Las Empresas Promotoras de Salud dicen que el Gobierno les debe dos billones de pesos, en tanto que las Instituciones Prestadoras de Salud (clínicas y hospitales) aseguran que la deuda pendiente de las EPS suma tres billones, pero el Ministerio de Salud habla de hacer una reforma rápida, a través de decretos, que incluye el giro de más de tres billones de pesos para solucionar la emergencia.

Sin embargo, los expertos afirman que la situación es tan crítica, que cualquier solución temporal solo conduce a que el erario público siga perdiendo dinero, y la atención a los usuarios continúe deteriorándose.

Para muchos, la gota que llenó la copa fue la unificación del Plan Obligatorio de Salud, pues el Gobierno ordenó atención para todos, pero el dinero que el régimen contributivo le gira al subsidiado no alcanza para cubrir las nuevas necesidades.

Hoy, la realidad es evidente: mientras los eslabones del sistema (EPS e IPS) tengan que trabajar a pérdida, los operadores no prestarán el servicio.

Así mismo, solo la tercera parte de los afiliados aporta para salud, y el resto es atendido por el sistema subsidiado, es decir, gratis.

El médico Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, dice que el papel de las EPS hace tiempo se desdibujó al punto de formar parte de una cadena tortuosa, donde los dineros tienen un curso enrevesado y traumático. “Su papel como aseguradoras nunca se consolidó.

Pero tampoco son administradores”.

En su opinión, basta mirar la situación de estas entidades en el régimen subsidiado, que no son más que unas microempresas sin solidez financiera, jugando a ser grandes, donde siempre la salud de los más pobres termina siendo la damnificada.

Ayer, el presidente de Acemi, Jaime Arias, dijo que la crisis es compleja y viene agravándose desde hace más de 10 años sin que haya recibido soluciones oportunas y adecuadas.

El problema principal está en el modelo de atención médica, que no se centra en el paciente ni busca resultados en salud y que no privilegia la prevención, sino la curación”.

Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud (gremio que agrupa a las EPS subsidiadas), explica que los actores que operan en este régimen han sufrido las consecuencias de un flujo de recursos mal diseñado, pues el dinero que les gira el Gobierno se ha quedado represado en las cuentas maestras de municipios y departamentos.

Las EPS tienen una cartera por cobrar a los municipios de 1,5 billones de pesos hasta marzo.

“Eso es inconcebible, últimamente, el Gobierno se ha metido en las cuentas y ha encontrado dos billones de pesos sin girar para el régimen subsidiado”. Hoy, las deudas con los prestadores de servicio y los proveedores superan los 600 mil millones de pesos.

A juicio de Torrenegra, un tema crítico para el sector es que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) no está bien calculada.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Acemi, que reúne a 12 EPS del régimen contributivo, le presentó al Gobierno una propuesta para fortalecer el sector.

La propuesta consta de 28 puntos y está dividida en seis temas principales.

Además de cambiar el modelo de atención médica, plantea que se fijen reglas de juego claras para los actores del sistema, resolver la crisis financiera del sector en el corto y largo plazo, mejorar el funcionamiento técnico y operativo, combatir la corrupción, y darle confianza y legitimidad al sistema.

También insisten en ajustar el aseguramiento, pero sin acabar con el sistema.

Según Arias, las soluciones financieras requieren del pago inmediato de 2,5 billones de pesos que pertenecen a recobros glosados y deben ir directo a hospitales y proveedores del servicio, pero también incluyen aclarar los montos de todas las deudas entre los distintos actores del sistema.

Se propone eliminar el no POS, que para Arias se ha convertido en el “cáncer que ha devorado al sistema en los últimos años”; calcular la UPC (valor anual que el sistema les reconoce a las EPS por cada afiliado) con una metodología diferente, y crear un fondo público para financiar el tratamiento de las enfermedades huérfanas y de muy alto costo.

Por su parte, la exministra y exdirectora del Seguro Social, Cecilia López, afirma que la única solución es regresar a aseguramiento público.

GOBIERNO DEFIENDE ESTRATEGIA

El viceministro Norman Julio Muñoz dijo que el Ministerio y el Ejecutivo cuentan con las herramientas suficientes para afrontar la situación.

La ministra de Salud, Beatriz Londoño, ha dicho en repetidas oportunidades que en este momento se están diseñando unos criteros de habilitación para estas entidades, muy exigentes en términos de responsabilidad, soporte financiero y viabilidad, que al parecer permitirá que muchas de las EPS salgan del mercado y queden las más fuertes, bajo unas reglas de juego distintas.

Además, la funcionaria agrega que ha dado órdenes perentorias para que algunos dineros enredados en municipios y gobernaciones por un monto cercano a los dos billones de pesos sean trasladados a las EPS del régimen subsidiado y, a su vez, a la red de prestadores, con lo que se conjugarían parte de las deudas de ese régimen.

También habla de los giros directos a hospitales por un monto cercano a los 1,7 billones de pesos, que disminuirían la carga de los acreedores sobre las EPS.

Finalmente considera de ponerlas en cintura con sanciones incluso económicas, para el incumplimiento de tareas o negación de servicios incluidos en el plan de beneficios.

Tomado de: portafolio.co