Decisión de la Contraloría podría acelerar los procesos penales y disciplinarios

LEY3.jpg

LEY3.jpg

Fuente : www.larepublica.com.co

El alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, aseguró que sus abogados ya trabajan en pedir la anulación de la orden dada por la Contraloría General de la República para que sean embargados los bienes del mandatario local.

La medida del órgano de control, que cobija a otros trabajadores de la Alcaldía y a ex funcionarios, pretende recuperar dineros perdidos por el Distrito en el proceso de adjudicación y construcción de la fase III del sistema de transporte masivo, Transmilenio.

Moreno Rojas consideró equivocada la actuación de la contralora general, Sandra Morelli, pues aseguró que el régimen de contratación en Bogotá es distinto del régimen nacional, por lo que en la ciudad las responsabilidades fiscales recaen sobre los jefes de cada departamento administrativo, mientras que las responsabilidades políticas si le competen al Alcalde.

Por su parte, no existe claridad sobre si la orden de embargo cobija o no al pasado alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón.

Pero ahí no puede quedar este proceso, pues según el abogado especialista, Óscar Sierra, esta orden es obligatoria aunque puede proceder recurso. Sin embargo, el embargo se sostiene hasta que se revoque la decisión. Para el jurista es importante analizar que Samuel Moreno siendo alcalde puede defenderse mejor y su renuncia no le quita el problema.

Además, cabe recordar que en este momento existen ya tres procesos contra Moreno, el primero es penal de la Fiscalía por interés ilícito, el segundo es disciplinario y lo lleva la Procuraduría y este último que se considera fiscal.

Para Sierra, la medida preventiva tomada por la Contraloría podría acelerar los dos procesos anteriores, pues se espera que en los próximos días el procurador, Alejandro Ordóñez, se manifieste frente al tema.

Por su parte, el abogado especialista, Julio José Orozco, manifestó que los juicios fiscales no dan cárcel por si solos, lo que si puede suceder es que partes integrantes de la investigación de la Contraloría, tengan efectos en los juicios penal y disciplinario. “Desde el punto de vista penal, si fruto del análisis de las pesquisas de la Contraloría, se prueba el daño al patrimonio público, eventualmente sí puede haber prisión”, aseguró el experto.

Los juristas especializados consultados, aseguran que este proceso de responsabilidad fiscal hace que la situación del actual alcalde se torne difícil, pues la confianza se pierde.

Por su parte, para el presidente del Partido Conservador y presidente de la Comisión III del Senado, José Darío Salazar, este caso presenta tres frentes básicos.

El primero se basa en afectar la confianza de los electores frente a sus elegidos para llevar el poder.

El segundo se fundamenta en el hecho de que los mandatarios públicos no querrán intervenir en dichos trabajos debido a que se afecta su patrimonio individual.

Y tercero, en la situación que envía un mensaje de duda a los colombianos, debido a que es la primera vez que se lleva a cabo una medida de tal magnitud.

Para los abogados expertos, la situación es bastante grave en la medida que cursen otras dos investigaciones en contra del mandatario de Bogotá.

Sin embargo, aclaran que el hecho de que Moreno apele la desición, la orden de embargo sigue en pie, como medida preventiva.”El alcalde puede pedir la revocatoria de la decisión, pero este embargo permite que a la hora que se demuestre lo contrario, se puedan recuperar algunos de los recursos”, dijeron los juristas.

Procuraduría

El Ministerio Público llamó a declaración a Emilio Tapia y Julio Gómez por su presunta responsabilidad en la solicitud de dádivas para la entrega de contratos de obras viales en Bogotá. También fue llamado Mauricio Galopre, cuñado de Miguel Nule, representante legal del Grupo Nule. Se consideró que estas personas tienen información acerca del “carrusel de las contrataciones”.

Samuel Moreno Rojas

El alcalde Mayor de Bogotá dijo que no renunciará a su cargo tras la polémica desatada por las presuntas irregularidades en la fase III de Transmilenio, pues su mandato es constitucional. Moreno aseguró que se sentía muy tranquilo pues confía en el trabajo de su equipo de abogados, en las autoridades y en los organismos de control. “Vamos a tomar los caminos que sean necesarios y vamos a demostrar lo que hemos hecho”, señaló. Por su parte, el auditor general de la República, Iván Darío Gómez Lee, manifestó que el burgomaestre Moreno tiene una responsabilidad indirecta en el tema de las contrataciones. De esta manera, Gómez Lee se ubica en la otra orilla del alcalde quien consideró que “no contrata, ni siquiera delega”.

Luis Eduardo Garzón

Por medio de un comunicado de prensa en donde se expone el fallo resolutorio de la Contraloría General de la Nación, el Partido Verde dijo que su vocero, el ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, no será embargado. Según el documento, en la parte resolutoria se menciona que Garzón será vinculado al proceso de responsabilidad fiscal en calidad de presunto responsable, más no aparece en la lista de las personas a quienes el fallo ordena que les sean embargados bienes. El vocero de los verdes había manifestado en horas de la noche del pasado lunes que desconoce la decisión de la Contraloría y que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esa determinación. “Mientras no sea oficializado no puedo decir nada, yo estoy fuera del país y no porque esté asilado, sino por otras razones”, señaló Garzón.

Liliana Pardo

Una decisión similar se adoptará contra los ex director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez y Liliana Pardo. También se cobija a Transvial, Conalvías y al Grupo Nule. La determinación consignada en el auto menciona a Luis Eduardo Montenegro Quintero y Carmen Helena Lopera Fiesco ex sub directores generales de infraestructura del IDU, como cubiertos por decisiones iguales, tanto como Nicolás José Giraldo como coordinador del contrato. Pero la medida no para allí, otros de los afectados el Grupo Nule, la empresa Conalvias, Intercol, Incosa, Vías y Ambiente Ltda, Obras y Proyectos RPI compañía Ltda y Gestión de Proyectos de Ingeniería GPI Ltda. En el documento el ente de control afirma que al intervenir en el proceso no se debió aceptar la cesión del contrato. Para Morelli es claro que la adjudicación se hizo sin diseños finales y hubo graves fallas con el anticipo. Se habla de un desfase en el cronograma previsto inicialmente.

Tomado de : https://www.larepublica.com.co/archivos/ASUNTOSLEGALES/2010-12-22/decision-de-la-contraloria-podria-acelerar-los-procesos-penales-y-disciplinarios_118142.php

Chatea con nosotros