‘Reducción de impuestos a restaurantes es insuficiente’

Esto, dijo, con el fin de despreocupar a quienes consideraban que el corrientazo estaría gravado.

‘Entonces el corrientazo de los restaurantes pequeños, que no facturan mucho, pues van a quedar por fuera de este impuesto’, afirmó Cárdenas.

Teniendo en cuenta este anuncio y suponiendo que hay 269 días hábiles y que el corrientazo vale en promedio $5.000 esta medida beneficiaría solamente a quienes venden menos de 42 almuerzos diarios y $4,2 millones mensuales.

Con esta exención se evitaría también la evasión de impuestos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) calcula que la evasión del IVA ya llega a $10,6 billones que representa el 2% del PIB.

Iván Bohorquez, presidente de Acodres, está de acuerdo con la medida puesto que con ésta se busca ‘combatir la competencia desleal. Es muy injusto con una persona que hace todo el esfuerzo, a restaurantes que bajo el escudo del régimen simplificado venden y más que un restaurante de régimen común’. Es clave que con la reforma se espera establecer que el ingreso es proporcional al tributo e incluir a gente que no ha querido cumplir con lo establecido ‘es un estímulo para la formalidad’.

Por su parte, David Barguil, representante a la Cámara, está orgulloso de que su propuesta la haya acogido Cárdenas; sin embargo, dijo, un monto de $50 millones, no parece suficiente ‘nosotros le habíamos propuesto que fuera sobre $120 millones para poder acoger a los más necesitados’. Lo que se quiere buscar ?es una equidad en lo laborar, tributario, competitividad, hay muchos corrientazos que venden más que restaurantes reconocidos?, destacó. Así mismo, concluyó, que en el debate de esta propuesta espera lograr un monto mayor de beneficiados al modificar la propuesta de Tributaria.

Contraloría advierte sobre la Ley 550

La Contraloría General de la República envió una función de advertencia al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, y a la directora de Apoyo Fiscal de esta cartera, Ana Lucía Villa, por el manejo que promotores y mandatarios regionales hacen sobre la inclusión de obligaciones inexistentes o sin soportes, en los acuerdos de reestructuración financiera de la Ley 550 de 1999.El ente de control ha evidenciado hechos que ponen en grave riesgo el patrimonio público de la Nación por el reconocimiento de obligaciones en acuerdos de reestructuración de pasivos por parte de los entes territoriales, sin tener certeza de la legalidad de las mismas. Así mismo le exigió a los funcionarios que en 10 días hábiles respondan por las dudas que le surgen a la entidad de control, para así hacerle seguimiento a la función proferida.

Tomado de: Larepublica.com.co 

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