Fuente : www.larepublica.com.co
Se preveía un déficit de 4,3% del PIB para el primero y de 3,6% para el segundo, y los cálculos preliminares indican que al cerrar el año estos balances fueron de 3,9% y 2,9%, respectivamente.
Este es un resultado notable dadas las condiciones en que se logró: primero, la crisis financiera internacional afectó el crecimiento de la economía colombiana en 2009 y los precios de productos básicos de exportación, fenómenos que debilitaron la base de tributación de 2010. En efecto, el bajo crecimiento real de la economía (0,8% en 2009), drenó el recaudo, al tiempo que la caída en el precio del petróleo, disminuyó la “renta petrolera” de 11 a 4 billones de pesos entre 2009 y 2010. El Gobierno se había impuesto una meta alta de recaudo para todo el 2010, confiado en la recuperación de la economía y en la gestión de la Dian. Los resultados mostraron que incluso la meta de recaudo se sobrecumplió en cerca de $600 mil millones (0,1% del PIB), alcanzando un valor cercano a los $65,2 billones (12,1% del PIB).
Adicionalmente, la misma incertidumbre sobre la generación de ingresos obligó a un manejo cuidadoso del presupuesto de las entidades y de la caja de la Nación, sin que ello implicara desatender los compromisos de gasto. Dicho manejo fue exitoso, pues el Gobierno Nacional no sólo redireccionó recursos del presupuesto hacia las locomotoras del crecimiento, sino que pudo disponer del espacio presupuestal y de la liquidez necesaria que le permitieron atender rápidamente la emergencia ocasionada por la ola invernal. En efecto, el costo fiscal de la emergencia invernal en el año 2010 fue de un billón de pesos (0,2% del PIB), lo cual significa que de no haberse presentado dicha calamidad las cuentas del GNC habrían cerrado con un déficit menor (3,7% del PIB,).
Se debe dar el reconocimiento respectivo a la Dian, que mejoró el recaudo y racionalizó excesivas y dudosas devoluciones, y a los empresarios que entendieron que las perforaciones al cuatro por mil (Gravamen a los Movimientos Financieros) eran cosa del pasado y las fueron abandonando voluntariamente al final de 2010.
En lo que respecta a 2011, con la dinámica actual de la economía y las reformas tributaria y sectoriales ya aprobadas por el Congreso, se puede presentar un nuevo Plan Financiero. La cartera de Hacienda no modificó la meta de déficit del GNC para dicha vigencia (4,1% del PIB), aunque sí contempla un mayor gasto para afrontar los estragos que el invierno dejó a su paso en 2010.
Es decir que, de no ser por el costo fiscal proyectado para atender la emergencia invernal para 2011 (calculado en 0,4% del PIB), el balance de las finanzas públicas del Gobierno y el resto de entidades que conforman el Sector Público sería bastante más favorable: 3,7% y 3,0% del PIB, respectivamente (gráfico 2). Las cifras preliminares del mes de enero indican que el cierre de los mecanismos de elusión que existían en el impuesto del cuatro por mil le puede representar a la Nación una importante fuente de ingresos.
En cuanto al manejo financiero de la emergencia invernal, es preciso señalar que el Gobierno ha anunciado en repetidas ocasiones que su costo no afectará la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
El manejo financiero que se le ha dado es totalmente transparente, al buscar fuentes sanas y oportunas para atender las nuevas demandas de inversión que garantice el acceso de las víctimas a sus derechos. De una parte, se creó una sobretasa y se amplió la base del impuesto al patrimonio, que permitirá recaudar $3,3 billones adicionales; al tiempo que se dispuso utilizar $2 billones de los recursos por concepto del gravamen a los movimientos financieros (GMF). Estos recursos, se complementaron con $1 billón del presupuesto de 2010, que fueron reorientados con ese propósito, y con cerca de 1 billón adicional de recursos que estaban atrapados en una cuenta del Forec (Fondo de reconstrucción del Eje Cafetero). Teniendo en cuenta que la ejecución de este gasto no estaba incluida en el presupuesto de la nación de 2011, fue necesario solicitar una adición presupuestal por $5,7 billones. El conjunto de todos estos recursos será manejado a través del Fondo de Calamidades.
Así mismo, para atender las necesidades de recursos de más largo plazo para la reconstrucción y adaptación de la infraestructura del país al cambio climático, y mitigar los efectos de la ola invernal y evitar que se expandan en detrimento de los más desfavorecidos, se recurrirá a la venta de un porcentaje de la participación accionaria del Estado en Ecopetrol, con lo cual en principio se podría obtener hasta 16 billones de pesos, que serán manejados a través del Fondo Adaptación.
Un aspecto crítico en las cuentas fiscales, es el denominado “Balance Primario” del GNC. Este concepto hace referencia a la capacidad del Estado para cubrir sus pagos distintos a los intereses de la deuda. Cuando un Gobierno logra que dicho balance sea superavitario, se considera “sostenible”, ya que no se tiene que endeudar para pagar intereses. La buena noticia es que ya al cierre de 2010, los cálculos preliminares indican que, contrario al déficit de 0,6% del PIB que se esperaba unos meses atrás, el Sector Público No Financiero registró un balance primario superavitario de 0,1% del PIB, y se proyecta que en 2011 el mismo sea de 0,3% del PIB.
Todo lo anterior, repercute de manera significativa y favorable en los niveles de la deuda a cargo del Sector Público, pues el hecho de generar menores niveles de déficit, significa menores necesidades de financiamiento. En efecto, mientras se esperaba que, en términos del PIB, la deuda neta del Gobierno Central llegara en 2011 a casi 40% y la del Sector Público a 29,8%, las nuevas estimaciones permiten esperar niveles de deuda de 39,5% y 28.4% del PIB, respectivamente.
En síntesis, estos anuncios ratifican el compromiso del gobierno Santos con un manejo responsable de las finanzas públicas, que contribuya a la creación de empleo y la consolidación del crecimiento en un marco de sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
Este marco no riñe con la necesidad de conseguir recursos para enfrentar la catástrofe invernal, y acudir en la atención de sus víctimas y en la reconstrucción de la infraestructura afectada. Además, es consistente con el objetivo del Gobierno de obtener para el país el “Grado de inversión” que perdió por cuenta de la crisis de fin de los años noventa.
Esta positiva evolución fiscal redunda en beneficio de toda la población, facilita el trabajo del Banco Central en el control de la inflación, contribuye a la estabilidad cambiaria y promueve la prosperidad democrática.
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