A la receta para una reforma pensional estructural no le pueden faltar estos tres ingredientes: equidad, universalidad y sostenibilidad.

El Gobierno ya afirmó que esas serán sus prioridades y está trabajando en la construcción de una propuesta que gire en torno a estos tres ejes.

La reforma del 2005 generó parámetros que hacen un cambio sustancial para la sostenibilidad del sistema pensional, lo que se sale de estos parámetros han sido los regímenes de transición que terminan en 2014 y de regímenes especiales y sentencias judiciales, que digamos, han interpretado que no han estado previstos mecanismos de reconocimiento de pensiones, eso tiene que calcularse en términos precisos y eso es lo que estamos haciendo’, afirmó el ministro de Trabajo, Rafael Pardo.

En materia de sostenibilidad, además de la revisión del aumento de la edad de jubilación, el Ejecutivo está evaluando la eliminación de algunos subsidios.

‘Fedesarrollo dice que el 40% de los subsidios van a la regulación de mayores ingresos, es en parte lo que el Presidente quiere cambiar por inequidad, por eso nosotros hablamos de la inequidad. El dinero debe ir directamente a la gente que tenga menores ingresos’, aseguró el presidente de Colfondos, Alcides Vargas.

Este año el hueco pensional en el Presupuesto General de la Nación asciende a $24 billones, equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto, lo cual llama la atención de los expertos.

‘En Colombia pagamos en pensiones más de lo que recaudamos en el IVA solo para beneficiar a un millón de personas, mientras que gastamos menos de la mitad en educación, en el que se benefician 9 millones de personas, esa equidad también hay que manejarla’, indicó el presidente de Porvernir, Miguel Largacha.

Las propuestas que han generado mayores controversia hasta el momento son las de Anif, que afirma que el Gobierno debe aprovechar su buena imagen para sacar adelante una reforma estructural en materia de pensiones.

‘Anif ha venido proponiendo de tiempo atrás soluciones de fondo, tecnocráticas (no populistas), que implican: el cierre del régimen público para nuevos cotizantes; una reducción de las tasas de reemplazo de niveles del 65%-80% al 45%-50%, eliminando los subsidios remanentes; e incremento de la edad de pensión de 60/62 a 62/65 (Mujeres/Hombres)’, manifestó su presidente, Sergio Clavijo.

El componente judicial de la reforma también debe ser tenida en cuenta, toda vez que las decisiones que están tomando algunos jueces está afectando la viabilidad del sistema.

‘Por la vía jurídica se está haciendo una reforma pensional, sin que haya sido concertada. Y entonces está lo más inquietante, que es estar legislando en causa propia’, agregó Vargas.

Frente a la voces, como las del ex presidente César Gaviria, que piden que se desate el salario mínimo de las pensiones, el ministro Pardo respondió que ‘eso está en la Constitución y yo creo que es muy difícil. Hay varias alternativas, pero yo creo que estando en la Constitución es un trámite más complejo y tiene un contenido digamos de derechos y de interpretaciones constitucionales que lo dificultan’.

En materia de cobertura, el manejo del Ejecutivo será por medio de los Beneficios Económicos Periódicos, Beps, que manejará Colpensiones. La construcción de la reforma sigue su curso y se espera que a mediados de año esté lista para ser socializada con los diversos actores del sistema antes de radicarla en el Congreso en el segundo semestre de este año.

‘Hay mucha gente a la que sus cotizaciones no les alcanzan para una pensión, hoy no hay alternativa distinta a tener una pensión o no tenerla, la estructuración de protección a la vejez permitirá que quien no pueda llegar a la pensión pueda contar con la alternativa de tener una renta vitalicia que le de protección a su vejez’, dijo Pardo.

Tomado de: https://www.larepublica.com.co/node/5053