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Consejo de Estado llama a declarar a alcalde Samuel Moreno, entre otros ocho funcionarios y ex funcionarios en proceso contra ex representante Germán Olano

AÚN NO han podido ser embargados los bienes de Miguel Guido y Manuel Nule, advirtió ayer la contralora Sandra Morelli Rico.

Según la directora del órgano de control, las pretensiones iniciales del proceso son por más de dos billones de pesos, aunque debido a obstáculos judiciales que ha encontrado, ya se han perdido 300.000 millones de pesos.

Morelli advirtió que el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Fredy Ibarra en principio negó la acción y luego el organismo de control presentó una acción popular, pero el mismo magistrado la admitió, para luego negar las medidas cautelares y después declararse impedido.

Para la contralora, la situación es muy grave porque sienta un mal precedente en el tema de las responsabilidades fiscales que se adelantan en contra de las personas naturales o jurídicas que realicen contratos con el Estado.

El embargo a los Nule tiene que ver con irregularidades en la contratación de las obras de la calle 26, por lo que la misma Contraloría les abrió también proceso de responsabilidad fiscal al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y a su antecesor, Luis Eduardo Garzón.

Proceso contra Germán Olano

De otro lado, dentro del proceso de demanda de pérdida de investidura contra el ex representante a la Cámara Germán Olano, por el carrusel de contratación, ayer el Consejo de Estado citó al alcalde de Bogotá Samuel Moreno y a ocho funcionarios y ex funcionarios más de su Administración para que declaren.

Así mismo, ante el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo deberán declarar el contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi, así como Néstor Eugenio Ramírez Cardona y Liliana Pardo Gaona, director y ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, respectivamente.

De igual manera, el Consejo también escuchará las declaraciones de la concejal Ángela Benedetti; del director del Programa Anticorrupción de la Presidencia, Óscar Ortiz; el asesor del alcalde Moreno, Leonardo Echeverry; el gerente General del Acueducto, Luis Fernando Ulloa Castrillón, y la directora de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos, Uaesp, Miriam Margoth Martínez Díaz.

De la misma manera, el Consejo de Estado solicitó a la Procuraduría y a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que remitan copia de los expedientes que tiene en su poder dentro de las investigaciones disciplinarias y penales, respectivamente que se adelantan por el carrusel de la contratación.

Las respectivas declaraciones las recibirá el alto Tribunal entre el 9 y 23 de febrero próximo.

La demanda de pérdida de investidura en contra de Olano había sido interpuesta por la Red de Veedurías Ver, a través de su vocero Pablo Bustos, por presunto tráfico de influencias y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Según la demanda que está en trámite en el Consejo de Estado, el ex parlamentario negoció con las autoridades distritales participación en los contratos de obras de infraestructura vial como la Fase Tres de Transmilenio, que también le costó una investigación penal previa ante la Corte Suprema.

Según dijo Bustos en su momento, “para la Red de Veedurías es claro que se habrían trasgredido tres causales de pérdida de investidura consistente, primero, en la negociación con el contralor de Bogotá; segundo, la negociación que habría realizado con beneficiarios del erario público, cuales son los contratistas del Grupo Nule; sumado a esto, por supuesto que estamos invocando la causal de tráfico de influencias”.

 

 

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