Fuente: https://www.elnuevosiglo.com.co
Colombia no es el único país en el que la sostenibilidad fiscal pasa por una reforma constitucional, una medida esencial para los recursos del Estado.
En este sentido el Gobierno está dando pasos importantes en materia de institucionalidad, disciplina y sostenibilidad fiscal. Tal es el caso de la propuesta de una regla que rija las decisiones en materia fiscal.
La puesta en práctica de esta regla se haría muy difícil si desde diferentes instancias se decreta gasto público que no sea consistente con la senda de gasto y endeudamiento compatibles con la sostenibilidad fiscal.
De allí que entidades como Fedesarrollo no comparten los argumentos de los opositores a la iniciativa en relación con un desconocimiento de los derechos fundamentales. “En nuestra opinión no se trata de limitar las competencias de los diferentes órganos del poder público sino, al contrario, lo que se busca es que las decisiones que impactan el gasto público sean coherentes con la sostenibilidad fiscal, condición necesaria para asegurar que en el mediano plazo se puede cumplir progresivamente”, explican.
Bajo una realidad en la que los ingresos de la Nación y sus posibilidades de financiamiento son limitados, decisiones que impliquen una senda insostenible de gastos ponen en riesgo el cumplimiento en los objetivos de promover el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y la equidad generacional.
Con dicho principio de sostenibilidad se incorpora un elemento explícito en el análisis que debe hacer la Corte Constitucional que, como se vio, al estudiar temas tan relevantes, como los pensionales, ha reconocido la importancia de la sostenibilidad fiscal. Con este mismo objetivo, resulta sano que las iniciativas del Gobierno y del Congreso y las decisiones de las demás Ramas del poder público sean acordes con el principio superior constitucional de la sostenibilidad fiscal.
Aun cuando se trata de una iniciativa del anterior Gobierno, la administración Santos ha considerado de la mayor importancia su trámite y ha impulsado su paso por las diferentes instancias.
Se trata de una propuesta que despierta sensibilidades en diferentes agentes e instancias, en la medida en que incorpora como un mandato, dentro de la intervención del Estado en la economía, el manejo responsable de las finanzas en sus diferentes niveles con el fin de alcanzar el ejercicio de los derechos dentro de un marco de sostenibilidad fiscal.
En ambas cámaras hubo varios ponentes que centraron su argumentación en el alcance que la modificación pretende hacer a la organización política. Evidentemente el futuro del proyecto en segunda vuelta no está garantizado. Dada la relevancia del mismo, se considera de vital importancia que el Gobierno, al más alto nivel, le otorgue a la aprobación de esta iniciativa la más alta prioridad.
