Mientras el Gobierno mantiene su optimismo de que la Ley 1429 de 2010, de Formalización Empresarial y Primer Empleo, puede jalonar un potencial de 550.000 nuevos empleos, después de 14 meses de vigencia todavía muchas empresas desconocen los beneficios que ofrece.
En eso coinciden la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y la Escuela Nacional Sindical (ENS), al señalar la necesidad de que las medidas normativas sean acompañadas de otras acciones para lograr hacerle mella a la alta informalidad de las empresas y los trabajadores.
La Ley 1429 permite, entre otras, que pequeñas empresas nuevas o que funcionaban sin matrícula mercantil, se registren y estén exentas del pago de parafiscales y de impuesto de renta por dos años.
Asimismo, a las empresas formales que contraten menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años, desplazados, reinsertados o discapacitados se les descontarán esos aportes de nómina del impuesto de renta.
Frente a la petición de una campaña más agresiva de divulgación de la Ley, la directora de Promoción de Empleo del Ministerio del Trabajo, Natalia Ariza , responde que, entre otras acciones, se han hecho 1.800 visitas a empresarios, foros que han congregado a más de 6.000 asistentes, y se publicó un ABC de la Ley en www.mintrabajo.gov.co.
“Ahora estamos haciendo un plan de choque de formalización con los sectores de transporte de carga, tenderos, taxistas y construcción. Confiamos que el tema de formalización y generación de empleo sea tenido en cuenta en los planes de desarrollo de los municipios y departamentos”, agrega la funcionaria.
El cáncer de la informalidad
“La ley volvió más atractiva la formalidad con sus beneficios y ha ayudado. En 2011 se formalizaron 63.802 empresas, cuando en otros años no eran más de 10.000 anuales, pero la informalidad es mucho más grande”, señala el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera.
Según el directivo, en el país se calcula que la mitad de las empresas son informales y pueden ser alrededor de 2,5 millones, teniendo en cuenta que en el Registro Único Empresarial y Social existen 2.45 millones de empresas, entre personas naturales y jurídicos inscritas debidamente en las Cámaras de Comercio.
El balance de Confecámaras a diciembre pasado señala que 290.703 empresas resultaron beneficiadas de la Ley: 1429 89.982 se reactivaron, 63.802 se formalizaron y 136.919 más se crearon.
El Ministerio del Trabajo reveló en diciembre pasado un estudio que concluyó que 44.035 empresas han contratado a 395.266 menores de 28 años, más de la mitad en empresas grandes de construcción, comercio, manufacturas y servicios. El 17,4 por ciento de los nuevos empleos se generaron en Antioquia.
Aún así, la última medición del Dane indica que a diciembre pasado, de los 20,7 millones de ocupados, el 51,3 por ciento están en la informalidad, más preocupante aún es que 6,3 millones de los informales son parte del grupo de los llamados “cuenta-propia”.
Ante una informalidad tan alta, el Gobierno ya sabe que es una sus mayores amenazas para las finanzas públicas, pues hoy solo 30 de cada 100 trabajadores cotiza a salud, pensión y tiene caja de compensación y está afiliado a riesgos profesionales.
“Es un hecho que una empresa no va a crear un empleo solo por la exención que ofrece la Ley, sino porque realmente lo demandan las condiciones del negocio. Por eso habría que hacer más en la formación productiva de las empresas, formales e informales”, asegura Luciano Sanín Vásquez, director de la Escuela Nacional Sindical.
Tareas pendientes
Otro de los logros de la Ley de formalización es ponerle tatequieto a la intermediación indebida que se hacía a través de las cooperativas de trabajo asociado (CTA), uno de los compromisos frente al TLC con Estados Unidos. Sin embargo, esta actividad se mantiene apelando a figuras como el contrato sindical y la sociedad por acciones simplificadas (SAS).
“Hemos visto que crean sindicatos de papel y SAS sin otro fin más que eludir las obligaciones legales con los trabajadores en la intermediación. El Gobierno debe actuar desde ahora para que no se repita lo que pasó con las CTA”, concluye Miguel Pérez García , presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset).
Otras tarea pendiente, a ojos de la Escuela Sindical, es que las políticas de control de espacio público de los municipios se vincule a la formalización. “Empresas cuyos productos son comercializados por vendedores ambulantes reciben beneficios a cambio de mejoras en condiciones de sus trabajadores”, explica Sanín.
Entre tanto, el Ministerio del Trabajo espera que para el próximo mes esté listo el tercero y último decreto reglamentario de la Ley 1429. Así, quedarán surtidos los procedimientos requeridos para que los beneficios de la norma pasen de las buenas intenciones a la realidad de las empresas.
