Este mes comienza el cobro del impuesto al patrimonio, un tributo que unas 40 empresas con contratos de estabilidad jurídica tienen en discusión. Pero no es el único problema con esta figura: hay 160 solicitudes represadas y denuncias por competencia desigual.
A partir del pasado 10 de mayo empezó el cobro del impuesto al patrimonio que le permitirá al gobierno recaudar más de $13 billones. Estos se destinarán, en gran parte, a atender los desastres que ha causado la ola invernal.
Aunque este es uno de los impuestos con mayores niveles de cumplimiento, su cobro para 39 compañías está por generar una profunda discusión jurídica. Se trata de empresas que firmaron con el gobierno anterior contratos de estabilidad jurídica; lo que, según ellos, les eximiría de pagar este tributo que representaría cerca de $1 billón. Para la Dian, en un concepto que emitió a finales del año pasado, se trata de un nuevo impuesto, por lo que son sujetos de pago.
Esta situación le dio una nueva visibilidad a los contratos de estabilidad jurídica. Según cifras del Ministerio de Comercio, están firmados cerca de 60 acuerdos, cuyo recaudo -con corte a marzo 31 de este año- por concepto de prima, llegó a $116.083 millones, correspondiente a 60% del total de recaudado previsto por este concepto, estimado en $192.388 millones. La duración promedio de los contratos es de 17 años.
Sin embargo, hoy hay un represamiento. Más de 160 solicitudes de empresas están en cola para firmar contratos de estabilidad jurídica. Con ellos buscan, por ejemplo, estabilizar acciones como el descuento de un porcentaje a inversiones en activos fijos, a cambio de una prima del 1% de las inversiones que, para efectos prácticos, es como el pago de un ‘seguro’. Obras de infraestructura como la Ruta del Sol también están a la espera de que se les dé trámite a estos contratos para asegurar su realización, de acuerdo con modificaciones en las leyes.
Estos hechos han despertado en algunos sectores gran inconformismo por varias razones. Una, genera desventajas competitivas que ya se están registrando. Dos, la demora en los trámites de las solicitudes que están en fila ya llevan varios meses a la espera. Tres, algunos críticos dicen que llegó la hora de debatir estas exenciones y garantizar igualdad para todos los jugadores.
El Gobierno, en voz del Ministerio de Comercio, ha señalado que el modelo se está revisando y se presentarán algunos cambios.
La mano al dril
El debate en torno al impuesto al patrimonio está que arde. Cuando se tramitó en el Congreso -en el año 2009- 39 empresas tenían firmados contratos de estabilidad jurídica, en los cuales habían estabilizado la fecha de vencimiento del tributo al patrimonio impuesto en 2006. Para las empresas se trata de dos impuestos iguales y, en su concepto, se estaría violando el contrato porque se les extendió la fecha cuatro años a través de una norma.
La Dian piensa todo lo contrario. Amparada en la Ley 1370 de 2009 -que faculta la aplicación del nuevo gravamen sin ninguna excepción, aún a aquellas personas jurídicas que al momento de su expedición hubiesen suscrito un acuerdo de estabilidad jurídica- sostiene que todos los sujetos de impuesto al patrimonio tienen que pagarlo. Según la Dian, en su concepto, aunque los anteriores contratos de estabilidad jurídica incluyeron disposiciones relativas al impuesto al patrimonio creado por la Ley 1111 de 2006, “los contribuyentes que suscribieron estos acuerdos no están exonerados del nuevo impuesto establecido por la Ley 1370 de 2009, ya que esta última no constituye una modificación de la ley anterior”.
En plata blanca, la Dian argumenta que se trata de un nuevo impuesto al patrimonio. Por el contrario, las empresas sostienen que se trata del mismo impuesto, pues tiene la misma base, la misma forma y casi el mismo tipo de comportamiento.
Así las cosas, lo que viene es una profunda batalla jurídica que ya empezó a mostrar las primeras movidas. A la fecha, las empresas han solicitado a través de un derecho de petición a la Dian que cambie el concepto. Además, la consultora Deloitte lo demandó por nulidad ante el Consejo de Estado. “Lo que hemos recomendado muchos abogados es que, con base en el contrato, que tiene cláusula compromisoria, se demande de una vez a la Nación para hacer exigible el contrato de estabilidad jurídica”, advierte un reconocido abogado tributarista.
Para Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, este es un tema que está por definirse dentro del Gobierno, “e inclusive esa discusión será soporte para los cambios que haya que hacer en adelante en la normatividad”.
El problema de fondo
El conflicto frente al impuesto al patrimonio es una pelea jurídica, pero no la única. Hay cambios estructurales que están en juego. Por un lado, en el tema de competencia. Uno de los casos es el de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) cuya solicitud fue negada y, según la compañía, cumplió con todos los requisitos exigidos en el proceso.
“La solicitud formulada por la EEB respecto del contrato de estabilidad jurídica fue improbada. Interpusimos un recurso ante el comité técnico que fue resuelto negativamente”, explica Jorge Pinzón, vicepresidente financiero de la empresa.
La EEB solicitó el contrato de estabilidad jurídica con el proyecto de interconexión y transmisión de energía eléctrica con Ecuador, cuya inversión ascendió a US$75 millones. “Dentro de los argumentos del comité para la negativa es que la rentabilidad estaba garantizada de acuerdo con la regulación del sector eléctrico y eso no es así, de ninguna manera. Estamos en plena competencia, de tal forma que no hay garantía de rentabilidad a partir de la regulación”, agrega Pinzón.
Para la compañía, esta es una situación preocupante. ¿Por qué? Porque la EEB tiene que competir contra empresas del sector, que tienen contratos de estabilidad jurídica gracias a los cuales obtienen condiciones tributarias estabilizadas, como por ejemplo, una deducción de 30% del valor de la inversión en activos fijos productivos. “Es una diferencia muy importante porque su base de impuesto sobre la renta se baja considerablemente” dice Pinzón, quien agrega que ya presentó una tutela buscando que se garantice el derecho a la igualdad”.
El asunto es de una complejidad enorme. La laxitud en la forma en que se generaron y se dieron estos contratos -sin entender las profundas modificaciones en la competencia entre las diferentes empresas del país-, estaría generando arbitrariedades en el mercado. “Parte fundamental de una buena norma tributaria es que sea neutra. Y, por los casos, empresas iguales son tratadas de manera distinta, lo que podría llevar a que una pueda prevalecer sistemáticamente sobre otra”, agrega un experto.
Por otro lado, más de 160 empresas están pendientes de la definición de su solicitud. Una de ellas es Mineros, la firma antioqueña de minería que dirige Beatriz Uribe. “Hace dos años radicamos la solicitud, amparada en una inversión cercana a los $140.000 millones, pero todavía estamos en cola”.
El ministro Díaz-Granados señala que es muy probable que en el segundo trimestre de este año se les dé trámite a gran parte de las solicitudes. “Es necesario ajustar el instrumento, pero mientras tanto se están tramitando las solicitudes en curso”, explica el Ministro.
El otro tema complejo está relacionado con el manejo de las concesiones viales. Según el ministro Díaz-Granados, en la normativa no había posibilidad de entregar estabilidad jurídica a los concesionarios. Sin embargo, según algunos expertos, en la presentación de los modelos financieros se calcularon dentro del flujo de caja libre el descuento del 30% en activos fijos. ?
El que peca y reza…
Si bien la norma tenía como principio atraer inversión y garantizar el desarrollo de nuevos negocios y plantas en el país, ha despertado reparos en torno a la baja prima que pagan, su discrecionalidad e impacto. Alejandro Gaviria, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha planteado en diferentes foros que “puede haber estabilidad jurídica con componentes como garantías de seguridad, ambiental y de políticas para las empresas, pero sin comprometer un tratamiento preferencial en materia de impuestos”, dice.
Mientras se afina la discusión, ya se han dado algunos cambios. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo quedó incorporado que el 1% correspondiente al pago de la prima sea el piso y que el Gobierno, vía decreto, pueda aumentar el valor en función, por ejemplo, del tamaño de la inversión.
Dada la coyuntura y la revisión que está haciendo el Gobierno del instrumento, llegó la hora de debatir los alcances de estos contratos, los impactos que generan en la política fiscal, los montos de las primas y nuevos criterios para ponerlos en práctica. El debate está abierto.
Tomado de :https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/todos-cama_87830.aspx
