administración tributaria, con multas suficientemente grandes para los evasores.

Los recursos
Por otra parte, diversos estudios realizados por Fedesarrollo han mostrado que las necesidades y compromisos de la administración durante el presente cuatrienio pueden ser mayores a las inicialmente contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

En particular, y de acuerdo con Villar y Forero (2014), las necesidades de recursos adicionales para cumplir programas importantes en términos de promoción al sector rural, pensiones, salud, calidad de la educación y primera infancia son de 2,1% del PIB.

A lo anterior se suma el reciente deterioro en los precios del petróleo y su consecuente impacto en las finanzas públicas en la medida en que esos precios se mantengan en niveles bajos durante los próximos años. En efecto, las proyecciones macroeconómicas recogidas en el MFMP planteaban un escenario en el cual el petróleo se mantendría alrededor de los US$98 por barril durante el 2015, un supuesto que a todas luces parece difícil de alcanzar dado el comportamiento reciente visto en el mercado y las perspectivas que hoy en día tienen los analistas.

Para ver cuál sería el impacto de menores precios del petróleo, y de acuerdo con estimaciones realizadas por el mismo Ministerio de Hacienda, se encuentra que por cada dólar que se reduzca el precio promedio anual de un barril de petróleo, el balance del Gobierno se ve afectado, de manera negativa, en 420.000 millones de pesos por año.

Si se tiene en cuenta que en las últimas semanas la cotización ha caído 15 dólares, y los niveles actuales de precios se mantienen durante el próximo año, el impacto sobre las finanzas de la Nación sería alrededor de 6 billones de pesos.

Por otra parte, y aunque la devaluación del peso ayuda a mitigar este choque negativo, no se alcanzaría a compensar todo lo que se deja de recibir por el desplome del crudo. Aún si la tasa de cambio se sitúa en promedio en 2.050 pesos por dólar durante el próximo año, es decir cien pesos por encima de lo presupuestado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, el efecto neto para las finanzas públicas sería de unos 3,3 billones de pesos; esto es, cerca de 0,5% del PIB.

Objetivos sociales
En balance, si los objetivos sociales de la administración pueden representar necesidades por 2,1% del PIB por año y la propuesta actual solo logra 1,4% del PIB anual en promedio, se haría necesaria una reforma que lograra aumentar los ingresos en 0,7% del PIB como mínimo.

Si a este número le sumamos un ambiente externo desfavorable y menores precios de petróleo, las necesidades adicionales con respecto a la reforma planteada por el Gobierno podrían ascender hasta 1,2% del PIB. De esta manera, se puede esperar, con una alta probabilidad, que durante el cuatrienio será necesaria una reforma fiscal adicional, generando así un ambiente de incertidumbre tributaria.

Indica el informe de Fedesarollo que la reforma propuesta resulta claramente mejor a la planteada inicialmente por el Ministerio de Hacienda. En particular, al ser menos dependiente de un impuesto anti-técnico, como lo es el impuesto sobre el patrimonio, la propuesta constituye un avance sustancial.

La regla fiscal
Adicionalmente, la propuesta fiscal del Gobierno recoge un claro compromiso de seguir con la regla fiscal como principio rector de las finanzas públicas, lo cual resulta a todas luces positivo. No obstante, la premura de su estudio, y la necesidad apremiante de cubrir las necesidades presupuestales para 2015, llevaron a que el proyecto de reforma no reuniera, de manera más completa, los requerimientos de recursos para el cuatrienio que acaba de comenzar. Si bien resuelve el faltante presupuestal de 2015, no necesariamente cubre las necesidades que surgen de los retos de política que tiene el actual Gobierno.

Más grave aún, la reforma no enfrenta el escenario de precios de petróleo inferiores a los previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, escenario que hoy en día, tras el desplome que sufrieron esos precios en el mes de octubre, resulta altamente probable.

Finalmente, la reforma se concentra en aumentar la tributación de las empresas, tanto a través del impuesto a la riqueza como a través de la sobretasa al CREE, lo cual no contribuye a estimular la actividad productiva ni tampoco a la equidad. La aprobación de esta reforma parece indispensable, y urgente, en las condiciones actuales. Esa aprobación, sin embargo, no será suficiente para evitar que tengamos que seguir debatiendo sobre una nueva reforma, ella sí de carácter estructural, en el año 2015.

tomado de:https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2014-tributaria-tendr%C3%ADa-impacto-negativo-en-inversi%C3%B3n.html