La reforma a la justicia no pudo contra el Estado de Opinión: esa masa de voces que se alzó desde los medios, las redes sociales y la sociedad civil, y que claramente había identificado conceptualmente el expresidente Álvaro Uribe. El hecho no tiene antecedentes: un Ministro tuvo que renunciar y una enmienda constitucional se cayó ante la presión de la ciudadanía.

Vale la pena preguntarse ahora ¿cuáles son las implicaciones de este remezón político en la futura agenda legislativa y, especialmente, para la megarreforma tributaria estructural, a la que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, le ha dedicado mucho esfuerzo para construirla y socializarla?

Es muy probable que el ministro Echeverry no quiera escuchar las respuestas, pues el panorama para su proyecto legislativo es bastante oscuro. Varios argumentos fundamentan el escepticismo tributario.

Lo primero que hay que decir es que luego del episodio de la Reforma a la Justicia, las relaciones entre los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) quedaron seriamente averiadas.

Por eso, la transacción política va a ser mucho más dura y sus nuevas condiciones son imposibles de predecir. El exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, fue el primero en alertar sobre el fenómeno. Según él, “lo que el Gobierno está planteando es una reforma estructural que exige un consenso fuerte para tener éxito en la tarea. Pero no veo eso en un escenario en el que las relaciones entre el Congreso y el Gobierno quedaron fracturadas”. Para él, hay un riesgo enorme de que cualquier proceso legislativo se convierta en una cuenta de cobro por parte del Legislativo.

El otro factor que juega en contra de la reforma es la propia naturaleza de los asuntos tributarios. Cualquier modificación a los impuestos va a generar mayores sensibilidades entre la población. El Estado de Opinión va a estar muy pendiente de esa reforma. Aunque sean técnicamente justificables, muchas de las propuestas no van a pasar el examen de una audiencia que desconfía del criterio de sus legisladores.

Por ejemplo, el ministro Echeverry va a llevar al Congreso la idea de reducir la tarifa del impuesto a la renta para las empresas y gravar a la clase media, eliminando la exención de 25% a los salarios. Ejemplos como este hay varios.

¿El Gobierno va a ser capaz de modificar la contribución cafetera? Aunque las finanzas de la Federación estén golpeadas, nadie va a apoyar que les metan la mano al bolsillo a los cultivadores del grano, muchos de los cuales son pobres que no cuentan con más ingresos.

Ese tipo de iniciativas, que pueden tener todo el sustento técnico, no tienen futuro político. Si el Gobierno insiste, el gran riesgo es que la iniciativa termine en un articulado populista que les ayude a los congresistas a reencaucharse.

El otro riesgo para la reforma es el lobby empresarial. Lo que generó indignación con la enmienda constitucional de la justicia es que la ciudadanía entendió que el Congreso estaba legislando en favor propio. Lo que pasa comúnmente con las reformas tributarias es que el Congreso legisla parcialmente y a favor de unos pocos; esa ha sido la tradición. El cabildeo de los grandes poderes económicos determina buena parte de los contenidos de las leyes sobre impuestos. Por eso, el actual estatuto tributario terminó convertido en una colcha de retazos, donde cada artículo está diseñado, no para crear una tributación justa, sino para impedir que se afecte algún interés específico en el agro, la industria o la ganadería.

Nadie del Estado de Opinión va a aceptar que se echen nuevas cargas tributarias a las clases media y baja, mientras se les alivian a los grupos empresariales.


Otros argumentos

Como si todo esto no fuera suficiente, la tributaria va a tener muchos más opositores de los tradicionales. Por ejemplo, el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, quien fue uno de los principales damnificados con la reforma a la justicia, ha afilado sus críticas contra el proyecto. Hacerle oposición al ajuste tributario va a ser un caballito de batalla de muchos legisladores, pues esta posición genera réditos ante los electores.

Además, ya varias voces se han alzado contra el impacto económico de una reforma, justo cuando la estantería mundial amenaza con caerse. Para el exministro Zuluaga, cualquier señal equivocada que se envíe podría afectar el canal de la confianza; por esa vía, la inversión, que es hoy el gran colchón para la economía colombiana, podría afectarse.

Es claro que la reforma tributaria la tiene de para arriba en su debate legislativo. No solo va a ser la primera gran reforma que tendrá que medírsele a las arenas movedizas del nuevo y enrarecido ambiente político, sino que muchos le van a criticar su conveniencia por la incertidumbre ante la crisis.

Así, el Ministro de Hacienda va a tener que cambiarle el rumbo al barco; y el timonazo que tendrá que dar es enorme. Si no, como el Titanic, ese proyecto va directo hacia el iceberg que la hará hundir.

Tomado de: dinero.com