Tras la intención de salvamento a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que anunció el Gobierno a través del Ministerio de Salud, la contralora general, Sandra Morelli, manifestó que esa entidad no respalda la idea de darle plata pública a las EPS, “por lo menos no plata donada del erario. Puede haber otra alternativa, créditos, por ejemplo, pero no donación”.

La funcionaria que rige el control fiscal en el país se pronunció también en relación a la medida anunciada, de reorganizar las EPS y, de ser necesario, eliminar las que no sean viables.

“La Contraloría quiere conocer los criterios para establecer cuáles EPS se consideran más fuertes como para quedarse y cuáles se van. Es necesario aplicar un principio lógico de libre competencia y especialmente, que por reducir EPS, no se vaya a afectar la continuidad del servicio a los usuarios. En eso estaremos pendientes”.

Con respecto a la salida del superintendente nacional de salud, la Contralora señaló que la entidad de control tiene varias investigaciones en curso, relacionadas con medidas adoptadas por el Supersalud, como decretar la nulidad de resoluciones que se habían proferido, sancionando a las EPS.

“También hay otras conductas, como casos de omisiones, que están siendo investigadas”.

Finalmente, confirmó que siguen adelántandose auditorías para verificar el uso que le han dado a los recursos de la salud las EPS privadas, tras el destape del escándalo de Saludcoop.

Confirmó que sí hay otras entidades de este tipo que manejaron recursos públicos, inicialmente, previstos para la prestación de este vital servicio, y los destinaron a otras actividades distintas.

Hasta el momento las salidas ofrecidas por el Gobierno a la crisis de la salud no muestran los resultados esperados y crece la controversia en torno a la efectividad del modelo, debido a la iliquidez de las IPS, a los problemas financieros de las EPS, que manejan el régimen subsidiadoy a la deficiente atención a los usuarios.

Tomado de: portafolio.co