Alberto Carrasquilla analiza lecciones de procesos anteriores que produjeron un ‘esperpento’.
El estatuto tributario colombiano, quién lo duda, es todo un esperpento. Y es un esperpento por una razón relativamente sencilla: el país decidió elevar de manera importante el gasto público en los años noventa del siglo pasado, en buena parte para honrar los derechos de diversa índole creados por la nueva Constitución y, como la necesidad tiene cara de perro, se engendró y fortaleció el armatoste que padecemos en la actualidad. (Siga este enlace para leer: El abecé de la reforma tributaria del Gobierno).
La búsqueda incesante de recursos llevó, de manera gradual pero inexorable, a que el debate tributario en el país se alejara del contexto reflexivo y analítico que tipificó las discusiones a partir, por lo menos, de la introducción del impuesto de renta en los años treinta hasta la reforma tributaria de 1986, liderada por el expresidente César Gaviria en la administración del presidente Virgilio Barco.
Desde esa reforma, a mi juicio la última que emana de un debate conceptual que enfatizaba los principios fundamentales de eficiencia y progresividad, el estatuto se ha ido esperpentizando sin remedio.
Habiendo sido parte de tres de los muchos debates que llevaron al esperpento actual, he derivado algunas lecciones y corolarios que presento a continuación.
Lección número 1
Parte importante de la explicación que tiene la inexorable esperpentización de nuestro código impositivo surge de suponer que las empresas son ricas y las personas naturales son pobres.
En consecuencia, lo que podríamos llamar la progresividad a la colombiana consiste en ‘clavar’ a las primeras y exonerar a los segundos.
Es así -como bien lo recuerda el ministro Cárdenas en su reciente exposición de motivos, usando para el efecto un estudio del Banco Mundial- que una empresa mediana en Colombia tributa un 50 por ciento más de sus utilidades que las empresas del resto del mundo.
Corolario
Para eliminar de una buena vez todas las exenciones de que “disfrutan” las empresas, es necesario redefinir a fondo toda la estructura del impuesto corporativo, incluyendo los tributos subnacionales y los impuestos a la nómina.
Y para hacer eso, necesitamos cargar mucho más la tributación personal, bien sea al ingreso o, mucho mejor desde el punto de vista de la eficiencia económica, al consumo. (Siga este enlace: Protesta de estudiantes del Sena contra reforma tributaria).
Lección número 2
Otra parte importantísima de la esperpentización inexorable se explica por el anhelo de hacer política social a través del estatuto tributario.
Aunque la progresividad es parte importante de cualquier estatuto razonable, en Colombia llegamos a límites inverosímiles.
A través de un estatuto que dista de ser especialmente progresivo en la práctica, como nos lo recuerda elocuentemente Cárdenas, promovemos vivienda, subsidiamos consumos loables, castigamos consumos suntuarios, fomentamos costumbres sanas -el ahorro y la lectura-, promovemos todo aquello que hacen las fundaciones y definimos entornos especiales para las cooperativas cuyas actividades nos gustan. Y así sucesivamente.
Corolario
Para nivelar el terreno de juego y generar competitividad, es deseable que toda la política social tenga expresión en la ley anual de presupuesto y no en el estatuto tributario en la forma de gasto implícito. Es importante que se debatan los pros y los contras de cada necesidad coyuntural y se definan las prioridades cada año de manera democrática en el Congreso.
Lección número 3
Una tercera arista es un círculo vicioso cuyo origen, de nuevo, es la premura y la necesidad. Al llevar un proyecto al Congreso, los gobiernos de la nueva era tributaria tienen una meta de aumento en el recaudo, razón por la cual están en actitud de negociar artículos e incisos, siempre y cuando la meta de recaudo necesaria para la estabilidad fiscal se mantenga.
Así las cosas, muchas disposiciones se introdujeron en el estatuto en el contexto frecuentemente acalorado de dichos debates, sin la suficiente reflexión y con frecuencia fueron sofisticados goles de media cancha con origen en este u aquel grupo de interés.
Esto, naturalmente, genera molestia y desconfianza en la administración y, en la siguiente reforma, implica medidas compensatorias, frecuentemente en la forma de intentos de reversar micos, de nuevas regulaciones, de exigencias documentales y de solicitar facultades administrativas adicionales.
Lo cual lleva a que, en esa misma vuelta o en la siguiente, y al calor de las nuevas necesidades y premuras, se vulnere el arco nuevamente a través de jugadas aún más innovadoras y creativas que la vez anterior. Y así sucesivamente.
Corolario
La desconfianza entre la Dian y buena parte del sector empresarial es fruto del estatuto mismo y de la lógica que ha imperado a la hora de modificarlo. Minimizarla sería un avance importantísimo para el país, y para lograrlo es necesario cortar de tajo las dos fuentes que la nutren: la complejidad misma del estatuto, primero, un problema cada vez mas grave, y, segundo, la lógica fundamentalmente recaudatoria del debate.
La propuesta de reforma que se discute en este momento tiene una ventaja muy importante sobre muchas de sus antecesoras en la nueva era: de entrada, parece haber asimilado las tres lecciones anteriores y anuncia que no busca elevar el recaudo, sino mejorar la estructura general de la tributación.
La reforma, adicionalmente, es atinada en muchos de sus diagnósticos: que el estatuto actual carga demasiado a las empresas y muy poco a las personas pudientes; que el IVA tiene falencias derivadas de su complejidad; que hay evasión y elusión en vehículos cada día mas sofisticados; que los impuestos a la nómina generan informalidad.
El problema de fondo es que el Gobierno no parece creer suficientemente en sus propios diagnósticos. Si la parafiscalidad es demasiado costosa, no hay razón lógica para limitar su desmonte y financiarlo con mas impuestos a las personas que, al fin y al cabo, salen beneficiadas con más formalidad y más empleo.
Si el IVA tiene demasiadas tasas, no hay razón lógica para dejar tres y mucho menos para introducir, por la puerta de atrás, tres nuevos impuestos a las ventas cuyo objetivo es impreciso.
Un segundo problema es la animadversión evidente en los parágrafos dedicados al tema de la evasión. A manera de ejemplo, me aterroriza la propuesta de que si la Dian sospecha un abuso, pueda revertir la carga de la prueba, presumiendo culpabilidad en lugar de inocencia, y forzar al contribuyente a demostrar su probidad.
(Lea también: Así toca la reforma tributaria el ingreso de los ciudadanos).
Reforma, de la A a la Z
Día a día, los términos para entender el debate de las próximas semanas.
Impuesto
Es un tributo obligatorio que no tiene ninguna contraprestación directa; busca siempre un beneficio general, como es el caso de la educación, la salud, la defensa de los pueblos, etc. Es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.
Impuesto sobre la renta
Impuesto directo que grava fundamentalmente todo ingreso que
sea susceptible de producir un incremento en el patrimonio de la persona en el período gravable de un año
calendario. Por ser
un impuesto personal, grava la capacidad contributiva de la persona.
Impuesto a las remesas
Se genera con el giro o transferencia al exterior, de renta o ganancias ocasionales de fuente nacional.
IVA
Es el impuesto al valor agregado o impuesto a las ventas; es el impuesto que se paga sobre el valor que se le agrega a un bien
o producto y a algunos servicios.
Acerca del autor
Alberto Carrasquilla fue ministro de Hacienda en parte de los dos mandatos de Álvaro Uribe, entre el 2003 y el 2007. En ese lapso gestionó varias reformas tributarias. La más ambiciosa, en el 2006, finalmente fue retirada.
Tomado de: eletiempo.com