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Así mismo, el hecho de tener que reversar una serie de medidas al respecto, mina y pone en tela de juicio nuevamente la credibilidad y la buena imagen del Gobierno.
Para modificar las tarifas impositivas se requiere de la aprobación del Congreso de la República o la declaratoria de una emergencia económica que permita la expedición directa de decretos por parte del Ejecutivo. La aprobación de una reforma tributaria estructural ha sido imposible en las últimas décadas.
Las medidas técnicas, particularmente las que han sido formuladas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, han naufragado al enfrentarse a la presión de los grupos de interés presentes en el Legislativo. Ante esta manifiesta dificultad, la declaratoria de estados de emergencia fruto de alguna catástrofe, ha sido la oportunidad de oro de los Gobiernos para introducir cambios en la política tributaria, sin enfrentarse a los grupos políticos.
La Corte Constitucional, por ejemplo, ha visualizado con claridad la oportunidad de la estrategia, y por lo tanto, ha declarado con frecuencia la inexequibilidad de los decretos expedidos en los estados de excepción.
Este panorama describe una lánguida situación, en el cual la política tributaria se estanca, generando estados rígidos ajenos a la realidad económica y social que vive el país. Una estructura tributaria eficiente debe tener la suficiente flexibilidad para ser modificada con la oportunidad y la magnitud que requieran los fundamentales económicos. Adicionalmente, un sistema impositivo óptimo tiene que velar para que los principios de la progresividad, la eficiencia en el recaudo y la minimización de las distorsiones se cumplan a medida que se desarrolla la actividad productiva.
Los hechos económicos son dinámicos, por lo que se requiere un monitoreo permanente desde una perspectiva técnica, donde se visualicen los impactos de la política tributaria. La política fiscal, por su parte, debe alcanzar una dinámica similar, en la cual las acciones respondan con la oportunidad y la eficiencia requeridas. Pero, ¿cómo hacerlo sin romper las reglas de la democracia y la Constitución Política? El primer paso se tiene que presentar al Congreso una reforma estructural, en la cual se introduzca el concepto de rangos en las tarifas impositivas. Esta estrategia permitiría el debate de los grupos políticos en Senado y Cámara, manteniendo el correcto funcionamiento democrático que debe regir a Colombia. Para ello se requiere crear una nueva Agencia Tributaria, cuyo andamiaje jurídico debería ser similar al del Banco de la República. Finalmente esta propuesta promueve una mayor eficacia en los impuestos, obliga a monitorear de manera permanente sus efectos y garantiza el correcto funcionamiento de las instituciones.
