Hoy, esas expectativas se han reducido. Se prevé que durante los próximos cinco años se registrará en la región un crecimiento moderado –3,9 por ciento– , casi un punto porcentual por debajo de la tasa de 4,8 por ciento registrada antes de la gran recesión del 2008.

Siempre que se presentan situaciones de esta naturaleza se plantean cambios en las políticas. Así sucedió en la década del 90 al cambiar las políticas intervencionistas de tipo estructural por las políticas acroeconómicas de carácter monetario y fiscal, basadas en las ideas del Consenso de Washington.

Al no tener estas últimas el éxito esperado se dijo que las reformas no eran malas per se, sino lo que había fracasado era la capacidad de los países para llevarlas a la práctica. Para superar esta situación se apoyó técnica y financieramente a los países para realizar las reformas administrativas necesarias.
 

A partir del Consenso de Washington, América Latina y el Caribe ha utilizado la política fiscal y monetaria para contrarrestar la recesión global y sus limitaciones internas. La reducción del espacio fiscal, como consecuencia del incremento del gasto público y los menores márgenes disponibles de la política monetaria, aconseja reequilibrar el protagonismo de las políticas anticíclicas.

Dentro de estas ideas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha presentado un informe, titulado ‘Replantear las reformas’, en el cual sostiene que ahora no se debe recurrir a políticas fiscales y monetarias para contrarrestar las perturbación externa, porque la región ha superado los efectos de la crisis global.

Lo que hay que hacer para incrementar el crecimiento potencial de América Latina es diseñar una nueva agenda de reformas de la región con base en más medidas estructurales, dentro de la idea de que cada país debe encontrar el camino para conseguirlo y que no acudir a rectas únicas como sucedió en el pasado.
 

En la nueva agenda, se considera como clave para impactar positivamente la productividad, la mejora del mercado de trabajo y el fortalecimiento de las inversiones en infraestructura.

En los países donde las tasas de informalidad son altas, para estimular la formalización de las empresas, se deben tomar medidas para al establecimiento de firmas más grandes y eficientes, con una menor tasa de rotación de los empleados, mejor capacitación de los trabajadores y más acceso al crédito. Aquí hay mucho por hacer si se tiene en cuenta que la región dedica solo el 2,5 por ciento del PIB a la inversión en infraestructura.

Si este esfuerzo inversor se duplicara, el crecimiento anual podría aumentar hasta en 2 puntos porcentuales.
 

Una mayor inversión exige más ahorro de largo plazo y un marco normativo atractivo para el sector privado. A la vez, deberían trabajar en el mejoramiento de las regulaciones y las instituciones, a fin de atraer más inversión. En este sentido, se considera que las Asociaciones Público- Privadas pueden constituir un camino prometedor. Los gobiernos pueden también volcar una porción de los gastos ordinarios actuales a infraestructura vital.
 

Como puede verse, el diagnóstico es bueno, pero limitadas las políticas e instrumentos para llevarlo a la práctica.

Tomado de:portafolio.co