Un proceso penal en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, una nulidad solicitada por el procurador Alejandro Ordóñez y unas recusaciones por resolver en la Corte Constitucional podrían cambiar la historia del fallo que tumbó las megapensiones en Colombia. La historia es así: desde el 7 de mayo de 2013, cuando la Corte dispuso que ninguna mesada pensional con cargo al erario podía superar los 25 salarios mínimos (unos $15 millones), se desató una lucha de poderes y denuncias cruzadas que podría tener coletazos judiciales.

Tal como lo informó El Espectador en su edición del pasado 6 de abril, los cinco magistrados y conjueces de la Corte Constitucional que tumbaron las megapensiones en 2013 fueron llamados a indagatoria por el Congreso. Se trata de los magistrados Jorge Pretelt —ponente del fallo— y Luis Guillermo Guerrero, así como los juristas Juan Carlos Henao —rector de la universidad Externado—, Manuel José Cepeda y Alejandro Venegas, quien oficia como vicerrector de la Universidad del Rosario. Según el representante investigador Constantino Rodríguez, hay serios indicios de que ese fallo vulneró el ordenamiento jurídico, una tesis desmentida por los magistrados investigados.

Con una particularidad: el procurador Alejandro Ordóñez interpuso un recurso de nulidad contra el fallo que acabó las pensiones millonarias. Su tesis esencial es que se violaron los derechos adquiridos de exmagistrados y excongresistas jubilados cuyas mesadas pasaron de $25 millones a $15 millones. Pretelt, Guerrero, Henao, Cepeda y Venegas, quienes debían resolver ese recurso de nulidad —muy seguramente rechazándolo— podrían terminar apartándose de esa discusión. ¿La razón? La recusación que interpuso en su contra el abogado Ricardo Cifuentes, porque hoy están investigados penalmente por el Congreso.

Cifuentes es el abogado que representa al denunciante Pablo Victoria, un excongresista de raíces conservadoras muy cercano al procurador Ordóñez. La Corte Constitucional se apresta a resolver en los próximos días si acepta o no la recusación contra los cinco juristas llamados a indagatoria. Fuentes consultadas por El Espectador se mostraron muy preocupadas por este escenario. “Todo puede ocurrir. Si se acepta la recusación, ellos no podrán participar en el debate sobre la nulidad. Tendrían que elegirse otros cinco conjueces y volvería a barajarse la discusión sobre las megapensiones. Ese fallo está de un hilo”, dijo una fuente.

Dicho en cristiano: la apuesta de varias fuentes conocedoras del expediente es que sin esos cinco magistrados o conjueces en el debate, es bastante probable que pueda terminar crucificado el fallo que acabó las pensiones millonarias. Mientras estos cálculos judiciales continúan su trámite, en la otra orilla —la de Cifuentes y Pablo Victoria— se dice que se debe investigar a estos magistrados y conjueces, ya que tomaron una decisión ilegal. La Comisión de Acusación había citado a Manuel José Cepeda para que rindiera indagatoria el pasado 8 de mayo. No obstante, Cepeda interpuso una nulidad porque, según él, debieron haberlo llamado a versión libre y no a indagatoria.

Según pudo establecer El Espectador, el abogado Cifuentes le pidió al procurador Ordóñez vigilar este proceso penal y, además, hizo nuevas denuncias. Recordó que Manuel José Cepeda, al momento de fallar el caso de las megapensiones, tenía contratos con la Presidencia por un valor de $3.480 millones y que no se apartó del debate muy a pesar de que el Gobierno tenía intereses en que se cayeran las mesadas millonarias. Cifuentes manifestó, en documento enviado al Congreso: “A pesar de la claridad de la situación, siento temor ante la ausencia de garantías, pues el tema ha sido satanizado por los principales medios de comunicación”.

Y añadió que este tema terminó en “editoriales en los dos periódicos de mayor circulación, además de múltiples cuestionamientos en radio, medios para los cuales el denunciante Pablo Victoria no pasa de ser un nazi, el representante investigador (Constantino Rodríguez) es poco menos que un cretino que no ha hecho nada en la vida y pretende inmortalizarse citando a indagatoria a los magistrados, y el suscrito abogado no es más que un culebrero”. Pero Cifuentes fue más allá al asegurar que Juan Carlos Henao tampoco se declaró impedido en el debate cuando tenía intereses.

Según él, un artículo del portal Kienyke de 2012 titulado “El poder de Juan Carlos Henao en el grupo Bolívar” es el origen del problema. Allí se advierte que Henao, en su calidad de rector del Externado, forma parte de la junta directiva “del tercer grupo económico del país”, ya que el Externado es dueño del 26% de las acciones del grupo Bolívar. Cifuentes aseguró, basándose en un artículo de la revista Dinero, que entre las empresas del grupo Bolívar aparece Davivienda, “banco que además de tener productos relacionados con los fondos de pensiones es de propiedad de los fondos de pensiones Protección, Porvenir, Horizonte, Colfondos y Skandia”.

Es decir, “los anteriores fondos de pensiones son socios principales en la propiedad del banco Davivienda con el grupo Bolívar, en el cual el doctor Juan Carlos Henao era miembro de la junta directiva”, sostuvo el denunciante. En ese sentido, para Cifuentes era claro que Henao no debió participar en el fallo que tumbó las megapensiones. Este diario intentó comunicarse con el rector del Externado, pero al cierre de esta edición no había sido posible. En todo caso queda claro que en frentes distintos hay un choque de trenes por cuenta del fallo de 2013 que fue celebrado por la mayoría de los colombianos pensionados, cuya jubilación apenas sobrepasa el salario mínimo. ¿Podrían revivir las megapensiones?

tomado de:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tambalea-fallo-contra-megapensiones-articulo-492649