Por cierto, quien gana esta cifra podría contestar que lo anterior es el reflejo de lo caro que resulta en este país mandar los hijos a un buen colegio y ampararse con un servicio de salud decente.

Estos, junto al pago de una cuota hipotecaria, son los principales ítems que pueden usar las familias para reducir su impuesto a la renta.

Los que defienden la reforma tributaria no se pronuncian acerca del empeoramiento de la distribución funcional del ingreso que ella provocará, a fin de cuentas, las empresas dejarían de pagar $6,7 billones –correspondientes a 13,5 puntos porcentuales de los aportes parafiscales destinados a financiar el Icbf, el Sena y la salud de sus empleados– que, en todo o en parte, terminarán pagando los asalariados de la clase media a través de la mayor imposición de sus rentas.

Este punto de la reforma merece un análisis más profundo.

El hecho de que las empresas sean titulares del pago de unas contribuciones parafiscales no implica que lo hagan efectivamente. Es apenas obvio que podrían pasar este costo a los empleados pagándoles menores salarios.

Este es un fenómeno bien conocido en economía, desde el influyente artículo de Lawrence Summers en el American Economic Review (1989). Así, en EE. UU. el incremento en varias formas de parafiscalidad – seguros de maternidad y desempleo– ha sido pasado casi por completo a los trabajadores beneficiarios. En Canadá, la evidencia disponible sugiere que aproximadamente un 80% de las contribuciones parafiscales termina siendo desplazado a los trabajadores, a pesar de que debían ser pagadas por los empresarios.

En los países de la OECD, el desplazamiento del impuesto hacia menores salarios alcanza entre un 55 y un 100% del aporte empresarial inicial, dependiendo de los tipos de organización sindical vigentes.

Y en una nación en desarrollo como Paquistán, el desplazamiento es completo y el 10% del incremento de los aportes patronales se transforma en salarios más bajos.

¿Cuánto sería este porcentaje en Colombia? En la exposición de motivos no se aborda el tema a pesar de su trascendencia, pero se infiere que el Minhacienda estima su valor igual a cero.

Es decir, los empleadores no habrían podido o querido hacer pagar un centavo de los impuestos parafiscales de su competencia a sus trabajadores. Esto constituye un fenómeno en contravía de la evidencia internacional y es altamente improbable.

En fin, con la reforma propuesta, los 13,5 puntos de parafiscalidad que, siendo realistas, ya están pagando (al menos en parte) los trabajadores a través de menores salarios, ahora también serán financiados por la clase media.

Y estos no serán los únicos beneficios tributarios de los cuales disfrutarán las empresas. De hecho, según el MFMP, en 2012, las compañías contribuyentes gozaron de $3,4 billones entre rentas exentas, descuentos y deducciones tributarias.

Irónicamente, si pasa esta reforma, en adelante los trabajadores de clase media se harán cargo de la salud del personal de las empresas del país, pero si pierden su empleo no tendrán derecho a ser atendidos por una EPS, a menos que paguen de su propio bolsillo la seguridad social.

¿Es todo esto equitativo?


Stefano Farné

Director, Observatorio del Mercado Laboral, U. Externado.

Tomado de: portafolio.co