Fuente : www.larepublica.com.co
En el plano internacional, varios países han promovido la adopción de estrategias nacionales de educación financiera que articulen acciones públicas y privadas alrededor de unos lineamientos y objetivos, evitando la atomización de los esfuerzos y de los recursos.
En Colombia, con la Ley 1328 de 2009 se logró elevar a rango legal distintas disposiciones en materia de publicidad y acceso a información que las entidades financieras venían desarrollando.
También se pudo adoptar un régimen especial de protección al consumidor financiero. Además, se obligó a las entidades a desarrollar programas de educación financiera para los consumidores a partir del pasado 1° de enero.
Estos avances no logran, sin embargo, posicionar el asunto de la educación financiera como una prioridad social, económica y política ya que no la reconocen como un proceso que debe liderarse desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que tiene que empezar en la infancia y continuar durante las diferentes etapas de la vida con la ayuda del Ministerio de Educación y las otras entidades públicas y privadas competentes.
Dada la importancia del tema, no se puede dejar solo en manos de privados su ofrecimiento, menos cuando se carece de lineamientos claros que garanticen su calidad. Ahora bien, al revisar la hoja de ruta y apuestas del Gobierno plasmadas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, encontramos que la educación financiera se aborda como un instrumento para promover el acceso a los servicios financieros y la bancarización. Para su fortalecimiento, se prevé el desarrollo de una estrategia nacional que articule los esfuerzos y que inserte a Colombia en la tendencia mundial.
Sin embargo, entenderla sólo como un instrumento para aumentar el acceso a servicios financieros es un error que limita los esfuerzos que como país se emprendan en esta materia.
La educación financiera debería estar concebida en el plan de gobierno como parte integral del objetivo y apuesta por mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de competencias para la prosperidad y no solamente dentro del apartado relacionado con el acceso a los servicios financieros. En ese sentido, la educación financiera debería estar incluida en la educación obligatoria y en la que se imparte en otros ciclos de educación. Por su parte, el éxito de la estrategia nacional que según las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 se tendrá que desarrollar en los próximos años, no puede dejarse en manos de la buena voluntad de los diferentes actores. Se requiere de un liderazgo del Gobierno y de una responsabilidad compartida a partir de roles y obligaciones claras según las competencias de cada uno de los actores involucrados.
Entre más pronto se tenga claridad sobre estos aspectos, más fácil será alcanzar las metas que establezca el gobierno para aumentar el nivel de alfabetización económica y financiera de la población.
