Las arcas del Estado no se encuentran en su mejor momento, pues por un lado se encuentran las pérdidas por la corrupción, que llegan aproximadamente a los $9 billones, y por el otro, las demandas que desangran al Estado, estimadas en $1,02 billones.
Según datos de la Red de Veedurías, el dato que presenta el Zar Anticorrupción, Óscar Ortíz, sobre la pérdida de $4 billones anuales por corrupción en el país, no es totalizada.
Para el director de servicios públicos de la Red, Libardo Espítia, se considera que la cifra se dobla, pues no se comprometen los temas del sistema general de participaciones, salud y regalías.
“Estimamos que la cifra aumente, pues en este momento más departamentos recibirán regalías y los políticos comienzan a hacer su agosto”, dijo Espítia.
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Esto, sumado a la escandalosa cifra de las demandas al Estado que alcanza los $1,02 billones, representados por 260.000 procesos ante instancias judiciales.
Para mitigar este problema, el Gobierno Nacional lanzó la semana pasada la Agencia para la Defensa Jurídica, producto de un año de preparación. El Banco Interamericano apoya la puesta en marcha de esta institución a través de un crédito por US$10 millones.
Pero, ¿podrá esta nueva figura arreglar este problema?
Para el abogado Eduardo Vásquez, se trata de esperar a su funcionamiento, pues aunque se creó para solucionar el desangre estatal, no quiere decir que las demandas comiencen a disminuir.
“Se trata de que los mejores abogados especializados definan cuáles son las demandas temerarias y cuáles las fundadas”, dijo Vásquez. También afirmó que es un paso importante y necesario pero solo se sabrá si valió la pena, en un tiempo.
En cuanto al nivel de abogados, aclaró que se establece un rasero en los casos, para lo cual, los abogados demandantes y demandados podrán actuar al mismo nivel. Y, ¿por qué es tan fácil ganarle una demanda al Estado? Esta es la pregunta común, a la cual el jurista contestó que faltaba una capacitación específica en este tipo de casos. Ahora los demandantes van a tener más prudencia a la hora de entablar un proceso.
A este cuestionamiento, el jurista Julio José Orozco, respondió que anteriormente existía falta de coordinación y el Estado siempre se veía vencido en los términos.
También se presentan casos de abusos, como los que se evidencian claramente en el caso de las `pirámides`, pues abogados inescrupulosos reúnen a un grupo de afectados prometiéndoles la devolución de sus dineros y al final, obviamente no les pagan.
Otra modalidad de abuso en demandas contra el Estado fue argumentada por el abogado penalista, Francisco Bernate, quien afirmó conocer casos en los que hay profesionales dudosos que viven descaradamente de ello. Por ejemplo en las tragedias donde los juristas buscan a familiares y afectados, les pagan por dejarlos representar a las víctimas y después se quedan con el dinero. “La defensa de la Nación suele ser pésima”, concluyó.
Todo lo anterior se demuestra con las cifras, pues el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha calculado que el pasivo contingente, es decir, el monto que debiera asumir el Estado ante una eventual sentencia condenatoria, es de $431 billones. El pasivo contingente que sería causado en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2021, oscilaría entre el 12% y 17% del PIB anual.
Este cálculo incluye un viejo proceso contra el Ministerio de Agricultura, cuya reclamación individual supera los $594 billones. Este proceso se encuentra actualmente en segunda instancia ante el Consejo de Estado.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011 del Minhacienda, desde el 2000 hasta la fecha, la Nación ha pagado $3,6 billones como indemnización a particulares.
En menos del 2% de las demandas en que fue condenada la Nación se ha ejercido acción de repetición contra los funcionarios responsables.
Se realizó una encuesta a las oficinas de asesoría jurídica, y solo 32% de las entidades tienen políticas integrales de defensa documentadas, 45% parecen no tener políticas pero sí algunos criterios de defensa; y 5% no tienen ni políticas ni criterios.
En cuanto a las estrategias de defensa, 48% no tienen estrategias.
En el proceso de conciliación, 35% de las entidades reconocen no tener ni políticas ni criterios documentados en materia de conciliación. Según datos de la Procuraduría, solo 5% de los procesos logran ser conciliados.
Deudas
Pero esto no es todo el problema, el Gobierno se ha visto obligado a endeudarse y acudir a la emisión de Títulos de Deuda Pública (TES) para dar cumplimiento a algunos fallos judiciales que se encontraban por fuera del presupuesto. Por ejemplo, en 2006 se emitieron papeles por $200.000 millones para cancelar una obligación judicial proveniente de dos procesos contra del sector transporte. En 2008 fue necesario emitir bonos por $90.000 millones para los mismos fines.
Según el Litigob, sistema actual de información sobre litigios administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a julio de 2011 se contaba con 2.699 abogados y en promedio cada uno de ellos lleva 56 casos. Sin embargo, hay entidades donde la carga laboral por abogado excede los 300 casos, como el caso de la Policía Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Hay que resaltar el caso del Instituto de Seguros Sociales, pues tiene vigentes más de 68.000 procesos, los que maneja con 326 apoderados, para una carga promedio de 211 procesos por abogado y con un resultado de éxito procesal en segunda instancia de 0.36%.
La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa cuyas cargas laborales por abogados también son elevadas, tienen también bajas tasas de éxito en segunda instancia (22% y 25%, respectivamente). Sin embargo, de acuerdo con información suministrada por las veinte entidades más demandadas, en el año 2010 solo 27% de las sentencias en procesos contra la Nación tienen un resultado favorable para el Estado.
El Estado pierde un promedio del 73% de los juicios, frente 23,5% de Chile o el 55,2% de Brasil.
Antecedentes
A la cabeza de la Agencia de Defensa Jurídica estará un Consejo Directivo, conformado por los Ministros de Justicia y del Derecho -quien la preside-, y los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, el Secretario Jurídico de Presidencia y dos asesores externos. Este Consejo estará encargado de formular los lineamientos generales en materia de defensa de la Nación, siguiendo un plan estratégico. En particular, determinará los criterios que hacen obligatoria la intervención de la Agencia Jurídica en determinados casos en contra de las entidades nacionales. No acogerá la totalidad de los casos adelantados en contra de las 228 entidades, sino que escogerá casos de mayor importancia. También tendrán especial control los casos adelantados ante organismos y tribunales internacionales.
Eduardo Vásquez
Abogado especialista
“Desde hace un año el Gobierno Nacional viene preparando el lanzamiento de la Agencia de Defensa Jurídica y depende de los abogados que trabajen en ella, que surta efecto su creación. Se deben incorporar juristas especializados en las áreas administrativas, probatorias y procesales. Solo en un tiempo podremos saber sus beneficios.”
Francisco Bernate
Abogado penalista
“Es innegable que hay demasiados abusos y que hay abogados que viven descaradamente de ello. Se de casos en que tras una tragedia, abogados buscan afectados y familiares, les pagan por dejarlos representar a las víctimas y después se quedan con la plata. En eso hay demasiados abusos y la defensa de la Nación suele ser pésima.”
Libardo Espítia
Director de servicios públicos de la Red de Veedurías
“La ley 790 y los Conpes 3248, 3249 y 3251 que soportaron la implementación del PRAP tenían un componente de $300 mil millones para fortalecer la Dirección Jurídica a cargo del Mininterior y Justicia, que no dieron resultados, porque no fue fortalecida y los carteles de abogados especializados en demandar al Estado no encontraron una oposición fuerte.”
Julio José Orozco
Abogado comercialista
“La creación de la nueva Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano es un gran acierto, pues sirve de mucho para mitigar el problema de las demandas contra el Estado. Además anteriormente faltaba coordinación para llevar estos casos y la Nación siempre se veía vencida en los términos. Definitivamente fue un acierto.”
