Así lo manifestó el Presidente Juan Manuel Santos en el VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional ‘Diálogos con el Mundo’, en donde explicó que sin entrar a juzgar la pertinencia o no de estos fallos, sí es su deber prender las alarmas e insistir sobre la importancia de que se promueva una unificación jurisprudencial en la materia.
El Presidente Juan Manuel Santos indicó este lunes que las divergencias que se presentan en las Altas Cortes sobre el régimen de transición de pensiones podrían costarle al país 57 billones de pesos en los próximos 20 años.
“Hoy quiero llamar la atención sobre la bomba de tiempo que se cierne sobre las arcas de la nación, es decir, de los colombianos, por causa de las interpretaciones cambiantes y en ocasiones contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se vienen haciendo en otras Altas Cortes sobre el tema del régimen de transición de pensiones creado por la Ley 100 de 1993”, señaló el Mandatario durante su participación en el VII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional ‘Diálogos con el mundo’, realizado en Bogotá.
El Jefe de Estado explicó el costo que tendría para el país estas divergencias jurisprudenciales.
“Pueden llegar a costarle al país desde unos 12 billones de pesos, si sólo tenemos en cuenta funcionarios de la rama judicial y los órganos de control, hasta 57 billones de pesos a lo largo de los próximos 20 años, si se extiende la jurisprudencia a todos los servidores públicos”, explicó el Presidente Santos.
Agregó que sin entrar a juzgar la pertinencia o no de estos fallos “que no es el papel del Ejecutivo”, sí es su deber prender las alarmas e insistir sobre la importancia de que se promueva una unificación jurisprudencial “que bajo el principio de la ponderación defina claramente la forma como se debe proceder”.
El Jefe de Estado lanzó la advertencia al recordar que en Colombia hay riesgos reales que confrontan la viabilidad económica del país y que no se pueden desconocer.
Recordó que hace un año, en este encuentro constitucional, ya había hablado sobre los efectos que sentencias bien intencionadas sobre temas de salud, créditos hipotecarios y ajustes de salario pueden tener no sólo sobre las finanzas públicas sino incluso sobre la equidad, que puede vulnerarse cuando, por proteger el derecho de algunos, se pone en peligro el porvenir de la mayoría.
