Corte tumbó la Emergencia Social, pero dejó vigente el impuesto a la cerveza
También continúa en marcha el impuesto al tabaco hasta el próximo 16 de diciembre. Como lo había anunciado Portafolio.com.co, por unanimidad, los nueve magistrados la declararon inexequible.
Esto significa que quedan sin efecto la declaración del estado de excepción y algunos de los decretos reglamentarios. “No hubo hechos sobrevinientes, son problemas estructurales que venían incubándose con el tiempo; no tienen carácter inusitado ni abrupto”, dijo el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte.
La Corte, sin embargo, decidió dejar vigentes hasta el próximo 16 de diciembre los aumentos de impuestos a los licores, el tabaco y los juegos de azar establecidos en el decreto ley 127. Esto porque considera que “hay hechos realmente graves que afectan la seguridad social en salud y los derechos de acceso a la salud , especialmente de los sectores más vulnerables”. Esa decisión fue apoyada por 5 magistrados.
La plata, en todo caso, deberá destinarse específicamente a la red hospitalaria pública y a la atención de los colombianos que están en el régimen subsidiado o que no están cobijados en ningún sistema.
El Gobierno esperaba recaudar 1,2 billones de pesos más por esos impuestos en el 2010 y el 2011. Ahora, el Gobierno tiene la opción de presentar un proyecto de ley al Congreso para dejar en firme esas nuevas fuentes de financiación.
“No hubo hechos sobrevinientes, son estructurales que venían incubándose con el tiempo; no tienen carácter inusitado ni abrupto”, dijo el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte.
Plan B del Gobierno
Los ministerios de Hacienda y Protección Social ya tienen un plan de emergencia para salvar especialmente los relacionados con nuevos recursos para la salud.
Los magistrados de la Corte Constitucional, según se conoció a través de fuentes del alto tribunal, declararon inexequible el decreto que declaraba la Emergencia Social en el país.
Ayer, su presidente, Mauricio González, explicó que si se votaba en contra de este decreto, los otros serían declarados inexequibles.
El 23 de diciembre pasado, el Gobierno nacional expidió el decreto 4975, mediante el cual declaró la Emergencia Social en el país, motivada por la crisis financiera que afronta el sector salud.
La declaratoria y los decretos que la acompañaron, donde se reformaron aspectos básicos de la prestación de salud en el país, desataron una fuerte polémica.
El Ministerio de la Protección insistía en que los decretos permitirían que los colombianos accedieran de manera equitativa y suficiente a todos los servicios de salud que necesiten, al tiempo que racionalizarán el manejo de los recursos del sistema.
Por su parte, las asociaciones de pacientes, gremios médicos advertian que las medidas, en aras de solucionar los problemas económicos del sistema, recortaban sensiblemente los servicios médicos garantizados a la población, aumentarían las barreras para acceder a varios de ellos y transferirán buena parte de los costos a los usuarios.
Procurador, en contra
En su concepto ante la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le había pedido al alto tribunal que hundiera la iniciativa.
En su concepto Ordóñez resaltó que si bien hay una crisis en el sector de la salud, esto obedece a “fallas estructurales” y no a situaciones sobrevinientes que justifiquen la declaración del estado de excepción.
Según el informe de la Procuraduría, que realizó varios foros sobre el tema, la crisis del sistema “se ha venido incrementando paulatina y progresivamente, en virtud de problemas de financiación que, valga decir, no están en los recursos sino en el flujo de los mismos”.
