Para el excongresista Darío Martínez, Colombia tiene el vicio de creer que todos los problemas se solucionan a través de reformas constitucionales.

La creación de leyes o de proyectos de ley en Colombia parece estar íntimamente ligada con los hechos que están ocurriendo en el país o en respuesta a eventos que por su importancia o trascendencia se convierten en fenómenos mediáticos, la conveniencia que puede tener este tipo de legislación para la Constitución que actualmente rige al país no está completamente determinada.

Un claro ejemplo de creación de leyes en momentos de coyuntura en el país, puede ser el proyecto de ley que actualmente está haciendo curso en el Congreso de la República y que busca endurecer las penas para aquellas personas que ataquen a otras con ácido. Esta iniciativa se puede considerar como respuesta al significativo aumento de casos de personas afectadas por este tipo de ataques en el país y que solo durante este año ha dejado a 19 víctimas.

Como el anterior, hay varios ejemplos que han nacido como solución a determinadas situaciones que atraviesa la sociedad colombina. Sin embargo, para el exsenador Darío Martínez, Colombia adolece de un vicio grave, como él llama, a la creencia de que “todos los problemas se solucionan con reformas constitucionales”.

“Aquí, en Colombia, adolecemos de un vicio, que me parece que es un vicio grave, al que yo llamo fetichismo Constitucional y Legal, que consiste en creer que todos los problemas se solucionan con reformas constitucionales y reformas legales. Tenemos la Constitución más larga del mundo, la más extensa, se le han hecho más de 30 reformas”, dijo Martínez.

Para el excongresista el país está completamente equivocado si cree que los problemas se solucionan exclusivamente con reformas constitucionales, ya que para él hay un sinnúmero de normas legales que no se cumplen porque están mal elaboradas, porque son inocuas o inofensivas y “no sirven para nada”.

Una opinión similar a la de Darío Martínez, es la que tiene el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien cree que “el constituyente y el legislador tienen la obligación de relejar en sus decisiones aquello que verdaderamente, y no por coyuntura política,  interesa a la sociedad.

Hernández agregó que “se está improvisando en el ejercicio de la función legislativa como en ejercicio de la función de reformar la Constitución, se está improvisando por parte del Gobierno, se está improvisando por parte del Congreso, se improvisa por parte de los distintos organismos que podrían tener participación en las decisiones y finalmente a lo que conduce esta legislación y esta normatividad desorganizada que se está produciendo no es otra cosa que un caos”.

Y es que parece que hasta los eventos de coyuntura internacional como el estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha influido en la creación de leyes en el país, tal y como lo demuestra el proyecto de ley que fue radiado en marzo en el Congreso, el cual establece que los presidentes de la República, Vicepresidentes, Ministros o Directores de Departamentos Administrativos, que resulten con enfermedades terminales se retiren del cargo.

Sin embargo, la propuesta no le sonó mucho al ex presidente de la Corte Constitucional, quien dijo que lo relativo a las ella enfermedades del primer mandatario ya está establecido en la Constitución Nacional.

“Cada una de esas propuestas resulta plasmada como resultado de una coyuntura no solamente nacional sino internacional y lo relativo a la enfermedad del primer mandatario ya está previsto en la Constitución, porque si hay enfermedad física o permanente eso lo tiene que declarar el Senado y se aparta de su cargo al Presidente de la Republica y lo reemplaza el vicepresidente, de modo que eso ya está claramente previsto en la Constitución”.

Para el senador Carlos Ferro, la culpa de este tipo de leyes coyunturales no radica solamente en el Congreso sino que muchas veces también se relaciona con el Estado que busca que determinadas disposiciones tengan un mayor nivel de ejecución y responsabilidad como lo tiene una ley de la República.

“Yo lo que creo es que en el país se está buscando unas normas que buscan constitucionalizar la obligación en materia de algunos deberes y derechos que fundamentalmente corresponde a ellos; otra es que se están yendo hacia unas decisiones que pueden ser de carácter administrativo simplemente elevando a la categoría de leyes para que fundamentalmente puedan tener un mayor nivel de ejecución por parte de las autoridades”, explicó el Senador.

Ferro cree que sí se está excediendo el tema de aprobación de normas a través de Congreso de la República, ya que muchos de esos elementos se pueden considerar de carácter legal.

No todas las leyes que son creadas en un momento de coyuntura son malas o implican algún perjuicio para la sociedad, sin embargo, se considera que un de las formas de depurar las leyes que en su momento sirvieron como respuesta a una determinada situación coyuntural y mediática del país se debe recurrir a la derogación de las mismas para un funcionamiento del sistema legislativo del país.

Las posibles soluciones

Para el excongresista Darío Martínez, es muy importante que las decisiones que puedan ser tomadas por cuenta del Gobierno Nacional, Municipal sean tomadas por ellos y no se remitan necesariamente al Congreso para convertirlos en proyectos de ley.

“Hay decisiones de carácter administrativo que pueden perfectamente ser tomadas por cuenta del Gobierno Nacional, Municipal y Departamental, no se necesitan reformas constitucionales, ni reformas legales, son decisiones que están dentro de la competencia y el resorte o del Presidente de la República, o de los Gobernadores o de los alcaldes, sin embargo, se acude siempre a la presentación de reformas constitucionales o a la aprobación de reformas legales por desconocimiento o ignorancia de la competencia que tienen estos funcionarios adscritos en la administración y la ley”, explicó Martínez.

Para el senador Carlos Ferro, la solución es hacer un estudio serio para buscar que Colombia tenga una certificación normativa para reconocer que hay leyes que se han vuelto obsoletas o que pierden vigencia cuando otras se han aprobado.

“Los Estados deben comenzar a hacer un estudio muy serio frente al tema que es la normatividad vigente por la misma forma en que se debe aplicar la ley, por la manera de conocerla y porque también al final mandan muchas leyes que terminan siendo repetitivas y se vuelven obsoletas, en razón a que cuando se están aprobando las nuevas no se hace una derogatoria exprés. Por eso este proyecto busca que a través de una comisión el Gobierno y el Congreso hagan un estudio detallado de qué es lo que quieren, o de las leyes que requieren derogarse en el momento en el que no tengan el desarrollo que le corresponde dentro de la vigencia legislativa”, explicó.

Los estudios sobre las leyes que ya no le sirven al país los viene desarrollando el Senador Ferro desde hace varios años y la propuesta ya está materializada en un proyecto de ley que fue radicado desde el año pasado en el Congreso y que ya superó de manera positiva su primer debate.

Las  leyes innecesarias

La creación de leyes en momentos de coyuntura a lo largo de los años ha generado una acumulación de las mismas, que aunque pudieron haber sido de vital importancia hace algunos años, hoy han perdido vigencia por el cambio de las condiciones económicas, políticas y sociales que ha vivido el país, o simplemente porque el fin para el que fueron creadas se cumplieron satisfactoriamente en su época, pero aún así siguen siendo normatividades que están vigentes.

Y es que realmente es bastante amplio el campo de estudio a la hora de elegir cuáles leyes se pueden derogar en el país, ya que durante el transcurso de la vida política colombiana se han producido más de 20 mil leyes y más de 8 mil jurisprudencias de las Altas Cortes, la cifra le hace pensar al Gobierno que aquí hay una “inflación normativa” que tiene incluidas normas que son obsoletas.

Solo basta con remitirse al Código Civil, que a pesar de tener una vigencia de más de 100 años (1887) ha sido modernizado y puesto a tono con las condiciones actuales de la sociedad, sin embargo, entre los 2684 artículos que lo conforman hay dos que particularmente llaman la atención por sus disposiciones:

El primero es el artículo 696, que reglamenta la propiedad sobre las abejas: “Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sean del dueño de ésta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo hagan sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas o contra la prohibición del mismo en las otras”.

Artículo 697. “Propiedad sobre las palomas: Las palomas que abandonen un palomar y se fijen en otro, se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que éste no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aquerenciarlas”.

La existencia de artículos como los anteriores en legislaciones actuales, llevaron al presidente Juan Manuel Santos a proponerle al Congreso, hace un año, derogar todas aquellas normas que ya no son válidas, a hacer “algo que hizo Suecia en los años 70, que es dedicarse seis meses a no legislar, sino a borrar leyes innecesarias”.

En esa ocasión el Presidente insistió en dedicar tiempo de una legislatura para iniciar el proceso de derogación, “de pronto, podríamos pensar en dedicarle unos tres meses, que el Congreso se dedique solamente a estudiar leyes que ya no se necesitan, así como los trámites inútiles, las leyes inútiles”.

Santos agregó que reconocía el trabajo que habían realizado los congresistas durante sus primeros meses en la corporación, pero dijo que era necesario revisar el trabajo del Congreso de décadas anteriores ya que habían producido muchas leyes que “con el tiempo se van volviendo obsoletas y se van volviendo obstáculos para el desarrollo”.

A pesar de que no se hizo una pausa en la actividad legislativa para revisar la normatividad, actualmente hace curso en el Congreso un proyecto que promueve la simplificación normativa del país, la iniciativa del senador Carlos Ferro busca que la Dirección de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia adelante los procesos necesarios para derogar todas aquellas leyes que sean anacrónicas, improcedentes, contradictorias, incompletas, inexactas o redundantes del ordenamiento jurídico nacional.

Destacado:

“Las palomas que abandonen un palomar y se fijen en otro, se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que éste no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aquerenciarlas”. Artículo 697 del Código Civil

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* Ley de Piscinas

– Antecedentes: La muerte de un menor en la piscina de un hotel de Cartagena, al parecer por el mal estado de una rejilla de succión y, además, por no cumplir con las condiciones técnicas adecuadas, prendió las alarmas sobre la reglamentación de las piscinas en el país.

– Disposiciones: Se creó la Ley 1209 de 2008 que especifica las normas de seguridad que deberán cumplir las piscinas en Colombia. La reglamentación de la norma inició en el 2009 y tuvo un año de plazo para su implementación. Este año fueron demandados 54 municipios que incumplían con la Ley.

* Transmisión de FPC

– Antecedentes: Este año no se logró una negociación entre la Dimayor y todos los operadores de televisión por cable para la transmisión de los partidos de Fútbol Profesional Colombiano (FPC), lo que dejó aproximadamente a un 80 por ciento de los suscriptores de televisión cerrada sin posibilidad de ver los partidos.

– Disposiciones: Se radicó un proyecto que busca declarar de interés público la transmisión del torneo de fútbol profesional en Colombia, con el fin de que la mayor parte de los habitantes del país tenga acceso a las transmisiones de los partidos. La iniciativa que fue radicada el mes pasado pretende que los canales transmitan los eventos deportivos de su interés para evitar las prácticas monopolísticas o de exclusividad.

* Quemaduras con ácido

– Antecedentes: Durante el 2012 se han registrado, hasta el día de hoy, 19 ataques con ácido a personas en diferentes partes del país. El aumento de las cifras y la falta de legislación para este hecho han despertado preocupación en la sociedad y el Gobierno que empieza a ver este tipo de ataques como una amenaza.

– Disposiciones: El congresista Liberal, Óscar de Jesús Marín, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la integridad de las personas y además busca aumentar las penas para aquellos que de manera dolosa o culposa atenten contra otra persona de esta manera. Las multas de prisión para estos casos irían desde los 10 hasta los 20 años de ser aprobada. La iniciativa superó hace unas semanas su primer debate en el Congreso.

* Prisión perpetua a violadores

-Antecedentes: El incremento de los casos de menores abusados en el país que han descubierto las autoridades o que han sido denunciados por las propias familias y las denuncias de algunos congresistas por las leves condenas que se aplican en estos casos iniciaron una batalla legislativa que busca ampliar significativamente las penas para los abusadores.

– Disposiciones: Se radicó un proyecto de ley que impulsaba castigar con cadena perpetua a quienes cometieran homicidio, violación, explotación sexual, maltrato severo y secuestro contra menores de 14 años. Primero la iniciativa se hundió en el Congreso, después volvió a ser presentada en forma de referendo para que los colombianos decidieran si quieren que los abusadores paguen una condena tan alta, una de las autoras sigue tratando de presentar la propuesta con firmas de ciudadanos para hacer realidad la propuesta inicial.

* Día Nacional sin Alcohol

– Antecedentes: Las estadísticas entregadas durante el último mes indican que el consumo de alcohol en menores han aumentado de 27 a 40 por ciento y que las ciudades en donde más se presenta el consumo en jóvenes son Medellín y Tunja hizo que el Gobierno Nacional diera una alerta a todos los sectores de la sociedad para generar acciones que disminuyan las cifras y mejoren la calidad de vida de los jóvenes.

– Disposiciones: La representante a la Cámara del Partido Conservador, Lina María Barrera, propuso establecer durante la tercer semana de octubre el Día Nacional sin Alcohol como estrategia institucional para alertar a la población sobre los riesgos de salud, económicos y familiares que puede generar el consumo excesivo de licor. El proyecto involucra a las entidades del Gobierno en la realización de este día anualmente.

* Equipos y elementos de izaje

– Antecedentes: La muerte de 21 niños que se desplazaban hacia sus casas en una ruta escolar del colegio Agustiniano, en Bogotá, porque una máquina recicladora de asfalto  no estaba en condiciones óptimas y cayó sobre el bus que transportaba a los menores, y la caída de una torre grúa en una concurrida avenida de la capital que dejó varios heridos y dos carros destruidos, alertaron sobre la regulación de los vehículos que realizan este tipo de trabajos.

– Disposiciones: Hace curso en el Congreso un proyecto de ley que busca reglamentar todo lo relacionado con los requisitos para la utilización de equipos y elementos de izaje, así como las condiciones de experiencia y capacitación exigida a los operadores de los mismos, fue presentada por tercera vez por el senador Telésforo Pedraza, quien insiste en la importancia de reglamentar este tipo de maquinaria para seguir previniendo accidentes, esta vez el proyecto ya superó su primer debate

Tomado de: https://www.elnuevosiglo.com.co