Fuente: https://www.elnuevosiglo.com.co
EN momentos en que el país registra un pico alto en materia de inversión extranjera y que la economía crece a ritmos superiores a los previstos por el Gobierno y el Banco de la República para este año, el anunciado proyecto de reforma tributaria empieza a impactar en el clima de negocios y genera incertidumbre, lo que no resulta positivo más aún cuando Colombia tiene en la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas del juego uno de sus principales atractivos para seducir capitales e iniciativas empresariales foráneas.
El Gobierno, por intermedio del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), viene trabajando a marchas forzadas para que la iniciativa tributaria sea radicada en el Congreso a más tardar en agosto. No se conocen al detalle cuáles serán los cambios que en materia impositiva se propondrán y menos aún su efecto en el sector económico real. Aún así de los pronunciamientos oficiales al respecto se deriva que no será ésta la reforma estructural que por años se prometió en la anterior administración y nunca se concretó. Se sabe, eso sí, que aunque no habrá un alza en las tarifas ni creación de impuestos, e incluso algunas tasas bajarán, se ampliará la base gravable de los ya vigentes, es decir, que más colombianos tendrán que entrar a declarar y eventualmente pagar tributos como el de renta. Igual se afirma que están en la mira otro paquete de las millonarias exenciones impuestas por el anterior gobierno, cuyo costo-beneficio es difícil de sobrellevar para las arcas estatales. También se habla de un eventual gravamen a los capitales que sean sacados del país por concepto de remesas de inversionistas así como de mecanismos para que las fusiones de compañías nacionales y extranjeras no se concreten necesariamente en el exterior y mejor paguen una tasa impositiva en Colombia.
Como siempre en estos proyectos de reforma, la meta final es tener una administración de impuestos más simplificada, con la menor tramitología posible, que le haga las cosas fáciles al ciudadano y, sobre todo, que dé garantías de transparencia en materia de captación y destinación de los recursos.
Esto último es urgente, pues todavía falta por establecer cuál será el impacto en el ritmo de recaudo tributario que tendrá el recién descubierto escándalo de corrupción y desfalco cercano a un billón de pesos registrado en los últimos años a través de devoluciones de IVA por concepto de exportaciones ficticias. Creer que la gente que cancela sagradamente sus impuestos no se verá desanimada al ver cómo esta red de delincuentes de cuello blanco esquilmó el dinero que pagan los colombianos, sería apenas ingenuo. Es claro, entonces, que en este tema de las devoluciones de este tributo, habrá que jugarse a fondo a la hora de los ajustes.
El proyecto de reforma debe ser ambicioso en materia de combate a la evasión y elusión. Baste con decir que por la primera de estas anomalías, en sólo IVA, el país deja de recaudar al año casi tres billones de pesos. Para combatir este flagelo no sólo es clave hacer más eficientes los mecanismos de rastreo, coercitivos y sancionatorios, sino también crear incentivos atractivos para que empresarios e industriales, sobre todo en el nivel de medio y pequeño, sigan formalizando cada día más sus operaciones económicas.
Como se ve, así no tenga el estatus de “estructural” que algunos sectores nacionales querían de este nuevo proyecto de reforma, es obvio que no será una iniciativa de corto alcance y que su ámbito de aplicación debe ir más allá de la simplificación y modernización de la estructura impositiva. Y más importante aún, es que el texto llegue rápidamente al Congreso y el debate se haga de manera clara y eficaz, para que el clima de negocios y una economía pujante, y por ende con mayores tasas de tributación, sepan a qué atenerse y cuáles serán las reglas del juego en el corto y mediano plazos.
