No es claro el método utilizado para tomar tan trascendental decisión, puesto que no hay evidencia de un estudio técnico que la respalde”: senador Luis Carlos Avellaneda (PDA).

(Columna senador Luis Carlos Avellaneda).- El sistema General de Seguridad social en salud, establecido por medio de la Ley 100 de 1993, determinó como herramienta para materializar el derecho fundamental a la salud un plan de beneficios denominado Plan Obligatorio de Salud – POS, en el cual se incluyen una serie de procedimientos, tratamientos, insumos y medicamentos.

Desde el principio este método de materialización del derecho, ha recibido muchas críticas por ser de carácter restrictivo, no acorde con las realidades de salud de la población y por limitar a los pacientes a un determinado listado que en muchas ocasiones no permite una recuperación integral de la salud.

De otro lado, las quejas frente al listado del POS han venido de todos los actores del sistema por no ser claro, por dejar muchos vacíos y por ser una herramienta que puede ser interpretada al antojo y beneficio de cada quien.

En este orden de ideas, el sistema determinado en el POS ha permitido abusos por parte de EPS, tanto en la negación de servicios incluidos, como en un crecimiento inusitado de recobros al FOSYGA, que tienen en un serio riesgo el sostenimiento financiero del modelo de aseguramiento. Sustentamos esta afirmación a partir de dos hechos trascendentales: primero, que el 65.4% de las Tutelas son por servicios incluidos en el POS, de acuerdo al estudio de la Defensoría del Pueblo; y segundo, que el Fosyga gira millonarios recursos por cuenta de los recobros de las EPS, los cuales solo en 2010 significaron más de 2 billones de pesos.

Estos hechos y otros de mayor gravedad, que han venido siendo recurrentes en los últimos años, obligaron al Congreso a expedir dos leyes y a la honorable Corte Constitucional a proferir la sentencia T-760, conminando al Gobierno Nacional y en particular a la comisión de Regulación en salud, para que busquen una solución de fondo a la indefinición del POS y a la grave situación que acarrea para el sistema ésta problemática.

Es de anotar, que los diferentes gobiernos no han solucionado esta situación y por el contrario han dado largas, permitiendo que la crisis del sistema se acrecente a niveles inmanejables que tiene al borde del colapso a todo el sector.

En este orden de ideas, la Comisión de Regulación en Salud ha dado a conocer la inclusión y actualización del denominado POS de más de 350 nuevas tecnologías en salud, con el objeto de superar la indefinición, garantizar el derecho a la salud y eliminar las “zonas grises”.

Como era de esperarse, esta medida ha ocasionado una serie de críticas de parte de los profesionales de la salud, los hospitales, las clínicas y hasta de los pacientes. Lo que sí está claro frente a esta actualización, es que se insiste en un listado de beneficios, se rompe el principio de integralidad y se sigue pensando en el modelo curativo y no preventivo que haga más eficiente y genere un verdadero impacto en el estado de salud de la población.

Asimismo, no es claro el método utilizado para tomar tan trascendental decisión, puesto que no hay evidencia de un estudio técnico que la respalde y se contradice lo enunciado por el Presidente de la República, que en días pasados anunció por todos los medios de comunicación, que el sistema de salud en Colombia cubriría todas las enfermedades, que no habría exclusiones y que la salud es un derecho humano fundamental, lástima que las palabras del presidente no tuvieran eco en los señores comisionados, que se mantienen desconectados de los colombianos y colombianas.

Lo anterior, amerita que se piense en un sistema de salud nuevo, donde se garantice de manera efectiva el derecho fundamental a la salud para todos y todas en igualdad de condiciones, mínimo bajo los principios de calidad, calidez e integralidad.